20 junio, 2026

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Reclama IP un proceso justo en caso Geño

El sector empresarial de Tamaulipas exigió a autoridades judiciales y de procuración de justicia que se realice un proceso legal, eficaz y expedito al ex gobernador Eugenio Hernández y en caso necesario restituir al estado los predios en litigio
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CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El sector empresarial de Tamaulipas exigió a autoridades judiciales y de procuración de justicia que se realice un proceso legal, eficaz y expedito al ex gobernador Eugenio Hernández y en caso necesario restituir al estado los predios en litigio.

La Confederación Patronal Mexicana en voz de su presidente en Victoria, Luis Torre Aliyán, expuso que en congruencia con su posición firme sobre el combate a la corrupción y el fortalecimiento del estado de derecho se reconoce la determinación de la Fiscalía Anticorrupción del estado de velar por la recuperación del patrimonio de los tamaulipecos, y que fue lo que derivó en la detención del ex mandatario tamaulipeco acusado por haberse apropiado de una superficie de mil 600 hectáreas en Altamira.

«Los tamaulipecos exigimos a las autoridades judiciales y de procuración de justicia un proceso legal, eficaz y expedito para que resuelvan tanto la situación jurídica de Hernández Flores como las afectaciones patrimoniales del caso y su restitución total al estado, es momento de hacer valer el estado de derecho para que a través de medidas ejemplares se inhiba a la clase política de caer en corrupción».

Por su parte FECANACO consideró positivo el ejercicio de la ley contra funcionarios públicos sobre los que hay sospechas o investigaciones en relación a la comisión de un delito patrimonial, como es el caso de Eugenio Hernández.

Julio César Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, pidió que el trato que se dé al ex mandatario sea respetando sus derechos sin importar cargo o filiación política o situación patrimonial.

«FECANACO se manifesta respetuosa de la ley y exhorta a autoridades de justicia a indagar, castigar en caso de comprobarse algún delito de cualquier funcionario que pudiese haber hecho mal uso de los recursos públicos, abuso de su cargo o excesos de su función».

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