Cada vez que las dificultades económicas asedian a la población, como las actuales, los gobernantes en turno anuncian drásticas medidas de austeridad, lamentablemente, estas casi siempre suelen ser disposiciones mediáticas que no reducen los gastos de gobierno, tampoco frenan los despilfarros y la vida de reyes que se dan algunos servidores públicos.
Por primera vez, no obstante, se da a un plan de ese tipo el carácter de acuerdo que es firmado, además, por el gobernador, en este caso Francisco Javier García Cabeza de Vaca, los alcaldes de los 43 ayuntamientos del Estado, así como del Congreso, el Supremo Tribunal de Justicia y los de los diferentes organismos descentralizados, como se hizo ayer en ciudad Victoria.
No son pocos los tamaulipecos que se preguntan, por esta razón, si la decisión de apretarse el cinturón va en serio o si se trata, como muchas otras similares del pasado, únicamente para hacer creer a los ciudadanos que acortarán los gastos, salarios, congelarán las plazas laborales vacantes, eliminarán personal innecesario y que, incluso, desaparecerán algunas dependencias, todo sin quitar un solo peso a los programas de interés comunitario.
Mucho menos que las acciones en cuestión deberán de reflejarse en beneficios tangibles de la familias que menos tienen y que, por este motivo, por cada peso que disponga un municipio para llevar a cabo alguna obra o programa de ayuda social, el gobierno del Estado aportará dos pesos más, ya que si todo eso se cumple habrá que levantarle un monumento al primer mandatario de la entidad, porque nunca o casi nunca se ha hecho.
¿Se suspenderán igualmente, como se dice, el pago de los servicios de telefonía móvil, gastos de representación, viáticos y vales para la gasolina a todos los funcionarios, incluidos los síndicos y regidores de los cuerpos edilicios? No se sabe, pero, como están de complicadas las cosas, constituyen una necesidad apremiante y permanente, aunque, habrá qué ver si se concretan.
Mientras son peras o son manzanas, los concesionarios de expendios de gasolina de Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, realizarán este miércoles otro paro de labores para presionar al gobierno a que reduzca los precios de los combustibles en la frontera con los Estados Unidos, que los que saben consideran imposible, por lo menos en las actuales circunstancias.
A partir de este miércoles 15 de febrero, además, los precios de la masa y la tortilla, los alimentos de mayor consumo en el país, aumentarán 2 pesos.
A la que se le siguen complicando las aspiraciones presidenciales, por otra parte, es la señora Margarita Zavala Gómez del Campo. Encima de que, según sondeos de algunas empresas encuestadoras, sus preferencias han perdido simpatizantes, la ex primera dama de México ha sido acusada ante el INE por el partido Encuentro Social de haber realizado actos anticipados de campaña, como difundir en forma reiterada,
sistemática y continua, su imagen, nombre, aspiraciones, nombre y logotipo del PAN, fuera de los tiempos previstos por la ley.
Difusión que, de acuerdo a la denuncia, se ha efectuado tanto a través de la página electrónica de la AC de la aspirante, como de las redes sociales y oficinas instaladas en diversos Estados, cuyos gastos son de procedencia desconocida.
Cambiado de tema, el inicio de la revisión del Congreso de la cuentas públicas pendientes debe de haber sembrado inquietudes entre todos los ex alcaldes y ex funcionarios de otras instituciones gubernamentales, pero sobre todo de aquellos que no entregaron cuentas claras. La causa, que, a diferencia de las revisiones anteriores, esta vez no estarán a cargo de diputados del PRI, que se hacían los occisos cuando
detectaban irregularidades documentarias de sus compañeros de partido, sino de legisladores del Acción Nacional.
El próximo 21 de febrero los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado emitirán los dictámenes de las de los municipios de Tula, Miguel Alemán y Aldama correspondientes al 2015 y así sucesivamente.
Pero si algunos ex están nerviosos, los de ciudad Madero deben de estarlo mucho más porque el actual presidente del organismo de fiscalización es nada más y nada menos que el diputado Joaquín Hernández Correa, que tiene sobradas razones para hurgar con lupa los reportes
contables entregados al máximo Órgano Legislativo por los ex munícipes de la urbe petrolera.
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