CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- A seis años que 77 personas fueran secuestradas cuando viajaban a bordo de dos autobuses hacia la frontera norte, las autoridades no han esclarecido los hechos que han estigmatizado a San Fernando como un lugar sin ley, de muerte, lo cual se afianzó meses después al hallar fosas clandestinas repletas de cadáveres.
Esta región, famosa por ser el líder nacional en producción de sorgo- cambió su rostro el 21 de agosto de 2010. Ese día por la noche, 77 personas que viajaban en dos camiones por la carretera 101, rumbo a la frontera norte, con Estados Unidos de América, fueron secuestradas.
A la mañana siguiente, alertados por un sobreviviente a la masacre, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) encontraron una bodega con 72 cadáveres en el rancho El Huizachal. En los días siguientes, las autoridades estatal y federal entrevistaron al único testigo, recabaron datos y recogieron los cuerpos; ambas tareas las realizaron con grandes deficiencias.
Empero, la tragedia no se detuvo en agosto. Siete meses después, la policía mexicana, presionada por el FBI, buscaba a Raúl Arreola Huaracha, ciudadano americano, desaparecido en la misma carretera. Una segunda denuncia por la desaparición del estadounidense Julio Villanueva, acrecentó la búsqueda en la zona. La tercera alerta fue dada por tres mexicanos que escaparon a un campamento delincuencial, a la esposa de un diplomático en el vecino país del norte.
El uno de abril de 2011, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas informó del hallazgo de una fosa clandestina. Al final del mes, ampliaron el informe: 47 fosas con 193 cadáveres en ejidos de San Fernando. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Matamoros, a donde llegaron cientos de parientes con padres, hijos, primos o nietos desaparecidos.
En víspera al periodo vacacional, el gobierno estatal solicitó el traslado de 120 cuerpos al Semefo de la Ciudad de México; el argumento fue la falta de capacidad para
atender la situación. Raúl Arreola Huaracha fue el primer cuerpo identificado y enviado a sus familiares en Estados Unidos.
Para mayo de 2011, San Fernando representa una huella imborrable en la historia de México. La muerte descubrió el nivel de impunidad, omisión y la corrupción del gobierno mexicano, mismas que han impedido a 265 familias conocer la verdad y acceder a la justicia.
Lucha por la justicia
Tras la primera masacre -agosto de 2010-, las madres, esposas, padres y tías de las víctimas mortales sufrieron la inoperancia de las autoridades mexicanas para que los cuerpos sean identificados y repatriados. Sin embargo, desde sus países de origen, emprendieron luchas conjuntas y personales para, en algunos casos, recibir el cadáver correcto.
“Solicitaron a nuestra familia el examen de ADN para reconocer el cuerpo, la dimos y cuando Juliard llegó a Brasil estaba en una caja donde la policía de aquí (mexicana) nos prohibía que el ataúd fuera abierto. No quisimos seguir las recomendaciones y abrimos y encontramos nada más una bolsa, un paquete con arcilla, y no había cuerpo en el
ataúd”, dijo María da Gloria Aires.
La mujer es tía de Juliard Aires Fernándes, quien fue sepultado a pesar de que la familia rechazó que el joven fuera el que venía en el féretro que entregó el gobierno mexicano. Los familiares denunciaron que han recibido amenazas, por hablar del caso a los medios de comunicación.
En Honduras, la señora Haidé Esperanza Posada espera que su hijo Wilmer Gerardo aparezca. Él salió junto con su sobrino Joan Adolfo y 3 amigos de San Pedro Sula. El grupo iba en uno de los dos camiones interceptado por criminales. Cuatro de los cinco hombres fueron identificados; el hijo de la familia Núñez Posada no apareció. Inclusive, el diario La Prensa publicó que Wilmer era uno de los coyotes.
Aidé Esperanza ha buscado a su hijo mediante reuniones con las autoridades de su país y las consulares mexicanas. Nadie le ha dado una respuesta. Wilmer, de 28 años, iba a California para reunirse con su esposa a punto de parir y una hija de dos años. “Yo sólo le pido a mi Dios que me diga porque él es el único que sabe qué pasó con mi hijo.
Sólo espero en él. No es fácil estar en una incógnita de qué pasó”.
El 21 de agosto de 2010, Efraín Pineda Morales, Richard y Mayra Pineda Lacán, Mayra Cifuentes Pineda y Santos Enrique Agustín; esposo, hijos, sobrina y cuñado, respectivamente, de Ángela Lacán, murieron en la bodega del rancho El Huizachal. Al poco tiempo de que las fotografías de los cadáveres se difundieron, la mujer identificó a sus parientes.
Un mes después del hallazgo, los restos de su cuñado Santos regresaron a Guatemala. En la primera semana de noviembre, los cuerpos de su esposo Efraín Pineda, de su hijo
Richard, y de su sobrina Mayra llegaron. El único que faltó era el de Nancy. Atrapada en la burocracia mexicana, Ángela peleó durante 7 meses hasta que el ataúd con la joven fue trasladado.
“Mis hijos murieron y he vivido una agonía, ningún dinero paga la falta de mis hijos (…) No hay medicinas para este dolor, hay palabras que nos dan fortaleza pero ese dolor no se quita, esa ansiedad, esos nervios”, testificó Ángela en el Tribunal Permanente de los Pueblos, en agosto de 2013 en la Ciudad de México.
