Sin precisar el monto del desvió de recursos económicos, ayer el Congreso del Estado rechazó aprobar la cuenta pública del Ayuntamiento de Tula y de su Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), luego que la Comisión de Vigilancia y Auditoría Superior encontró muchas irregularidades en el ejercicio del dinero que recibió.
El rechazo de la cuenta pública pone en graves aprietos al exalcalde de Tula, emanado de las filas del PRI, Juan Andrés Díaz Cruz, que ahora estará obligado a responder a las graves acusaciones que hay en su contra, con el riesgo que se emprenda una acción penal en su contra por los desvíos, estimados extraoficialmente en 25 millones de pesos.
Al presentar el dictamen negativo de la cuenta pública del Ayuntamiento de Tula, el diputado, Joaquín Antonio Hernández Correa, dijo se observó que la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, contratos y convenios, no se ajustaron totalmente a la legalidad, presumiéndose daños o perjuicios a la hacienda pública de la entidad, por lo que instruyó a la Auditoría Superior del Estado (ASE), a iniciar el procedimiento correspondiente y a su vez determine las responsabilidades que hubiere en su caso.
El diputado, Humberto Rangel Vallejo, expresó que la Comisión de Vigilancia y Auditoria Superior verificó que la revisión de estos dictámenes cumpliera con las leyes en la materia, dando como resultado que Tula y la COMAPA de ese Municipio no se ajustaron a su Presupuesto de Egresos y no atendieron las observaciones emitidas por la ASE.
El Congreso del Estado, bajo el liderazgo del diputado Carlos García González, está cumpliendo con su compromiso de verificar que todas las instancias gubernamentales, en el ejercicio de sus presupuestos, no hayan cometido irregularidades que pueden tipificarse como actos de corrupción, rechazando sus cuentas como el caso del Ayuntamiento de Tula y aprobando aquellas que cumplieron con lo dispuesto con la Ley.
La fiscalización de dichas cuentas ahora pasarán a la cancha del Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, su primera prueba de fuego, a quien le corresponderá proceder en contra de los presuntos responsables de los desvíos encontrado en el Ayuntamiento de Tula y de ser necesario presentar una demanda penal.
No sabemos que acciones va a emprender el Auditor Superior del Estado, pero lo menos que debe hacer es emprender procedimientos para que el exalcalde de Tula, repare el daño causado a la Hacienda Municipal, regresando el dinero que desviaron, que en argot popular se conoce como “vómito negro”.
Y para el resto de los exalcaldes de Tamaulipas de la anterior Administración, cuyas cuentas no han sido aprobadas, la recomendación sería verse en el espejo de Tula, recordando aquella sentencia: Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
Hacienda dobló a los gasolineros de la frontera
Ante el riesgo de ir a la quiebra, 53 estaciones de gasolina, que son franquicias de Pemex, desde ayer empezaron a vender el litro de la gasolina en 12.09 pesos, sujetándose el esquema de comercialización que les impuso la Secretaria de Hacienda, para que sean ellos quieren financien el subsidio que la autoridad ofrece al precio de los carburantes y que habían rechazado desde el primero de enero cuando se puso en marcha.
Hacienda les vende cara la gasolina y pide a los empresarios que la vendan barata, con un diferencia de aproximadamente 3 pesos en litro, con la promesa de que en un plazo de 15 días le reintegra el costo del subsidio.
Hacienda se negó sistemáticamente a cambiar el esquema, lo que provocó pérdidas millonarias a las gasolineras de la frontera, poniéndolas al borde de la quiebra, motivo por el cual no tuvieron otra que aceptar el esquema de Hacienda.
