CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En las últimas semanas, instancias judiciales y de derechos humanos han vuelto a poner la lupa en casos emblemáticos de desapariciones forzadas, en las que de algún modo se han visto involucradas autoridades tamaulipecas del pasado.
Así, la Comisión Nacional de Derechos Humanos busca garantizar que no se repitan más tragedias de ese tipo.
La CNDH ha determinado que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas colaboraron en los ilícitos y, en otros casos, cometieron fallas en las indagatorias periciales, que impidieron la justicia.
Recientemente, se confirmó que ocho agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas fueron omisos en la investigación de la masacre de 49 personas en Cadereyta en mayo de 2012, determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El organismo emitió la recomendación 8VG/2017 por violaciones graves a los derechos humanos a la seguridad ciudadana y de acceso a la justicia. En el documento también señala omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno de Nuevo León.
La historia
El 13 de mayo de 2012, 49 cadáveres mutilados fueron encontrados por la madrugada en Cadereyta, a un costado de la carretera libre a Reynosa, 40 kilómetros al oriente de Monterrey, Nuevo León. A lado de los cuerpos de 43 hombres y seis mujeres había un mensaje presuntamente firmado por un grupo delictivo que se atribuía los homicidios.
El trabajo forense hecho hasta el día de hoy ha logrado identificar a 14 de las 49 víctimas de la masacre. Diez de esas personas eran migrantes hondureños, 2 migrantes nicaragüenses, un migrante guatemalteco y un mexicano.
Tras cinco años con 5 meses de investigación, derivada de una queja iniciada de oficio, el organismo nacional concluyó cuáles dependencias fallaron en la indagatoria judicial: la PGR, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Relaciones Exteriores (SRE), Policía Federal (PF), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Consulado de Honduras en México y las procuradurías nuevoleonesa y tamaulipeca.
El ombudsman Luis Raúl González ordenó al gobierno de Tamaulipas una serie de acciones a nivel institucional para que las omisiones judiciales no se repitan e iniciar un plan para que la matanza de migrantes no se repita.
Una de las exigencias más importantes es que la Secretaría de Seguridad Pública realice un diagnóstico sobre las rutas de tránsito de migración en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS)
“…particularmente en las zonas identificadas como alto riesgo para la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de personas migrantes, con la finalidad de que se intensifiquen acciones de vigilancia y evitar casos como los que dieron origen a la presente recomendación”, refiere la recomendación pública.
El gobierno del estado tendrá que designar un servidor público de “alto nivel” para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Además, todos los agentes del Ministerio Público deberán cursar un taller para el acatamiento de las disposiciones jurídicas relativas a los derechos humanos de las víctimas del delito.
“En caso de que la responsabilidad administrativa haya prescrito, se deberá anexar al expediente personal de los servidores públicos señalados como responsables de violaciones a derechos humanos, copia de la determinación que emitan los respectivos órganos de control y vigilancia, así como de la presente recomendación.”, indica la CNDH.
Atienden recomendación
El Gobierno de Tamaulipas atiende la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Se trata de la recomendación 8VG/2017 para la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
A través de un comunicado de prensa, la administración local explicó que instruyó a la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales para implementar la recomendación, por lo cual pidieron a la PGJE se dé seguimiento a la denuncia de hechos.
Para ello, la Procuraduría deberá iniciar una averiguación previa para deslindar responsabilidades de las autoridades correspondientes.
Más casos
Tamaulipas también recibió otra recomendación este año. Después de enfrentar un juicio durante 46 meses, la CNDH reconoció que la masacre de 72 migrantes el 24 de agosto de 2010 en San Fernando es una grave violación de los derechos humanos.
La resolución de la CNDH es producto de la sentencia de amparo dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de las víctimas, representadas por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD). El Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa notificó la conclusión del caso el pasado 20 de junio de 2017.
