El 17 de febrero pasado, el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, solicitó la orden de aprehensión en contra de César Gerardo Francisco García Méndez, por el delito de administración fraudulenta. García Méndez, junto con su socio, Ernesto Canales, el fiscal anticorrupción de Nuevo León, defraudaron a Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, por los seis millones de dólares (64 millones de pesos a la sazón) que había recibido como compensación por la cesión de todos los derechos en la sucesión, a Emilio Azcárraga Jean. La orden de aprehensión sólo se giró en contra de García Méndez, por lo que la de Canales, que jurídicamente sería culpable del mismo delito, sigue en suspenso.
Este es un primer cierre del proceso legal que comenzó en marzo de 2012, cuyas imputaciones, presentadas en este espacio en marzo y abril del año pasado, fueron desmentidas por Canales. El 31 de marzo, el día que se inició la publicación del expediente, el zar anticorrupción neoleonés le declaró a Azucena Uresti en Milenio Televisión: “Este es un expediente que tiene ya varios años y no se ha probado ninguna culpabilidad de nuestra parte. Son acusaciones que hace el señor Raymundo sin una base cierta”.
Cuando Uresti le preguntó en específico sobre la compensación de los 64 millones de pesos, respondió: “Este es un asunto que está en los expedientes. Ahí está establecido que durante todo ese tiempo, la parte demandante, la parte acusadora, no ha probado su acción”. Días después, ante la presión del Congreso local, Canales admitió en una comparecencia que sí recibió ese pago como parte del proceso en el que defendió a la señora Cusi, pero negó que se hubiera realizado en forma indebida”.
El caso de la señora Cusi y Televisa no sólo es relevante porque habla de la forma como Azcárraga Jean asumió pleno control de la empresa hispana de televisión más importante en el mundo luego de años de negociaciones, sino porque el fraude cometido en su contra tuvo como protagonista al zar anticorrupción del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, cuya campaña electoral tuvo una sola promesa: combatir la corrupción. De acuerdo con la solicitud de aprehensión en contra de García Méndez, es probable que la corrupción la tenga en casa con Canales, asociado completamente en este proceso, como la parte acusada, a su viejo socio.
El caso, cuyo expediente consta de miles de páginas, se puede resumir de la siguiente manera:
1.- El 28 de abril de 2011 la señora Cusi cedió “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de El Tigre, como apodaban a Azcárraga Milmo, a su hijo Emilio Azcárraga Jean, mediante el finiquito de 50 mil pesos. Canales no le informó que se había acordado, por decisión del presidente de Televisa, una contraprestación de seis millones de dólares a cambio de desistirse de acciones legales para mantener el 16.6 por ciento de la empresa que le fue heredado por El Tigre.
2.- El 17 de mayo de 2011, Canales y García Méndez firmaron esa indemnización mediante una Carta de Instrucción con el representante de Televisa, Alejandro Bustos, donde solicitaba a la empresa determinar, a su elección, la forma como se realizaría el pago compensatorio en dos exposiciones, el 17 y el 27 de mayo de ese año, mediante dos opciones: un depósito a la cuenta de Summer Stream, C.V., por la vía de Abdadi&Co, Secutities Ltd, en el banco Standard Bank PLC., en Londres, por tres millones de dólares; y mediante la contratación que lleve a cabo Televisa de los servicios de mercadotecnia de la empresa Summer Stream, C.V., por otros tres millones de dólares.
La señora Cusi jamás se habría enterado de esta compensación –Televisa tampoco se imaginó, por sus declaraciones ministeriales, que sus apoderados la mantendrían ignorante del acuerdo-, de no haber exigido Canales y García Méndez el pago de cinco millones de dólares por sus servicios. Para ella, en ese momento, no se explicaba ese monto tras recibir sólo 50 mil pesos, que aceptó porque lo único que le importaba es que Televisa, que la había presionado metiéndola a la cárcel, se desistiera del proceso. La exigencia del pago por sus servicios llevó a la señora Cusi a contratar a otros abogados, quienes descubrieron la existencia de la Carta de Instrucción, con lo que presentaron la denuncia por fraude en contra del zar anticorrupción y García Méndez.
El caso que Canales insistió públicamente que estaba cerrado, contra lo que se publicó en este espacio, confirmó el rumbo en dirección opuesto al que señalaba. El pliego de consignación que firmó el agente del ministerio público José Luis Quintero Mendoza, encontró a García Méndez como probable responsable en la comisión del delito de Administración Fraudulenta, en agravio de la señora Cusi. Encontró que actuó con dolo al haber tenido “pleno conocimiento de que lo que hacía era indebido”. Según el pliego de consignación, “se desprende que contaba con diversas alternativas de acción, por lo que le era exigible un comportamiento diferente al efectuado, y al ser capaz de motivación pudo también determinar su conducta”.
No lo hizo, evidentemente, como tampoco Canales, acusado por la señora Cusi del mismo delito, y que tendría que haber sido encontrado, como su viejo socio, presunto responsable del fraude y girarse la orden de aprehensión en su contra.
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