CIUDAD MADERO, Tamaulipas.- Por el delito de peculado, el gobierno de Madero denunció ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) al ex alcalde, Mario Neri Castilla, así como a su tesorero Fernando Rivera de la Torre y secretario del ayuntamiento, Sergio López de Nava.
El actual director jurídico, Roberto Ávalos Flores, dijo que existe un presunto faltante de documentación en los que no se pueden acreditar 250 millones de pesos de recursos federales.
En rueda de prensa, la secretaria de la Contraloría, Diana Fernández Díaz, confirmó que la tarde del pasado lunes presentaron la denuncia ante la unidad de investigación en turno, por medio de la representación jurídica del Ayuntamiento, y a solicitud del órgano de control interno, que es el Departamento de Contraloría que ella representa.
La denuncia se desprende de los resultados de las auditorías realizadas a diversos recursos federales por la propia Auditoría Superior de la Federación, «por lo que estamos poniendo a la vista de la autoridad competente los hechos que correspondan al desahogo de la investigación que se acuerde para el debido deslinde de responsabilidades».
La funcionaria puntualizó que la denuncia por malversación de fondos y los que resulten es en contra de los servidores públicos de la pasada administración, «son el contador público Fernando Rivera de la Torre, Sergio López de Nava y Mario Alberto Neri».
Fernández Díaz agregó que la auditoría sigue en procedimiento y el monto total de lo que no se ha comprobado se determinará al cierre de las observaciones que haga la federación.
Ávalos Flores, director jurídico, aseguró que la denuncia ya fue ratificada y que les corresponde no ser omisos ante este tipo de revisiones de los auditores tanto del estado como de la federación.
“La Procuraduría General de Justicia se encargará de la indagatoria, si existe o no delito, nosotros como autoridad administrativa estamos poniendo los hechos a la autoridad competente para que proporcionen la información y en su momento deslinden si hay responsabilidad por parte de los ex servidores”, dijo Ávalos.
«Posiblemente se habla de un faltante de documentación que no pueden acreditar 250 millones de pesos de recursos federales y sigue abierta la investigación, puede ser mayor, son programas federales como ya les mencioné, el municipio tiene diversidad de recursos”, agregó.
El representante de la Secretaría del Ayuntamiento, Jonathan Ruiz Álvarez, comentó que a pesar de tratarse de recursos federales, optaron por recurrir al Ministerio Público, pues se consideró pertinente.
«Encontramos que hay una concurrencia de materias, se puede dar el trámite de toda esta situación al Ministerio Público que se estime pertinente, puede ser el local o en materia federal».
La Contralora indicó que le solicitaron toda la información a los ex funcionarios.
“Con respecto a la auditoría se le dio el acta de inicio, nace de la orden de revisión al municipio, se les requirió todas las cuentas bancarias, toda documentación física».
Los otros ‘pecados’ de Neri…
El pasado 18 de enero, la Contraloría informó que el gobierno de Mario Neri no comprobó 1.5 millones de pesos, cuya justificación debería aparecer en los estados financieros del mes de septiembre de 2016.
El Sindicato Liberal Democrático denunció que en los últimos días de su gobierno, Mario Neri aprobó al menos 50 plazas a empleados eventuales con menos de 6 meses de antigüedad, lo que violó el Código Municipal, 20 meses ocupó Mario Neri el cargo de alcalde de Ciudad Madero. Relevó en 2015 a Esdras Romero Vega, quien fue candidato del PRI a diputado federal, contienda de la que resultó ganador.
En los últimos días de su gestión, el ex presidente municipal Mario Alberto Neri autorizó por lo menos 50 plazas a personas que tenían poco tiempo de trabajar en la administración.
Con base al Código Municipal, una persona que tenga por lo menos seis meses en la administración tiene derecho a su plaza, siempre y cuando no hayan ocupado algún puesto de primer nivel.
Desde que inició la actual administración, el Sindicato Liberal Democrático denunció las irregularidades en la entrega de plazas, cuya medida afectó principalmente a los trabajadores eventuales.
