Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo revela que el costo económico de la inseguridad y violencia en la región de América Latina y el Caribe durante 2015 fue equivalente al 3% del P.I.B. de nuestros países. En esta zona del mundo se registra una alta tasa de hechos violentos que genera grandes tensiones entre los distintos conglomerados sociales y dificulta la coexistencia y concordia nacional. Por ende, las actividades económicas no pueden desplegarse con todo su potencial y se impactan negativamente los procesos productivos.
En el caso de México -en particular, durante el último decenio- la inseguridad ha experimentado un crecimiento cada vez mayor y ha alcanzado al entorno de las actividades productivas. Por la progresión que desarrolla este factor, hoy en día se puede notar la disminución de flujos económicos hacia determinadas regiones de la República y por ende un estancamiento que les impide su avance hacia mejores condiciones de bienestar.
¿Cómo llegamos a esto? La inseguridad es un lastre que lleva décadas atada en el desarrollo del país. Aunque este problema es multifactorial y se explica parcialmente a través de la desigualdad, pobreza, las crisis y otros factores de orden socioeconómico, no debe pasar a convertirse en una cultura y mucho menos en un conjunto de hechos a los que la sociedad debe acostumbrarse.
Ha llevado a todos a sortear, desde las condiciones que prevalecen en la vía pública, las áreas difíciles de las ciudades, los riesgos que enfrenta el transporte y de ahí hacia los temas de mayor complejidad, hasta la falta de control y eficacia por parte de la autoridad e incluso, su colusión.
A partir de estas situaciones, el gasto en el que incurren los ciudadanos, las empresas e incluso actores del ámbito político no debe ser pasado por alto, pues más allá de modificar hábitos, traslados, vestimenta u horarios de actividades, la inversión en tiempo, recursos y rutinas se convierte en un ancla que detiene el potencial económico del país.
Considerando datos del INEGI del año 2012, los costos por la inseguridad en el país podrían ser próximos a una cifra de 215 mil millones de pesos. Ese monto representaba alrededor del 1.34% del PIB de ese entonces. Por otra parte, un estudio del Global Peace Index de 2014 señala que el costo integral de esta situación llegó a representar más del 15% del PIB de México. Esta contrastante muestra de estimaciones, expone que la crisis de inseguridad, por su peso en la economía, debe ser atendida con mayor vigor.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en 2015, entre seis tipos de delito, sobresalen, por su incidencia, el robo con violencia, el robo de auto y los homicidios de tipo culposo. La prevalencia de estos hechos disminuye las expectativas de inversión, el avance de proyectos, desarrollo de oportunidades regionales e incrementa nacionalmente una percepción de debilidad del estado. En el plano internacional se proyecta una imagen negativa que debe modificarse.
Es importante insistir en el fortalecimiento de las instituciones, de las instancias de seguridad e impartición de justicia, así como de una corresponsabilidad explícita de todos los actores nacionales para la prevención y disminución efectiva del crimen y la violencia. Cada día se afianza como una rémora que consume y desincentiva a todos los sectores y comunidades de la nación. Es notorio que la inseguridad implica un incremento de costos en la movilidad de bienes y la oferta de servicios, así como en las cadenas de distribución hacia los mercados internacionales.
Por todo lo anterior, y por los costos en la seguridad personal, patrimonial, empresarial y las distintas esferas de la vida nacional, cada vez son más las voces que se suman a un reclamo legítimo para enfrentar la situación con mayor eficacia y energía.
Los hechos que se han registrado entre 2015 y lo que va de 2016, muestran una escalada peligrosa y será lamentable aceptar la cancelación o postergación de proyectos productivos significativos. Frente a ello, México requiere avanzar, necesita levantarse totalmente. Para hacerlo, hace falta, además de nuestra participación y corresponsabilidad, un estado fuerte, con instituciones bien firmes y apalancadas que inspiren confianza y seguridad en todas sus dimensiones.
