El reportaje publicado esta semana por el New York Times revela una realidad que ya conocíamos y que en México y en otros países se vive desde hace siglos o décadas: un Estado que espía a sus ciudadanos, y un tenebroso e inescrupuloso aparato gubernamental especializado en hacerlo.
El espionaje tal y como se conoce en la actualidad surgió al igual que muchas prácticas del Estado moderno en la Francia revolucionaria del siglo XVIII y del siglo XIX. Fue en los inicios de la era que aún nos rige, que los países se hicieron de todos los instrumentos posibles para mantenerse al tanto de todo lo que hacían o dejaban de hacer otras naciones y principalmente, por los grupos de poder más importantes dentro de su territorio.
Figuras como las de Joseph Fouché hubieran pasado desapercibidas de los libros de historia si no hubieran llevado a cabo en todo su esplendor la práctica del espionaje, al grado de convertirlo en una institución más del aparato gubernamental.
Y fue la fiebre revolucionaria la que despertó en muchas naciones primero el temor y después el ímpetu de utilizar en primer lugar a la milicia y también a la policía como el principal eslabón de una cadena que servía para limitar el poder de acción de figuras o grupos que representaran una amenaza al establishment y al Status Quo.
Gracias a la Segunda Revolución Industrial y a las dos Grandes Guerras, el espionaje como una ejercicio más de poder de un Estado logró su consolidación como un elemento indispensable que permite su legitimación mediante el monopolio de la violencia.
Fue el siglo XX principalmente el que le dio una clara lección a todos los países que sin un aparato de inteligencia efectivo, cualquier catástrofe interna o externa era posible.
Desde la fiebre comunista producto de una Inteligentia activa hacia el exterior que orquestó la caída del zarismo y la implementación del comunismo en Rusia hasta la llegada del nazismo mediante la vía democrática en la extinta República de Weimar, un estado que no se mantenía al tanto de los movimientos del vecino y de sus inquilinos, fracasaría ante la primera flaqueza.
Al nacer como producto de la primera Revolución del Siglo XX el Estado Mexicano contemporáneo, consolidado mediante el Partido Revolucionario Institucional, se propuso como uno de sus objetivos principales el control de gremios, grupos patronales, obreros, campesinos y hasta de la misma oposición para perpetuarse en el poder durante más de 70 años.
Por herencia inmediata adoptó el corporativismo partidista para mantener su hegemonía, o al menos su presencia en prácticamente todos los sectores de la población. De su vecino norteño y de los regímenes totalitariosco calcó el uso de todo tipo de elementos para mantener a raya a sus opositores.
Gracias al dualismo con el cual el tricolor se movió en complicidades y apoyo indistinto y simultáneo del gremio obrero y de la clase patronal, pudo
alimentar una red de intereses que mediatizaron y alinearon en su favor a las organizaciones obreras y organizaciones campesinas que parecían ser defendidas por el partido, el mismo que a su vez apoyaba y coptaba a empresarios y terratenientes para mantener sus intereses intactos.
Precisamente con el apoyo de los máximos representantes de dichos gremios, y la presencia de un ejército y una policía bien organizados, por mucho tiempo se mantuvo el control político , a salvo de cualquier intento de golpe desestabilizador por parte de la oposición o por la izquierda que en la segunda mitad del siglo XX tuvo una mayor presencia mayor y una postura más congruente.
Pero fue el mismo apoyo del Estado mexicano, en su omisión o respaldo indirecto que dichos grupos crecieron y sirvieron como otro brazo fuerte del Gobierno para mantener a raya a un empresariado en ascenso gracias al impulso estadounidense.
Fueron las grandes crisis al final del siglo XX, las fallidas políticas neoliberalistas y las constantes devaluaciones de la moneda las que debilitaron al Estado mexicano, hasta entonces controlado por un solo partido, y poco a poco sus mecanismos de control terminaron por quedar diezmados ante una oposición más activa y sobre todo, más apegada a la vía institucional.
Tras la alternancia política, los nuevos gobiernos demoraron unos años en organizar a las fuerzas del orden hasta entonces controladas por un régimen de 70 años que tuvo su figura más emblemática en Fernando Gutiérrez Barios, el veracruzano que montó el aparato que le permitió larga vida al
dinosaurio tricolor.
Fue entonces, cuando esos nuevos gobiernos que requirieron el apoyo externo de Estados Unidos y de empresas dedicadas al espionaje, adaptado ya a las nuevas tecnologías.
Y gracias a la apertura que el sector gubernamental tuvo para recibir el apoyo de intereses externos, fue que la seguridad de millones de mexicanos fueron a dar a las manos de otros actores capacitados en el extranjero, independientemente de la constante intervención de los estadounidenses.
Una práctica que en la actualidad a un sector de la población no asombra porque hay testimonios e investigaciones que dan cuenta del espionaje y de los gobiernos y grupos de poder que lo utilizan para garantizar su permanencia en el poder y la integridad de sus ciudadanos, que es más bien un mero pretexto de una narrativa que raya en el cinismo y el descaro.
El problema de lo sucedido en la reciente semana consiste en lo siguiente:
¿Cómo justificar o emprender alegatos en defensa de esa intromisión en la intimidad de los actores políticos, sociales o empresariales si el país ha firmado todo tipo de acuerdos para proteger los Derechos Humanos de las personas?
¿Cómo espiar a la ciudadanía si se supone que el país debe evolucionar en su tambaleante democracia y no perseguir a figuras de la oposición?
¿Cómo espiar a la ciudadanía si el país tiene otros tantos problemas como el hambre que sufre un sector de la población y en lugar de combatirla gasta el presupuesto en vigilar a los mexicanos?
¿Cómo espiar a la ciudadanía y por qué gastar el presupuesto en compañías privadas cuando el gobierno ha ejercido un tremendo gasto en tecnologías que le permiten hacer lo mismo?
¿Cómo espiar a la ciudadanía si no rinden cuentas sobre los montos gastados en la era de la Transparencia y la Información Pública?
Y lo más preocupante…
¿Por qué gastar tanto dinero en vigilar a ciudadanos y aún así no poder garantizar su seguridad frente a la delincuencia organizada?
Sin contar a otras amenazas externas como los terroristas que han llegado a Estados Unidos tras cruzar por nuestras frágiles fronteras…
Priistas relegados
La designación del nuevo secretario de comunicaciones y transportes es una muestra del poder que entre las élites del poder tiene Roberto Gil Zuarth y de la ínfima capacidad de maniobra de personajes como Baltazar Hinojosa, Eugenio Hernández, Edgar Melhem, etcétera.
Por lo menos lo que hemos visto es una señal de lo que puede ocurrir en el 2018: el priismo tamaulipeco no existe, ni para los PRI Nacional ni para los hombres del poder en el gobierno federal priista.
No les interesa Tamaulipas y van a dejar al garete a sus camaradas tricolores del Estado. Esa es la señal… que no tiene nada de novedoso por cierto.
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