En enero de 2014, la FJEDD solicitó a la CNDH la versión pública del expediente de queja número CNDH/5/2010/4688/Q, relacionado con dicha masacre. Sin embargo, la Comisión determinó que la información era confidencial. La organización de la sociedad civil alegó que tenía derecho al expediente, puesto que ya se había emitido recomendación 80/2013. Ante la negativa interpuso un amparo contra la declaración de reserva.
Transcurrieron tres años, el 24 de mayo de 2017, la Segunda Sala de la SCJN determinó que la “CNDH tiene la facultad para calificar cuándo un caso constituye graves violaciones a los derechos humanos”. Los magistrados establecieron que de confirmarse la clasificación, y de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el expediente no podría ser confidencial.
La FJEDD representa a las señoras Bertila Parada de Osorio y Alma Yesenia Realegeño Alvarado, madre y hermana, respectivamente, de Carlos Alberto Osorio y Manuel Antonio, quienes fueron asesinados en territorio tamaulipeco. En una acción paralela, en agosto de 2016, la Primera Sala de la Corte ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar copias del expediente y de las averiguaciones previas de la masacre a las parientes de las víctimas.
Berpila Parada y Alma Realegeño reclamaron violaciones por fragmentación de casos, negación de información, negación de copias del expediente, la falta de reconocimiento de sus derechos como víctimas, los malos procedimientos forenses, la falta de atención y reparación han caracterizado estos terribles acontecimientos.
A pesar de la sentencia de la SCJN, la procuraduría federal no ha entregado ningún documento a las familiares de los asesinados originarios de El Salvador. La justificación de la PGR era que la CNDH no determinó violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
Ahora, con la nueva conclusión, la PGR y la Comisión deberán hacer públicos los expedientes.
“…se espera que habiendo dado este paso en casos de migrantes, la CNDH clasifique también como graves violaciones la masacre correspondiente al hallazgo de 47 fosas con 195 restos en San Fernando y la masacre de Cadereyta, lo cual ya ha sido solicitado por las víctimas y la Fundación para la Justicia”, comentó la organización de la sociedad civil.
La reclasificación de la CNDH fue notificada al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade; y al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por ser autoridades que les compete la masacre de agosto de 2010 en San Fernando.
Los desaparecidos
No es la primera vez que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncia sobre la crisis de las desapariciones en Tamaulipas y en todo el país.
“La desaparición de personas es producto, en buena medida, de la impunidad, violencia, inseguridad, corrupción y colusión de funcionarios públicos con la
delincuencia organizada”, señaló la CNDH en el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México.
La organización ha puesto especial atención en la entidad. En abril de este año apuntó la existencia de 70 fosas ilegales con más de 342 cadáveres de enero de 2007 a septiembre de 2016.
Los datos fueron recabados tras la revisión de periódicos nacionales y locales, pues la CNDH señaló que el exprocurador Ismael Acosta Quintanilla no atendió la petición de datos enviada por la instancia nacional.
Ya hay ley, pero…
Después de tres años de discusiones y de una fuerte presión de las organizaciones de víctimas, el Congreso aprobó la Ley contra la desaparición forzada.
El problema es que el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, no contempla gasto específico para esta tarea, que tan sólo en Tamaulipas implica la búsqueda de más de 7 mil personas desaparecidas.
De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la aplicación de la ley requiere por lo menos de 440 millones de pesos, la mayor parte de esa cifra para la creación y operación de la Comisión Nacional de Búsqueda, que a su vez incluye la formación de 32 comisiones estatales.
Además, se formarán grupos de búsqueda, integrados por tres investigadores para cada estado, con un presupuesto anual de 82 millones de pesos.
La recién creada Fiscalía de Especializada en Personas No Localizadas (FEPNL) cuenta actualmente con nueve agentes que buscan el paradero de 7 mil personas, y la identificación de 2 mil cuerpos que han sido inhumados en fosas comunes como “no identificados”.