De todas las batallas derivadas de los asesinatos en San Fernando, la emprendida por Bertila Parada de Osorio y Alma Yesenia Realegeño Alvarado, madre y hermana, respectivamente, de Carlos Alberto Osorio y Manuel Antonio, quienes fueron encontrados en las fosas ubicadas en territorio tamaulipeco en 2011.
Asesoradas por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático y de Derecho (FJEDD), las mujeres reclamaron violaciones por fragmentación de casos, negación de información, negación de copias del expediente, la falta de reconocimiento de sus derechos como víctimas, los malos procedimientos forenses, la falta de atención y reparación han caracterizado estos terribles acontecimientos.
En marzo de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les otorgó el amparo y reconoció sus derechos aun siendo extranjeros, mismos que incluye la Ley General de Víctimas, aunque solamente para ciudadanos mexicanos.
Además, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir las averiguaciones previas de la masacre de 2011 en San Fernando y entregar copias de las mismas a dos familiares de los muertos que promovieron un amparo.
Doña Bertila presenció la resolución de la Primera Sala de la SCJN. Ella lloraba mientras escuchaba los posicionamientos de los cinco magistrados al mismo tiempo que alzaba la foto de su Carlos Alberto, narró la periodista Marcela Turati para el semanario Proceso.
El proyecto inicial aprobado lo elaboró el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ahora el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se encarga de incluir las modificaciones al proyecto. Al respecto, la Fundación para la Justicia espera que en la sentencia final se reconozcan la calidad de migrantes de las víctimas, a las víctimas de desaparición.
Además, se analice el caso como una grave violación a los derechos humanos y la obstaculización a la justicia que representa dividir los casos entre PGR y procuradurías estatales.
“Mi hijo estuvo ahí, sentado conmigo, y ¡ganamos, ganamos, ganamos! Está más cerca la justicia, para mí y para todos. Siempre quise saber la verdad, siempre he pedido justicia. Que la muerte de mi hijo no quede impune. Yo quiero saber, porque siento que un día habrá justicia”, dijo la señora Bertila.
Con información del proyecto “Más de 72”.
Un calvario
Agosto de 2010
Día 23: Asesinato de 72 migrantes: 58 hombres y 14 mujeres en el rancho El Huizachal. 24 horas después Semar informa del hallazgo de cadáveres. Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas llega a la escena del crimen. Al día siguiente comienza resguardo de cuerpos en la base naval San Fernando. Los primeros 23 son enviados a la funeraria Valle de la Paz. El resto, 49 cadáveres, son dejados en una montaña sin protección en la instalación federal. Al fin del mes la PGJ envía 56 cuerpos que no pudo identificar a la PGR en un camión, sin las condiciones de enfriamiento.
Septiembre de 2010
El gobierno de Tamaulipas entrega 16 cuerpos de migrantes, identificados como hondureños, a los funcionarios consulares. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que para esta fecha únicamente se confirmó la nacionalidad de 14 cadáveres.
Octubre de 2010
A lo largo del mes y entre dudas de los familiares, los cuerpos de los brasileños Edilsimar Junior Faustino da Silva, Juliard Aires Fernandes, Natane Amaral da Silva y Herminio Cardoso dos Santos llegan a su nación. Telmo Leónidas Yupa Chimborazo, de 17 años, fue enviado a Ecuador.
Noviembre y diciembre de 2010
Durante los dos meses finales, se identifican y envían los cadáveres de Efraín Pineda Morales, Richard Pineda Lacán, Mayra Cifuentes Pineda, José David Girón Martínez, Robin Estuardo Zuñiga Mijangos, Luis Humberto Alvarez Contreras, Luis Alberto Portillo Cameros, Byron Mauricio Berdúo Agustín y Gelder Lizardo Boche Cante. El cuerpo de Elvia Florinda Pasochoa Matsaquiza, de 22 años, es trasladado a Ecuador. Los restos de María Magdalena Tipantaci Tubón, de 21 años, viajan a Ecuador.
10 de febrero de 2011
El cuerpo de Christian Andrés Caguana Campos es enviado a tierras ecuatorianas.
2 de marzo de 2016
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorga el amparo a dos familias de migrantes de El Salvador; en el que se reconoce su derecho de víctimas a obtener copia del expediente de su caso y se hace un reconocimiento parcial de ellas como víctimas.
23 marzo de 2011
A pesar de que sus familiares fueron identificados y enviados a Guatemala 4 meses antes, Nancy Pineda Lacán es enviada a Sipacate.
Abril de 2011
A partir del uno de abril se descubren fosas clandestinas. Al final del mes, la PGJ informa de 47 fosas con 193 cuerpos. 129 fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la Ciudad de México y 73 se quedaron en Tamaulipas.
22 de junio de 2011
El hindú Ankitkumar Bharatbai Patel es enviado a su familia, quien recibió una urna con cenizas.
Trece cadáveres sin identificar son enterrados en la fosa común del panteón Dolores, en la Ciudad de México. Cuatro meses después, la PGR incineró un cuerpo, argumentando razones sanitarias.
23 de enero de 2012
Después de que el cuerpo de Rosa Amelia Panza Quilli fue exhumado de la fosa común, fue identificado y trasladado a su país natal Ecuador.
Septiembre de 2013
De los 193 cadáveres del hallazgo de las fosas clandestinas en abril de 2011, solamente 62 fueron identificados y entregados a sus familiares.
