Despejada la tolvanera que dejó la captura de Dámaso López, el sucesor de Joaquín “El Chapo” Guzmán dentro del Cártel del Pacífico, lo que no está nada claro es porqué y de parte de quién fue la detención. Perseguido por Estados Unidos desde enero de 2013, no había una preocupación similar en México, aunque aparece en la lista de los 17 objetivos del narcotráfico –de un total de 122- que todavía faltan por detener. El silencio de las autoridades mexicanas no ayuda a disipar las dudas, ni resuelve preguntas fundamentales: ¿realmente quería detenerlo el gobierno mexicano? ¿había una investigación en su contra? ¿se le detuvo por presión de Estados Unidos? Por el contrario, sus declaraciones fragmentadas, junto sus temores de comparecer ante la prensa, ha llevado únicamente a contradicciones que muestran que la verdad del gobierno mexicano sobre la captura, es una verdad a medias.
La primera señal de que las cosas que decían las autoridades mexicanas eran parciales y confusas, se dio cuando al celebrar la detención de López, el presidente del Senado, Pablo Escudero, declaró: “Es un éxito de la PGR y la Secretaría de la Defensa. Es una buena señal de cómo se están articulando las autoridades norteamericanas con la Marina, la PGR y la Defensa Nacional”. Es decir, en la persecución y finalmente detención de López, participaron activamente las agencias de inteligencia estadounidenses. Ningún funcionario confirmó lo dicho por Escudero, pero tampoco lo negó. El jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Omar García Harfuch, profundizó la confusión, al asegurar en un mensaje a medios el martes –que originalmente se organizó como conferencia de prensa-, que la detención obedeció a una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.
Lo que dijo no se sostiene con los hechos, o las autoridades violaron el debido proceso de López, por lo que dado el garantismo actual de la Suprema Corte de Justicia, puede salir en libertad y las acusaciones desechadas como pruebas para mantenerlo en la cárcel. Esto se explica porque si lo señalado por García Harfuch es cierto, sus agentes debieron haberlo llevado ante el juez que habría ordenado su detención con fines de extradición, y no trasladarlo directamente a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de la Delincuencia Organizada.
Expertos dijeron que la única justificación de llevarlo a la SEIDO tendría que ser mediante la apertura de una carpeta de investigación tras la difusión en los medios la semana pasada de un video realizado por un hacker en donde aparece López. Funcionarios confirmaron indirectamente esa explicación al señalar que sería cumplimentada una orden de aprehensión por el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales de Jalisco, y le serían imputados delitos
flagrantes, lo que apoya el dicho de García Harfuch –y ratifica violación al debido proceso-, que tendría que ver con los paquetes de metanfetaminas que
se encontraron en el departamento donde se encontraba durante los cateos tras su detención.
La manera como se están tropezando las autoridades mexicanas en la explicación clara sobre el origen de la captura de López, no puede entenderse sin observar a la contraparte estadounidense. El gobierno del presidente Barack Obama mantuvo sellado, sin explicación alguna, el expediente sobre López abierto en 2011, desclasificado el 7 de marzo de 2013 al iniciar el juicio en su contra en la Corte Este de Distrito en Virginia. El 9 de enero de ese año, el Departamento del Tesoro lo incluyó junto con Inés Coronel Barreras, suegro de “El Chapo” Guzmán y condenado la semana a 10 años de prisión, como los principales lugartenientes del capo sinaloense en la llamada Acta Kingpin, que prohíbe todas las relaciones comerciales y financieras de ciudadanos estadounidenses con ellos y sus empresas.
En noviembre de 2011 el gobierno de Estados Unidos solicitó la orden de aprehensión contra López, por lavado de dinero y tráfico de cocaína por 280 millones de dólares. Las investigaciones se profundizaron en Estados Unidos, mientras que en México no se dio seguimiento. Una orden de aprehensión solicitada por la PGR en febrero de 2011 fue peleada en tribunales por López, quien obtuvo un amparo el 22 de noviembre de 2012. Desde entonces no hubo nada en su contra hasta los últimos días, cuando se le detuvo como consecuencia directa, aparentemente, de un video hecho por un hacker y difundido por Carlos Loret en su programa “Despertar” de Televisa.
Ese video cambió la dinámica dentro del gobierno mexicano al quedar expuesto ante la opinión pública. Loret dijo que había sido videograbado por una persona que tras entregar el material viajó a Estados Unidos para “ser protegido por ese país”. ¿Por qué tendría que ser protegido por Estados Unidos alguien que no sirvió a Estados Unidos? Quienes proporcionaron a Loret el video, no lo explican. Tampoco porqué, si era un hacker infiltrado por los mexicanos, no le dieron protección.
Con la información disponible se puede argumentar que ese hacker no trabajaba para el gobierno mexicano, sino para el estadounidense. Por lo tanto, era un activo de los servicios de inteligencia de ese país, que tras cumplir con su objetivo -quizás agudizar las contradicciones en el gobierno mexicano sobre qué hacer con López-, fue extraído para proteger su vida. Esta acción sería consistente con la persecución en aquella nación contra López, y la decisión de explotar mediáticamente la presencia del narcotraficante en la Ciudad de México, para obligar a un gobierno pasivo a actuar y no ser exhibido como cómplice, voluntario o no, de los cárteles de la droga.
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