CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En 1999, hace 18 años, se construyó el último penal en Tamaulipas y a la fecha esta entidad, pese al enorme gasto en seguridad pública de los últimos años, no hay en Tamaulipas centros de reclusión adecuados, lugares de detención que cumplan con las normas de seguridad y derechos humanos de los detenidos, ni tampoco instalaciones adecuadas para mujeres, niños y para reos de alta peligrosidad.
En el último Diagnóstico Nacional De Supervisión Penitenciaria hecho público por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se calificó a los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) entre los ocho peores del país con 5.29 puntos con base en 10 posibles, en el lugar 26 de las 32 entidades con una calificación y solamente arriba de Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.
“Insuficiente personal de seguridad y custodia; falta de capacitación en materia de prevención de la tortura a servidores públicos adscritos a los lugares de detención e internamiento, inexistencia de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos en los lugares de detención; inadecuada supervisión de los lugares detención; obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las celdas; inexistencia de programas contra las adicciones y carencia de accesos para personas con discapacidad física”, dijo la CNDH en las observacionesque hizo al gobierno de Tamaulipas a finales de 2016.
Según las revisiones de la CNDH y de organismos no gubernamentales, Tamaulipas no tiene un solo reclusorio que pueda considerarse de alta seguridad, vigila con personal militar, debido a que no ha formado un cuerpo de custodios profesionalizados y el trato a reclusos y reclusas es violento e inadecuado, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Inadecuadas condiciones de las instalaciones que alojan a las personas privadas de la libertad; deficiencias en la alimentación; sobrepoblación, hacinamiento y falta de lugares de detención; carencia de áreas exclusivas para alojar a las mujeres, así como de personal para su atención; falta de privacidad durante las entrevistas de las personas detenidas con su defensor y la comunicación telefónica; carencia de personal especializado para la atención de los adolescentes privados de la libertad; carencia o insuficiencia de aparatos telefónicos para la comunicación con personas del exterior”, dice la CNDH
“(Se detectó) Omisión de denuncia sobre actos de tortura o maltrato; deficiencias en el consentimiento informado de pacientes psiquiátricos; deficiencias en materia de personal médico, en la prestación del servicio, del equipo y abasto de medicamentos; práctica de exámenes médicos a los detenidos sin condiciones de privacidad.
En los últimos seis años se ha dispuesto de mil 800 millones de pesos en fondos federales para seguridad pública y además de unos tres mil 500 millones de fondos estatales, sin embargo, la infraestructura para la detención en agencias del ministerio público, cárceles municipales, y Cedes, no brinda las garantías de salubridad, respeto a los derecho de los presuntos delincuentes, carece de vigilancia adecuada y no brinda posibilidades de educación a las 47 mujeres que tienen sus hijos en los reclusorios, un total 48 menores de edad.
Tampoco hay penales estatales de alta seguridad estatales y de acuerdo con la CNDH la vigilancia de los penales la realiza personal militar cuyo nivel de capacitación en tareas de reclusión y readaptación social, se ignora, pues la Secretaría de Seguridad Pública respondió vía transparencia, que la información sobre el Estado de la Fuerza Tamaulipas está reservada hasta el 24 de marzo de 2024.
Una entrevista concedida en 2009 por el entonces Secretario de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, señaló que ninguno de los reclusorios de la entidad es de alta seguridad, debido a que no fueron construidos bajos las nuevas normas de seguridad y de respetos a los derechos humanos, pues el diseño de todos es del siglo pasado.
Además, hasta julio de 2016 las obras en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 3 Noreste continuaban y no había reclusos en este penal, por lo que la situación jurídica de nuevos reos del fuero federal tiene que resolverse fuera de la entidad o alojarlos en penales estatales, a los cuales la federación les paga solamente 70 pesos por la manutención de cada reo.
En julio de 2009 la Secretaría General de Gobierno estatal anunció que iniciaría la construcción de un nuevo penal estatal de alta seguridad al sureste de la mancha urbana de Victoria, donde se comprometían a una rehabilitación adecuada de los internos, generar empleos en áreas cercanas ubicadas al este de Boca de Juan Capitán, y poder recluir ahí a los reos de alta peligrosidad, que amenazan la seguridad de seis de los siete penales.
Las obras pararon en 2010, aparentemente con muchas fallas estructurales, y en 2012 luego de dos ejercicios de esperar fondos federales para seguir adelante con el nuevo reclusorio de alta seguridad, el Gobierno de Tamaulipas abandonó la obra por falta de presupuesto para terminarla y corregir fallas en señaladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Aunque la estadística global del sistema penitenciario que emite la Secretaría de Gobernación asegura que en los seis penales de media y baja seguridad de Tamaulipas hay 845 lugares disponibles, un informe la CNDH respecto a la situación de las mujeres, de las mujeres con hijos y de los menores, concluyó que en las áreas femeninas hay sobrepoblación.
Tamaulipas tiene seis centros de ejecución de sanciones y un centro abierto, en total hay seis mil 205 reclusos, de los cuales mil 140 son del fuero federal, en un total de siete mil 50 espacios disponibles, y según la Secretaría de Gobernación, no se registra sobrepoblación.
La CNDH informá que en las áreas femeniles de los penales de Tamaulipas hay 356 espacios disponibles, en los cuales están internadas 371 mujeres, 47 de las cuales tiene hijos (48) y las condiciones de reclusión son malas, el trato a las mujeres es violento y las Centro de Ejecución de Sanciones Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Victoria, los servicios de educación inicial y preescolar presentan deficiencias.
Los 17 informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dirigió en 2016 a la Secretaría de Seguridad Publica y a la General de Gobierno , señalan que los lugares de detención e internamiento que dependen del Gobierno del Estado de Tamaulipas presentan situaciones de riesgo detectadas, “relacionadas con el uso irregular de la fuerza y medios de coerción”.
Además, se consideró que los registros de personas privadas de la libertad son inconstitucionales, que hay una; inadecuada separación y clasificación de reclusos, se presentan ; irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias a los internos; falta de difusión de reglamentos a la población interna.
