Mientras que el Gobierno Federal y las entidades federativas, con algunas muy contadas excepciones, sigan dejando la responsabilidad de la seguridad pública en el Ejército y la Marina, bajo la bandera de que no tienen suficientes policías para cumplir con esa obligación que tienen frente a la sociedad, no vemos en el corto y mediano plazo que pudiera darse un cambio en la estrategia seguida desde hace diez años y la población seguirá siendo víctima de la delincuencia organizada y de los delincuentes comunes.
En este gobierno federal en contadas ocasiones el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha jalado con mucha prudencia las orejas a los Gobernadores, haciéndoles ver que tienen el compromiso ineludible de emprender acciones para contar con suficiente policías para mejorar la seguridad.
El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, sobre quien descansa las acciones de seguridad, también ha reprendido a los Gobernadores, sin dar nombres, de que tienen que poner la parte que les corresponde en el combate a los problemas de inseguridad, pero sin ninguna efecto, porque
por un oído les entra el regaño y por otro les sale.
Cansado de este juego de simulación, donde el costo lo están pagando los miembros del Ejército, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, hace algunos meses hizo unas fuertes declaraciones que fueron interpretadas como un severo llamado de atención a las autoridades civiles, al manifestar que estaban cansado de seguir en las calles combatiendo problemas de la delincuencia para los cuales los soldados no fueron capacitados.
Y se ha llegado al colmo, dijo, que ahora los soldados tienen que cuidar hasta las escuelas.
Confesó que si le preguntaran si estaría de acuerdo que los soldados dejaran las calles, respondió que no levantaría una mano sino las dos, porque es tiempo que las entidades asuman la responsabilidad de la seguridad de la población que no le corresponde al ejército.
Como respuesta, el Gobierno Federal y el Poder Legislativo, se comprometieron aprobar a la mayor brevedad posible la Ley de Seguridad Interior, para que los solados gocen de garantías sobre las acciones que actualmente hacen, lo que a mi juicio no es la solución de fondo que reclama el Ejercito.
Esa ley debería de ser aprobada para una aplicación temporal, estableciendo un plazo impostergable para que los Gobiernos de los Estados cuenten con sus propias policías, porque una vez que venza el ejercito dejará las calles.
Si no se establece un plazo fatal, los Gobiernos de los Estados seguirán jugando a la simulación, porque saben que el Ejercito y la Marina seguirá asumiendo es responsabilidad.
Viene a cuento lo anterior, porque ayer el alcalde, Jesús de la Garza Díaz del Guante, reveló que hoy en la ciudad de México, el Consejo Nacional de Seguridad, les dará a conocer como operará el programa Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que sustituye el Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun), que contempla entre otras acciones que los municipios puedan contar con una policía ciudadana, como un primer paso para prevenir los delitos del fuero común.
Este es otro ensayo más a seis años que Matamoros no cuenta con una policía preventiva y que el Estado asumió la tarea de la seguridad ejerciendo los recursos que para eso le corresponden a los municipios.
Es deseable que este ensayo realmente se aterrice en Matamoros como en el resto de los municipios de Tamaulipas y que se empate con la estrategia en seguridad que tiene el gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ya logró que todos los Alcaldes firmaran con él un convenio de coordinación para costear una policía de proximidad, pero que ahora parece que se llamará policía ciudadana.
A los matamorenses, como seguramente al resto de los tamaulipecos que residen en los 42 municipios el nombre de la policía es lo de menos, porque lo que reclaman es que haya acciones preventivas para combatir los delitos del fuero común, con resultados tangibles.
