CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Desde 2007 los partidos políticos en Tamaulipas han recibido unos mil millones de pesos solamente de financiamiento público, más al menos otros dos tantos gastados por los partidos en las cuatro elecciones estatales, dos intermedias y dos generales, celebradas desde esa fecha, mostrando a la política como una prioridad estatal.
Este dinero contrasta con lo invertido en algunas necesidades reales de la entidad, como mejorar la reclusión, rubro que esta detenida la construcción desde hace seis años del único penal estatal que tendría condiciones de media y alta seguridad, por la falta de una inversión de 400 millones de pesos.
Tampoco se pudo construir la Segunda Línea del Acueducto Victoria, que requería de 900 millones de pesos de inversión y, hace 10 años la Comisión Nacional del Agua negó los fondos para la Presa El Vertedero, que habría acabado con las inundaciones en el área conurbada del sur, al embalsar y detener avenidas del río Tamesí.
En 2016, aunque los topes de campaña para Gobernador fueron de 21.6 millones de pesos, al final de la elección los partidos aseguraron que PRI y PAN había duplicado y tal vez triplicado este tope.
Los datos del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) señalan que se otorgó un financiamiento público a los partidos para el año electoral 2016, de 175 millones 460 mil pesos, cifra que el 18 de junio de 2017 fue duplicada al menos por el financiamiento privado llegaría casi a 351 millones de pesos.
En 2016 Tamaulipas recibió del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 246 millones de pesos, sobre los cuales el Ejecutivo estatal puso otros 200 millones de fondos estatales, lo que significa que la prioridad en 2016 no fue la seguridad pública, sino las elecciones.
Pero, además, el financiamiento público ha sufrido una inflación muy superior al FASP. Por ejemplo en 2004 se recibieron 188 millones del Fondo para
la seguridad pública y el financiamiento público federal ascendió a 57 millones de pesos. El FASP se otorga a las entidades federativas como apoyo principal para los gastos penitenciarios, la ejecución de programas de prevención del delito, para apoyar las acciones en materia de seguridad pública de los municipios, para la profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura e los cuerpos policiacos estatales.
Como se muestra en 13 años el FASP ha crecido 50 por ciento y el financiamiento público a partidos políticos, más del 300 por ciento, lo que significa que tiene mayor importancia financiar partidos que financiar el combate a la delincuencia.
En 2010, la siguiente elección para Gobernador, el financiamiento público total ascendió a 73.3 millones de pesos y el FASP otorgado por la federación fue de 188 millones de pesos.
Incluso para años no electorales la inflación en el financiamiento público es notoria, y para el año no electoral 2009, se otorgaron 43.6 millones a los partidos, para el año no electoral 2015 110.8 millones y para 2017, año que tampoco es electoral, el financiamiento para los partidos políticos ascenderá a 128.3 millones de pesos y una FASP de 265.7 millones de pesos.