CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Entre 300 y 400 empleados de gobierno de Tamaulipas que no cumplían con sus labores, mejor conocidos como aviadores, fueron despedidos, reveló el titular de la Contraloría Gubernamental, Mario Soria Landero.
A pregunta expresa sobre la cantidad de personas separadas del cargo en los 4 meses y medio de la administración, el funcionario dijo: “debe andar entre 300 y 400 aviadores. Probablemente se trabaje en otro monto igual”.
En enero, el titular de la Secretaría de Administración (SA), Jesús Nader Nasrallah, anunció las medidas de ahorro: la venta del 25 por ciento del parque vehicular y ajustar la nómina gubernamental, específicamente en las secretarías de Educación y de Salud.
Soria Landero consideró que los aviadores son “un problema grande pero se tiene un ahorro en las estructuras porque se deja de pagar el salario de gente que no estaba devengándolo”.
El proceso administrativo aplicado tiene como primer paso la detección de los aviadores por la Contraloría. Las personas son reportadas a las dependencias en las que cobran, quienes después de una revisión deciden la situación contractual.
Actualmente, comentó, la Contraloría continúa revisando la nómina estatal, con especial cuidado en las secretarías de Obras Públicas (SOP), Seguridad Pública (SSP), Educación de Tamaulipas (SET) y Salud (SS).
“Vas avanzando y te encuentras más cosas, por lo que tienes que estar observando muy bien los documentos que estás observando para ver a qué nos conduce. Prácticamente estamos revisando todas las dependencias que no quiere decir que todas estén mal”, mencionó.
A inicio de año, Nader Nasrallah anticipó que las bajas que se han concretado en el gobierno tamaulipeco corresponde a personas que cobraban sin realizar alguna actividad. “Ellas solas se despidieron porque ya no se presentaron a laborar”.
El secretario de Administración ahondó en el despido del personal de confianza que terminó su contrato el último día de septiembre. “Es gente que realmente estaban algunos comisionados, entiendo yo, algunas personas que a lo mejor habrían tenido alguna plaza y no la estaban llevando a cabo”.
El recorte de plazas se sustenta en el artículo 16 del decreto del Presupuesto de Egresos (PEF) 2017.
Dicha norma contempla que “las dependencias y entidades de la administración pública estatal sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y ocupacionales aprobadas, previa autorización del Ejecutivo y de conformidad a los dictámenes presupuestales, organizacionales y funcionales, elaborados por las secretarías de Finanzas, de Administración y la Contraloría Gubernamental, respectivamente; así como las conversiones de plazas y las renivelaciones de puestos y categorías podrán realizarse, siempre y cuando se operen movimientos compensados que permitan liberar recursos para tal efecto”.
