La historia en ese rubro está por acumular siete años en nuestro país y el balance no es en modo alguno satisfactorio.
Y ayer, en Tamaulipas, una propuesta en el mismo sentido resonó.
Me refiero al planteamiento efectuado por la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en el Estado a través de su dirigente, Julio César Almanza, en el cual se expone en la visión de ese organismo la factibilidad de construir en la Entidad reclusorios edificados y manejados por particulares.
Los argumentos de los empresarios parecen tener piso. Su operación, dijo el vocero de la IP, reduciría casi a cero la posibilidad de fugas, permitiría dignificar y modernizar los penales y disminuiría la sobrepoblación carcelaria.
¿Se oye bien?… sí, pero insisto: Parece..
¿Por qué la duda sobre la postura del capital privado?
Porque desde 2010 que Felipe Calderón –de infausta memoria– lanzó el nuevo modelo de inversión para construir 12 penales de operación privada, subsisten los mismos vicios que ahogan a las prisiones estatales o federales. El tráfico de enervantes, el autogobierno, la prostitución y el trato indigno a los reos son condiciones que no distinguen diferencias.
No escribo sobre las rodillas al exponer el saldo. Apenas un año atrás se publicó un estudio de la Universidad Iberoamericana en Puebla, de “México Evalúa”, la agrupación “Due Process of Law” y otros organismos, en el cual se ofrece un panorama de esos penales en México etiquetado como opaco, además de matizado por sospechas de corrupción y mercantilizado.
Y quiero hacer énfasis en este último concepto: Mercantilizado.
Le expongo a manera de explicación el motivo de ese subrayado. Los reclusorios privados en México, al igual que sucede en los penales de Estados Unidos donde hoy tienen más detractores que simpatizantes, son una empresa. Para ser más claro, son un negocio y operan como tal.
Además de la opacidad oficial gracias a la cual se otorgan contratos que no se dan a conocer “por seguridad nacional” y que permiten adjudicaciones oscuras, esas cárceles dan prioridad a las utilidades sobre el rescate social de los internos. El resultado ha sido dramático, porque la reinserción social de éstos es pasada a segundo término en la búsqueda de mayores ingresos.
No exagero al calificar este escenario como dramático. En Estados Unidos las empresas operadoras de esos penales libran batallas inmorales en el Congreso para que se tipifiquen más causas de detención e ingresen más reos, para que se aumenten los años de sentencia por delitos menores y se minimicen las penas alternativas. El negocio es tener más presos y por más tiempo. Así de sencillo.
Por favor, que no me digan que en México somos un ejemplo de humanismo y eso no sucede o sucederá, porque lo más probable es que sea peor.
Un factor agrava el impacto social e involucra a los familiares de los procesados, relativo a la ubicación de los penales en sitios remotos donde las posibilidades de visita se reducen drásticamente. Si se añade que esos reclusorios se clasifican como de alta seguridad, se torna más complicado el acceso y crea conflictos externos que ya han reventado en algunos de esos centros penales.
En estas circunstancias, el paraíso enrejado que parecen prometer los impulsores de las cárceles particulares se diluye ante un hecho irrefutable: la readaptación social, fundamental en el sistema carcelario nacional, en esos lugares vale menos que tres cacahuates en la mano de un mono. Lo mismo que en las prisiones públicas, si, pero más caro.
No es de extrañarse que pese a ese panorama los organismos cupulares de la iniciativa privada sigan empujando, como ahora sucede en nuestro Estado, ese modelo de cárceles. La razón queda clara: están tratando de fortalecer la posibilidad de engrosar las carteras de sus integrantes.s
Y conociendo el perfil de don Julio Almanza, en Tamaulipas ya se están frotando las manos ante la posibilidad de un jugoso negocio…
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