Promovida desde el Congreso de la Unión y aprobada por buena parte de las legislaturas locales, la reforma que desvincula al salario mínimo como medida de cálculo para un sinfín de operaciones legales llega al pleno tamaulipeco.
Ya no servirá más de unidad (base o referencia) al cuantificar multas, impuestos, tarifas, sanciones, hipotecas, pensiones, fianzas, créditos y obligaciones.
Los legisladores TERE AGUILAR y CARLOS GARCÍA impulsan ahora la propuesta de instaurar la llamada Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Concepto diferente diseñado por el INEGI y dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de enero de 2016.
No debemos olvidar que desde octubre del 2015, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) homologó las tres zonas geográficas estableciendo un tabulador único en todo el país.
Sin pretextos
Se elimina, pues, uno de los argumentos más socorridos que por años han esgrimido las instancias patronales para oponerse al aumento de los mínimos.
Desaparece aquel efecto multiplicador donde todo incremento a dicha variable repercutía en automático hacia un sinfín de cobranzas legales, con su natural
impacto inflacionario.
El diputado presidente de la Junta de Coordinación CARLOS GARCÍA precisó que ya no habrá obligaciones cuyos montos se encuentren indexados al mínimo.
El nuevo mandato constitucional impacta a 47 leyes locales y 7 códigos en Tamaulipas y aterriza también en las administraciones municipales que deberán contemplarlo en sus leyes de ingresos.
Los ayuntamientos tendrán que trabajar a toda prisa para homologar sus reglamentos a esta nueva medida.
Tienen por plazo el próximo 28 de enero de 2017, cuando se esté cumpliendo un año de haberse publicado tal ordenanza en el Diario Oficial.
Simbólicos, apenas
No hay pretexto, pues, para impedir que el salario cumpla su función constitucional de otorgar el pago suficiente y cubrir así las necesidades de un jefe de familia.
Se dice fácil, pero su actual nivel no satisface ni la mitad de los ingresos requeridos para la manutención del trabajador y su prole.
Y, bueno, el lector estará enterado de que pasado miércoles 23 de noviembre, el sector patronal propuso incrementar el minisalario de 73.04 a 89.35 pesos diarios.
Lo hizo en boca de GUSTAVO DE HOYOS, presidente de CANACINTRA, aclarando que la idea aplica sólo al mínimo general y sin efecto en los contractuales.
Precisando además que tal ajuste estaría contemplado en dos pasos, una parte para enero de 2017 y su complemento en enero de 2018.
Por el sector gubernamental, el secretario del Trabajo ALFONSO NAVARRETE dio la bienvenida a la propuesta y coincidió en la necesidad de una estrategia gradual (“no tendría que ser de golpe.”)
También lo aplaudió el Secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de la Ciudad de México SALOMÓN CHERTORIVSKI, promotor de la medida desde el 2015.
¿Qué representa?
La preocupación suena acorde con la reforma en curso que desindexa el salario y lo libera de sus repercusiones en el cálculo de cobros oficiales.
La primera observación es que un incremento (a dos tiempos, ojo) de 14 pesos con 31 centavos más al día, no alcanza a pagar ni un kilo de tortillas.
Se entiende, claro, viniendo de cúpulas privadas y de un gobierno como el de ENRIQUE PEÑA NIETO que en materia laboral ostenta una postura muy conservadora.
Detalle curioso. En cualquier otro país, la discusión al respecto sería motivo de un diálogo amplio con la contraparte sindical, las grandes centrales obreras, exigencias, propuestas y contrapropuestas.
En el México de 2016 tal cosa no existe o si existe no funciona o si funciona no se ve ni se escucha ni se siente.
BUZÓN: lopezarriaga21@gmail.com
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