CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- “Haremos que prevalezca el derecho por encima de la violencia, haremos retroceder a la delincuencia. No permitiremos que los criminales sigan obstruyendo el camino de México a un futuro de mayor prosperidad y desarrollo. Lo vamos a hacer por nosotros y por los que vienen, por nuestros hijos; lo vamos a hacer porque es nuestro deber y también porque queremos entrañablemente a México”, dijo el presidente de México, Felipe Calderón, el 11 de diciembre de 2006.
Ese día, el mandatario panista declaró el inicio de la Guerra contra el Narcotráfico, con el envío de 7 mil soldados para combatir al crimen organizado en Michoacán. En los estados fronterizos y el suroeste los cárteles de la droga se disputaban los territorios mediante actos violentos. Las fuerzas armadas solo participaban en acciones específicas y los encargados de la seguridad eran las policías estatales y la cooperación federal.
Los soldados salieron a la calle con la orden de combatir a muerte a la delincuencia organizada. Un mes después de la declaración de guerra, el primer sargento caído fue asesinado a balazos en Nuevo Laredo.
Los enfrentamientos entre los delincuentes en los bastiones criminales tamaulipecos se reprodujeron. Los líderes que heredaron el control de las plazas mas importantes del Estado empezaron a morir o ser detenidos.
Nadie imaginó lo que comenzaría en 2010. En la víspera a la Semana Santa, el grupo de militares desertores del Ejército contratados, rompieron con sus viejos aliados que habían forjado en Matamoros un imperio impenetrable.
Una cortina sangrienta, de Nuevo Laredo a Tampico, fue cayendo sobre Tamaulipas. Los soldados, marinos y policías fueron testigos del poder criminal de ambas organizaciones; miles de armas, cientos de miles de cartuchos, cientos de camionetas, miles de jóvenes dispuestos a dar su vida y miles de millones de pesos producto del tráfico de sustancias prohibidas.
La Federación trató de contener la violencia. El entonces gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, se negó a reconocer que la muerte se apoderaba del estado. El 28 de junio de 2010 ocurrió lo impensado. Un comando armado interceptó el convoy del virtual nuevo gobernador, Rodolfo Torre Cantú, en el camino de Victoria al aeropuerto. Los hombres asesinaron al equipo de seguridad, bajaron del vehículo al candidato priista y lo ejecutaron.
La noticia de la muerte del sucesor acrecentó el nivel de enfrentamiento entre criminales y fuerzas federales.
El concepto de delincuencia organizada tomó cuerpo totalmente; la extorsión, el cobro de derecho de piso, los secuestros, las desapariciones forzadas de adolescentes, jóvenes, viejos, hombres y mujeres, se extendieron a lo largo y ancho del Estado.
Fueron rebasados los cuerpos policiacos locales y sometidos las autoridades locales en todos sus niveles.
En 2011, quedó al descubierto que los policías municipales eran manejados por el crimen fueron desarmados y encuartelados. Al verse desprotegidos,
aproximadamente 40 mil tamaulipecos huyeron al Valle de Texas, Querétaro, Ciudad de México, Nuevo León, entre otras entidades. La violencia y los tiempos electorales pusieron a Tamaulipas en el foco de atención nacional. El gobierno federal aprovechó para acusar a las autoridades estatales de entonces, de participar en el auge criminal.
Los mexicanos supusieron que la violencia desaparecería con el regreso del PRI al poder del país. No obstante los discursos inaugurales del presidente Enrique Peña Nieto, el 2 de enero de 2013 en Hidalgo, Tamaulipas, un soldado que trabajó como Policía Militar murió en un enfrentamiento con sicarios.
La Guerra contra el Narcotráfico no se detuvo. Las confrontaciones entre los dos cárteles locales poderosamente armados fueron intermitentes. Los grupos se apoderaron de franjas territoriales. En sus fuertes urbanos continuaron con robos, secuestros, extorsiones y en las zonas rurales el despojo de
ranchos se acrecentó.
Una vez más en la Semana Santa, ahora de 2014, las pugnas por el control de las plazas se dispararon. En el sur de Tamaulipas los bandos en pugna esparcieron cuerpos y plomo desde Aldama hasta Pánuco. En Tampico, el activista Eduardo Cantú Elías convocó a marchas por la Paz. Seis años después de que inició la Guerra contra el Narcotráfico, un estimado de 8 mil tamaulipecos protestaron contra la inseguridad. Bastaron llamados para que, el 13 de mayo de 2014, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunciara la Estrategia federal de seguridad.
Han pasado dos años del llamado plan Tamaulipas que sirvió para organizar los esfuerzos federales, estatales y locales. Las capacidades delincuenciales han sido mermadas por medio de operativos, detenciones y reformas legales. Empero, la cultura proveniente del ambiente delincuencial se asentó en lo hondo de la idiosincracia estatal. A la par, el desarrollo estatal ha sido frenado por las mismas condiciones; la desigualdad es quien surte de elementos a los cárteles.
A una década del 11 de diciembre de 2006, las miles de hijas, madres y familias con asesinados, desaparecidos, secuestrados, reclaman justicia al gobierno federal y estatal. Los casos se cuentan por millares y cada número es una vida humana, un niño, una abuela, un adulto, un recién nacido que sufre las consecuencias de enfrentar sin un plan específico al monstruo de las diez mil cabezas.