CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que la matanza de 72 migrantes el 24 de agosto de 2010 en San Fernando es una grave violación de los derechos humanos.
La resolución de la CNDH es producto de la sentencia de amparo dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de las víctimas, representadas por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
El Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa notificó la conclusión del caso el pasado 20 de junio de 2017. La batalla para que la CNDH valorara la matanza duró 3 años.
En agosto de 2016, la Corte ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar copias del expediente y de las averiguaciones previas de la masacre a parientes de las víctimas. La Primera Sala reconoció el derecho de acceso a la información pública de las señoras Bertila Parada de Osorio y Alma Yesenia Realegeño Alvarado, madre y hermana, respectivamente, de Carlos Alberto Osorio y Manuel Antonio, quienes fueron asesinados en territorio tamaulipeco.
A pesar de la sentencia de la SCJN, la procuraduría federal no entregó ningún documento a las familiares de los asesinados originarios de El Salvador, alegando que la CNDH no determinó violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. En cambio, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) acató la orden de otorgar los derechos a las salvadoreñas.
Berpila Parada y Alma Realegeño reclamaron violaciones por fragmentación de casos, negación de información, negación de copias del expediente, la falta de reconocimiento de sus derechos como víctimas, los malos procedimientos forenses, la falta de atención y reparación han caracterizado estos terribles acontecimientos.
“…se espera que habiendo dado este paso en casos de migrantes, la CNDH clasifique también como graves violaciones la masacre correspondiente al hallazgo de 47 fosas con 195 restos en San Fernando y la masacre de Cadereyta, lo cual ya ha sido solicitado por las víctimas y la Fundación para la Justicia”, informó la organización de la sociedad civil.
