La expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938 fue la culminación de una lucha obrera por el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva. Posteriormente se transformó en un conflicto entre el gobierno y las empresas privadas extranjeras que llegó, por parte de estas últimas al desacato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando decidió en favor de los trabajadores.
Las empresas alegaban que elevar los salarios las llevaría a la quiebra. Sin embargo “El Águila”, subsidiaria de la petrolera Shell, holandesa, vendía el petróleo mexicano a su matriz a 1.96 dólares el barril cuando este se cotizaba a 3.19 dólares en el mercado internacional. De este modo las ganancias se escapaban del país sin tener que pagar impuestos en México. Se escapaba también el potencial de inversión y, a cambio se daba una supuesta atracción de capitales externos.
El truco está en el manejo de los precios de transferencia, aquellos que las empresas determinan para la compra – venta entre filiales. La empresa productora de
un conglomerado puede venderle muy barato y comprarle muy caro a su filial ubicada en un paraíso fiscal. De este modo la productora tiene pérdidas mientras la no productora, tal vez ubicada en una oficinita sin empleados acapara las ganancias. Ni siquiera se requiere que la mercancía haya pasado físicamente por un paraíso fiscal y laboral como Luxemburgo, Panamá o las Islas Caimán.
Tales manejos han dado lugar a una acrobacia internacional de las ganancias en la que ya no se sabe dónde quedó la bolita. Esto afecta todos los países y en particular a los más pobres y menos vigilantes de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-, el club de los 34 países más ricos del planeta. Se trata de un esquema financiero que despoja a los países, ciudadanos y gobiernos (muchas veces complacientes) de recursos imprescindibles para el crecimiento económico y crea un sistema fiscal mundial tremendamente desigual.
Para enfrentar esta situación la OCDE propone “medidas fuertes” que ubiquen las ganancias y los impuestos correspondientes en los países donde realmente se genera la producción. Lo que sería posible si el trato entre matrices y filiales se hiciera a precios de mercado, como si fueran empresas distintas entre sí y no parte del mismo conglomerado.
De acuerdo a la OCDE los grandes conglomerados no se comportan de acuerdo a las reglas del mercado cuando les conviene. Forzarlos a ello requiere marcos legales apropiados y, sobre todo, fuerte supervisión gubernamental.
También a la Comisión Económica para la América Latina le preocupa el asunto. Alicia Barcena, esa estupenda mexicana que dirige la CEPAL, manifiesta que el sistema tributario internacional, arcaico y disfuncional, proporciona a las empresas y a los ricos amplias oportunidades para no pagar los impuestos que les corresponden en justicia. Cada año se escapan y se esconden cientos de miles de millones de dólares de América Latina en paraísos fiscales. Un pequeño botón de muestra fue el asunto de los “Panama Papers”.
Pero no se piense que el juego del escondite de las ganancias se limita a los conglomerados internacionales. Ya el presidente López Portillo había hablado de “empresarios ricos con empresas pobres”; es decir a la práctica empresarial de despojar a sus propias empresas para escabullir lo que le corresponde a gobierno y trabajadores. Un ejemplo es el caso de Mexicana de Aviación, que fue llevada a una quiebra que le dio grandes ganancias a su dueño y despojó a los trabajadores.
Y aunque no se trata de prácticas modernas lo cierto es que han adquirido barniz de legalidad en los últimos años. Me refiero en particular a la reforma laboral que legaliza la tercerización de la contratación de trabajadores, el llamado “outsourcing”. Bajo esta modalidad los trabajadores formalmente trabajan en empresas pantalla que no tienen bienes con los cuales responder a sus obligaciones laborales. Entretanto la empresa realmente productiva puede funcionar sin que tenga, a los ojos de la justicia cegatona, trabajadores.
Por cierto, para ser una outsourcing no se requiere colocar un letrero o señal legal que lo declare. Algunas de estas empresas evitan cuidadosamente llamar empleados o incluso trabajadores a los que ejercen sus tareas sustantivas. Son más bien “colaboradores” o “asociados” contratados por “otra” empresa que puede tener un nombre engañosamente parecido pero que no es legalmente la empresa productiva. Incluso podemos sospechar que muchos trabajadores no saben que trabajan para un patrón pantalla.
Las maromas contables, internacionales y nacionales, que deslindan la ganancia de la planta productiva, incluso del país de origen, se han convertido en un extenso mecanismo que defrauda al gobierno, a los trabajadores y a la sociedad toda al restarle posibilidades de desarrollo.
Ubicar las responsabilidades patronales, fiscales y laborales en la empresa que verdaderamente produce y genera las ganancias es un imperativo de justicia social, e incluso de desarrollo nacional. Del otro lado de la ecuación se requiere promover una verdadera democracia sindical. Y transparencia en ambos lados. Cambios que deberían estar en la agenda de un gobierno, y sobre todo de un legislativo, verdaderamente comprometidos con la nación.
