Sigue siendo insuficiente la ayuda inmediata a los damnificados de los terremotos. En particular en las poblaciones del sureste donde aún no ha llegado la ayuda necesaria. No obstante ya se perfilan las posiciones encontradas en torno a la reconstrucción, que durará años y marcará el fin del sexenio.
En la ciudad de México la verificación del cumplimiento de las normas de construcción de los edificios derruidos, de los otros miles con algún daño, e incluso de los aparentemente intactos se perfila como lo fundamental. La razón es sencilla, queremos saber si la destrucción se originó en el incumplimiento de las normas, y si habitamos en lugares seguros.
Las irregularidades de la construcción del Colegio Rebsamen originaron la denuncia penal de la actual delegada de Tlalpan; podría ser la primera de una oleada que pondrá al descubierto las entrañas de la industria de la construcción y la capacidad del sistema de justicia. Antecedentes como el socavón del paso exprés contribuyen a la desconfianza ciudadana de lo que puede ser visto como una alianza corrupta entre algunas autoridades y constructores.
En otro espacio de la geografía nacional, el de un sureste terriblemente herido, la discusión sobre la estrategia de reconstrucción perfila un conflicto entre el adobe y el concreto.
Cuando el secretario de educación, Aurelio Nuño, se presentó en la histórica y muy dañada escuela Juchitán llevaba en la mano planos para su reconstrucción. Iba preparado para los aplausos. Pero su proyecto fue rechazado por la directora y los maestros que, le explicaron, no era conveniente construir un plantel de tres pisos en zona sísmica. Pretendió dirigirse a la población congregada pero la rechifla le impidió hablar. El mensaje fue contundente: la escuela debe ser reconstruida como estaba.
Francisco Toledo, el ilustre oaxaqueño famoso por su obra artística y por su activismo cívico, exigió que en la reconstrucción se respete la arquitectura, materiales y tradiciones culturales de la región. Fue la expresión de múltiples voces. De otro modo se atentaría contra los modos de vida locales y se crearía vivienda inapropiada, como ya sucedió ante otros desastres.
De hecho la construcción de vivienda en el país ha sido un ejercicio de despilfarro y mala planeación que se traduce en millones de viviendas inhabitables, con un costo gigantesco para los que las abandonan y para los que pagamos impuestos.
Peña Nieto entró al quite diciendo que “la caída de las viviendas se debió sobre todo a que están hechas de adobe y tienen escasa cimentación.” También hizo un llamado a las empresas constructoras, “las que han realizado importantes proyectos de construcción en el país” a solidarizarse y contribuir a la reconstrucción de viviendas.
No se hizo esperar la respuesta de cientos de redes, colectivos, organizaciones y conocedores del tema, muchos de ellos arquitectos e ingenieros, que firmaron el manifiesto del 15 de septiembre ¡Por el derecho a construir con tierra! Ahí se dirigen al presidente, y lo refutan, señalando múltiples ejemplos de buena
construcción con materiales locales. Mejor que los centenares de escuelas de concreto derruidas y que las viviendas inhabitables promovidas por entidades públicas.
La discusión sobre si se reconstruye con adobe o concreto tiene un trasfondo que es muy importante revelar. Reconstruir de acuerdo a las tradiciones culturales y con materiales locales como adobe, bajareque, tejas, morillos, implica adaptarse a las condiciones climáticas de cada zona y movilizar la mano de obra local. Se trataría de una reconstrucción compenetrada con los requerimientos de cada familia y localidad.
Reconstruir con concreto es implantar los mismos diseños en todas partes, en un proceso altamente monopólico y concentrado en las empresas que, como dijo el presidente, han realizado los proyectos importantes de este sexenio. A muchos inquieta la noticia de que la constructora del paso exprés de Cuernavaca participará en la reconstrucción en Jojutla (¡imagínese!).
Mientras el adobe representa la movilización de materiales y mano de obra dispersa y local, la propuesta presidencial abre camino a una reconstrucción monopólica que puede ser un enorme negocio de fin de sexenio para los amigos de siempre.
La reconstrucción como negocio de cuates se manifiesta en la creación del fideicomiso “Fuerza México”. Creado por la elite empresarial se propone captar el grueso de las donaciones internas y externas para trabajar de manera coordinada con las autoridades federales. Con una fachada privada se convierte en una plataforma privilegiada por Hacienda para captar las donaciones.
Un tercer mecanismo, el de las zonas económicas especiales, ofrece colocar bajo administración privada infraestructura pública que sumada a exenciones de impuestos e inversiones externas crearía un escaparate exportador. De ese modo con un gran costo de recursos públicos se crearían unos cuantos miles de empleos en los próximos años. Eso sí se logran atraer inversiones chinas y de otros países.
Todo apunta a que la reconstrucción se diseña sin escuchar las voces de los afectados ni en cuanto a los materiales y manera de reconstruir, ni en el fideicomiso Fuerza México, ni en la administración de las zonas económicas especiales. Una reconstrucción integral requiere movilizar a las personas y recursos nativos de cada zona; no hacerlos a un lado.
El error de Aurelio fue ir a Juchitán para presentar su plan sin escuchar. Este error se reproduce en toda la respuesta gubernamental y puede crear las condiciones para otro sismo político que marcaría el fin del sexenio. Aún hay tiempo de otro diseño; uno sustentado en la capacidad de escuchar a la población y en abrir espacios a la participación social en el diseño de la reconstrucción.
