25 abril, 2025

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Transó ex edil a los más pobres

La Auditoría Superior de la Federación se sumó a las acusaciones por desvíos en contra del ex alcalde de Tula, Andrés Díaz Cruz, al reclamarle recursos para obras destinadas para combatir la pobreza extrema y que no fueron aplicados de manera correcta

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones a los proyectos de obra realizados por el Ayuntamiento de Tula en el año 2015 para la construcción de viviendas que hoy son reclamados por la actual administración.

De acuerdo con la Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño, realizada a la Cuenta Pública del año 2015, 17 proyectos de obra pública realizados por la administración del ex alcalde Juan Andrés Díaz Cruz, con un costo de 8 millones 17 mil pesos, se encontró que no beneficiaron a la población en pobreza extrema, como estaba obligado.

En el pliego de observaciones del documento de 15 páginas de extensión, se menciona que la administración municipal no entregó información sobre los procesos de adjudicación de los proyectos de obra.

“El municipio no proporcionó evidencia del proceso de adjudicación del equipo de cómputo adquirido con recursos del FISMDF 20152”, menciona el informe de la Auditoría Superior de la Federación.

Datos del portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda, muestran que durante el 2015, el ayuntamiento de Tula realizó 17 proyectos de obra para el mejoramiento de vivienda.

Los proyectos que se ejercieron con transferencias de recursos del Gobierno Federal, se realizaron en los ejidos, Santa Ana de Nahola, Lázaro Cárdenas, Gallos Grandes, El Gavial, Las Cruces, Tierras Blancas, mientras que dos más al interior de la zona urbana de la ciudad de Tula.

En total, durante el 2015, la administración del ex alcalde Juan Andrés Díaz Cruz, manejó 95 proyectos de obra, con recursos federales, con una suma de 44 millones 344 mil pesos, con proyectos de construcción de pozos de agua, revestimiento de calles, ampliación de red eléctrica, entre otros.

En días pasados, el actual alcalde Antonio Leal Villarreal, dio a conocer que se realizará una denuncia penal en contra del titular de la pasada administración, esto por ejercer recursos para la construcción del vivienda, provenientes de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

Las acusaciones son, por no construir las más de 300 habitaciones, de los 14 proyectos de obra ejercidos con un monto de más de siete millones de pesos, obras que fueron detallado en este texto, donde además se acusa del uso de prestanombres para las empresas seleccionadas para las obras.

“Esclarecerá PGR desvíos de Díaz Cruz”

Por Arturo Rosas H.

Los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del estado en el Congreso del Estado, aseguraron que el caso Tula “estará en manos de la Procuraduría General de Justicia en Tamaulipas muy pronto”.

El pleno del Congreso del Estado, se prepara para llevar el próximo miércoles el dictamen de la Comisión de Vigilancia donde rechaza la cuenta pública 2015 del Ayuntamiento de Tula.

Tanto el presidente de la Comisión de la Vigilancia, Joaquín Hernández Correa y el vocal Humberto Rangel, coincidieron por separado que la Procuraduría tendrá la última palabra para esclarecer el faltante de recursos, desvíos o presuntos fraudes que se cometieron en el Ayuntamiento de Juan Andrés Díaz Cruz.

Los legisladores reconocieron al alcalde Antonio Leija Villarreal por la decisión que tomó para promover una denuncia penal por el desvío de 7 millones de pesos en recursos federales de Sedatu.

Mientras que el Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior, estaría llevando por la vía penal el reclamo de 27.5 millones de pesos de los cuales, poco más de 10 millones de pesos son federales que debieron aplicarse en el municipio de Tula.

“Lo que hemos acordado, es que vamos a ir hasta las últimas consecuencias y si el presidente —de la Comisión— ya tiene pruebas para poder actuar en contra del ex alcalde, yo creo que está en su derecho de solicitar a la Procuraduría General de Justicia su intervención y creo que debe llegar ahí como un reclamo de la ciudadanía de Tula”.

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