CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Por ser víctimas de la delincuencia o por el temor de sufrir secuestros, extorsiones o asesinatos, al menos 35 mil 682 tamaulipecos que vivían en 18 municipios fueron desplazados por el crimen organizado, reveló la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
En 2015 se identificaron 28 mil 141 personas que huyeron de territorio tamaulipeco. En un año la cifra aumentó en 7 mil 541 casos. Cientos de familias que habitaban en Ciudad Mier, Nuevo Laredo, Tampico, Victoria, Cruillas, Abasolo, Altamira, Reynosa, Victoria, El Mante, San Fernando, Ciudad Madero, González, Camargo, entre otras localidades, abandonaron sus propiedades a partir de 2010. Las autoridades son indiferentes al fenómeno que representa múltiples violaciones a los derechos humanos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha establecido que el concepto de desplazados internos (IDP por sus siglas en inglés) se refiere a aquellas “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocados por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.
El primer éxodo de tamaulipecos ocurrió en Ciudad Mier en noviembre de 2010. Más de 300 habitantes se mudaron por amenazas a raíz de la pugna del Cartel del Golfo y Los Zetas. Los poderes locales se trasladaron a un albergue instalado en Ciudad Miguel Alemán. El hecho fue noticia mundial y las autoridades federales y estatales negaron el desplazamiento.
La violencia creció en Tamaulipas. Los hallazgos de las fosas clandestinas en San Fernando motivaron a que cientos de habitantes de la región conocida como el Valle se marcharan. En las principales ciudades de la entidad los enfrentamientos, secuestros y extorsiones provocaron movimientos masivos por colonias.
La población con altos ingresos económicos fueron los primeros en irse.
De 2013 a 2015, el desplazamiento continuó en municipios grandes y pequeños, rurales y urbanos. La violencia afectó a profesionistas y estudiantes. En los últimos dos años hubo evidencia de éxodos masivos de jóvenes que cursaban en los campus de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y escuelas privadas en Tampico, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa. El estimado es de más de 15 mil alumnos de nivel superior.
Los operativos federales contra el crimen organizado no han borrado el temor en los ciudadanos tamaulipecos. Por ejemplo, Ciudad Mier cumple 5 años protegida por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, las ejecuciones continúan desplazando a grupos menores, como familias.
“Yo imagino que es la ruta más corta para llegar a Estados Unidos. Es más fácil ir por Mier y cruzar el río que ir por otros lados, como Nuevo Laredo, Reynosa o Matamoros. Por eso agarraron a Mier como campo de batalla. Pero nosotros no queremos seguir siendo la Franja de Gaza”, declaró el alcalde Roberto González el año pasado. Ahora, su hijo Roberto González Hinojosa es presidente municipal de la localidad fronteriza con Estados Unidos de América.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró el movimiento estimado de 20 mil personas residentes de Nuevo Laredo y Ciudad Mier. La entidad tamaulipeca es la que tiene mayor número de víctimas, seguida de 2 mil 165 casos en Guerrero; 2 mil 008 casos en Chihuahua; y mil 131 en Veracruz. El panorama estatal representa el 60 por ciento del total de desplazamientos registrados en el país, de acuerdo al Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno.
El informe se elaboró con testimonios recabados por el personal de la CNDH. Además, solicitó información a diversas autoridades federales y estatales. Por medio de los cuestionarios, los tamaulipecos manifestaron que los desplazamientos se dieron en el contexto de peleas entre los cárteles por territorios. En algunos casos los presuntos delincuentes les pidieron delinquir o abandonar su propiedad.
“…debido al desplazamiento interno a diversos puntos entre ellos (—), (—) y (—), así como al (—), manifiesta que durante ese periodo permanecieron más de cuatro meses sin energía eléctrica, agua potable…”, escribió un entrevistado en la frontera norte tamaulipeca sobre las condiciones de vida que sufrieron después de la mudanza forzada.
Otro caso que da un esbozo del poder de la delincuencia en Tamaulipas, refiere que ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar a los delincuentes, las autoridades apoyaron a la ciudadanía para el traslado de comunidades enteras. En otro hecho consignado por la CNDH, muestra que los operativos de transporte también incluyeron la protección de los albergues, pues hubo amenazas de atacarlos.
