REYNOSA, Tamaulipas.- Los agentes de tránsito vuelven al “ojo del huracán”. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas abrió una investigación contra las corporaciones de tránsito de Reynosa, Matamoros y Río Bravo, acusadas de trabajar con el crimen organizado.
Más de 300 elementos de las direcciones de vialidad de los municipios fronterizos fueron interrogados por agentes del Ministerio Público durante una semana. La acción judicial provino de una investigación federal que acusa de “halconeo” a personal a cargo de los ayuntamientos.
A partir de 2011, el gobierno de Tamaulipas y los ayuntamientos más grandes de la entidad han acuartelado y depurado los grupos de agentes de vialidad. En 2014 se iniciaron indagatorias en Tampico, Matamoros, Reynosa, Ciudad Madero, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria. Los resultados de las depuraciones no se difundieron.
La revisión comenzó el jueves por la mañana en Río Bravo, por una denuncia que aportaba presuntas pruebas de que la corporación estaba infiltrada por delincuentes. El 7 de septiembre llegaron 20 hombres al mando del comisario general de la Policía Investigadora, Luis García Arévalo, para empezar la indagatoria. La PGJ indicó que el único funcionario que no quiso participar en la investigación fue el director de Escuadrón Vial ríobravense, Javier
Hinojosa Hinojosa.
Los trabajos de investigación continuaron en las oficinas municipales de Matamoros y Reynosa, ambas con más de un centenar, cada una, de elementos.
En los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de
Justicia.
En agosto, el regidor Antonio Segundo Amaro Chacón, integrante de la comisión de Gobierno y Seguridad en el Cabildo de Matamoros, acusó al municipio de dar empleo a elementos que no cumplen con los exámenes de control y confianza. “No cuentan con una capacitación, traen uniformes de tránsitos e ilegalmente hacen detenciones a los vehículos y están infraccionando”, dijo.
En respuesta, el secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Abelardo Escamilla, habló sobre una denuncia por un par de tránsitos acusados de no cumplir con los exámenes de control y confianza. El caso se resolvió a favor de los servidores públicos. “De los 130 elementos que están en Tránsito todos tienen certificación”, dijo el segundo al mando del palacio matamorense.
Las investigaciones en el resto de las direcciones de vialidad de los municipios de mayor población continuará, de acuerdo con la información compartida por la Procuraduría General de la República (PGR) a su homóloga estatal.
No están acreditados: PGJ
El procurador del estado, Irving Barrios Mojica, confirmó que existen municipios del estado donde sus elementos de tránsito y seguridad desempeñan sus labores sin acreditar los exámenes de control de confianza.
Barrios Mojica agregó qué existen reportes del C-3 donde en al menos tres municipios de la franja fronteriza, los elementos policiacos y mandos de estas dependencia no se les aplicaron los exámenes de control de confianza.
“Lo que reporta el área del C-3 es que no todos los municipios están cumpliendo con esta función de tener a sus elementos con exámenes de control y confianza, otros más están dando nombramientos que no son de policías de tránsito, que no pueden ser de policías municipales”, indicó Barrios Mojica.
El Procurador recordó que las labores de seguridad son brindadas por policías estatales.
“Fueron los elementos de Matamoros, de Río Bravo, de Reynosa, donde van un poco más avanzadas las investigaciones por que han señalado otros municipios, son más 100 elementos los que se encuentran de seguridad pública en Matamoros, como veintitantos en Río Bravo más los de Reynosa, en total son más de 300”, agregó el Procurador.