La Comisión identificó a Ciudad Mier y Nuevo Laredo como comunidades expulsoras de personas desplazadas por la violencia. Miguel Alemán y la misma Nuevo Laredo son consideradas localidades receptoras de personas desplazadas. En esta medición, los datos arrojados en los estados de Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Chihuahua dan mayor claridad del movimiento de la población víctima directa o indirectamente de la delincuencia.
Tomando en cuenta los informes de la CMDPDH y la CNDH, el desplazamiento forzado en Tamaulipas es más alto que en Kosovo, Indonesia, Nueva Guinea, Congo, y similar al de Rusia, apuntó el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP) de la Cámara de Diputados.
Al respecto, la coordinadora del área de desplazamiento interno forzado en la CMDPDH, Brenda Gabriela Pérez Vázquez, señala que el Estado mexicano no ha implementado un registro amplio y oficial de la población desplazada, lo que representa la falta de reconocimiento y atención de los miles de casos.
“La población en general apenas se está dando cuenta de las implicaciones que tiene el desplazamiento interno forzado, no solamente en términos de lo que representa como una violación de múltiples derechos humanos sino como la responsabilidad del Estado mexicano y de los diferentes niveles de gobierno en atender y proteger a esta población”, comenta la Maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora.
La organización de la sociedad civil puntualiza que al existir el desplazamiento forzado interno se violan los derechos a la seguridad, donde el Estado mexicano debería de proteger a su población en sus lugares de origen pero no tiene la capacidad y ocurre que la gente tiene que escapar; a la circulación y residencia; el acceso a la vivienda; al empleo; a la educación.
Pérez Vázquez enfatiza que el no reconocimiento del derecho a los procesos de acceso a la justicia es alarmante. “Las autoridades tampoco cumplen con su papel de investigar a las personas que generan el despojo en los territorios.
En muchos casos que hemos identificado, primero se presenta un hecho victimizante, es decir, una amenaza, una extorsión, un homicidio, un secuestro, una desaparición, un robo, antes del desplazamiento.
En otros casos, los niveles de violencia son tan altos que las personas sienten un temor fundado de ser posibles víctimas y prefieren irse. El primer paso tenía que dirigirse a evidenciar esta problemática.
Debemos seguir hablando de las implicaciones que tiene el desplazamiento forzado y exigir a las autoridades la creación de políticas”.
Tamaulipas
35 mil 682
desplazados en Tamaulipas
18
municipios tamaulipecos tienen casos de desplazamientos masivos
TABLA
Conteo de la CMDPDH
297 mil 358
desplazados en México
35 mil 682
desplazados en Tamaulipas
62 mil 445
desplazados en Guerrero
47 mil 577
desplazados en Sinaloa
47 mil 577
desplazados en Michoacán
El reporte de CNDH
35 mil 433
desplazados en México
20 mil
desplazados en Nuevo Laredo, Tamaulipas
2 mil 165
desplazados en Guerrero
2 mil 008
desplazados en Chihuahua
Mil 131
desplazados en Veracruz
Llamado nacional
-Crear una política pública integral y transversal en derechos humanos dirigida a proteger y garantizar los derechos de las personas víctimas de DFI en México.
-Formular protocolos de actuación dirigidos a todas las autoridades, corporaciones y funcionarios que sean parte del Ejecutivo federal, en relación con la adecuada atención de las personas desplazadas y de las medidas y acciones relacionadas con la prevención, atención y solución del DFI.
A este respecto, queremos informar que ya tenemos elaborada una propuesta de Protocolo de Atención a las personas víctimas de DFI, la que presentaremos en breve plazo para que sea tomado en consideración por las autoridades correspondientes.
-Generar acciones de coordinación entre las entidades de los tres niveles de gobierno, los organismos internacionales, la sociedad civil organizada y el sector privado, para atender el DFI.
-Coordinar a las instituciones gubernamentales competentes para implementar mecanismos que faciliten el acceso directo de la población desplazada a programas sociales en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, agua, saneamiento, empleo y fomento a la producción.
Fuente: CNDH
