CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Si el tráfico ilegal de drogas ha sufrido fuertes golpes, los grupos delincuenciales han encontrado suficientes alternativas de ingresos para garantizarse la subsistencia.
La más lucrativa de todas: el robo y venta de hidrocarburos.
En muy pocos años, la ordeña de combustible se convirtió en el segundo negocio más importante para el crimen organizado, sólo después de la “exportación” de estupefacientes a Estados Unidos.
El tráfico de personas, la piratería y los giros negros palidecen ante esta mina de oro.
Basta revisar algunas cifras: en 2016, las bandas de “chupaductos” le robaron a Pemex 2 mil 282 millones de litros de combustible, lo que significaron pérdidas por 30 mil millones de pesos para la empresa petrolera.
Es decir, esa cantidad fue a parar a manos de delincuentes que la comercializaron en el mercado negro o incluso en gasolineras establecidas.
En Tamaulipas, advirtió recientemente el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, hay 15 estaciones de servicio que están en proceso de ser cerradas. La causa: venden combustible que no le compraron a Pemex; la sospecha obvia de las autoridades es que encontraron otros proveedores que operan en la ilegalidad, por lo que serían acusadas de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lo más grave es que las cifras del 2016 han quedado muy por debajo de lo que ocurre este año. Tanto el Gobierno Federal como Pemex han encendido las alertas porque en el 2017 se han roto todos los récords de ordeña.
Entre enero y septiembre del 2016 se detectaron 6,783 tomas clandestinas en el país; en el mismo periodo de este año ya se habían hallado 7,642 perforaciones de donde se sustrajeron gasolinas, diesel y turbosina, que fueron a engordar las carteras de la delincuencia.
De acuerdo a la información entregada por Pemex, se ha encontrado una perforación en cada 2.2 kilómetros de la red de ductos del país.
Si se mantiene este ritmo durante el 2017, en diciembre se habrán superado por mucho los 30 mil millones de pesos que ganaron las bandas delincuenciales el año pasado.
Actualmente, Tamaulipas es el tercer estado con más ordeña del país. Guanajuato y Puebla ocupan las dos primeras posiciones.
El negocio es de tal magnitud que en esas dos entidades se han desarrollado nuevos carteles dedicados específicamente a esa actividad.
Durante los primeros nueve meses del año, en Tamaulipas se encontraron 880 perforaciones, contra las 1,092 de Puebla y 1,393 de Guanajuato.
El ducto Madero-Cadereyta es el más ordeñado del estado, sobre todo en el tramo de Altamira-González, donde se han encontrado la mayor cantidad de perforaciones.
Por eso, Pemex ha desembolsado grandes cantidades de dinero para tratar de protegerlo, aunque no ha tenido éxito. Cada día, la empresa gasta 496 mil 766 pesos en vigilar y reparar la tubería que transporta 38 mil barriles diarios.
La dirección jurídica de Pemex ha reconocido el problema y ha estimado el robo diario de hidrocarburos en 23,500 barriles por día. Las ganancias anuales para la delincuencia serían de 21 mil millones de pesos.
Años de indolencia
De acuerdo a las cifras de la Procuraduría General de la República, a pesar de que esta práctica ilegal ataca a Tamaulipas desde hace por lo menos una década, fue hasta el año 2016 que en Tamaulipas comenzó a atacarse de manera frontal.
En el 2014 y 2015, sólo se abrieron 7 averiguaciones y carpetas de investigación respectivamente, mientras que en el 2016 la PGR abrió 295 y entre enero y julio de 2017 ya sumaban 213.
Pero hay otro problema, pese a la gran cantidad de detenciones e investigaciones, en los últimos años no se ha emitido ni una sola condena por los delitos relacionados con la ordeña.
Especialistas señalan que esto se debe a la mala integración de los expedientes.
Una fuente de la Procuraduría General de la República advirtió que la mayoría de los detenidos por robo de hidrocarburo salen libres por fallas desde el momento de la detención.
Militares, policías estatales y personal de Pemex cometen errores, lo que impide que estos puedan ser presentados en los juzgados.
El jueves estuvo en Tamaulipas, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, quien firmó un acuerdo con el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca para crear un grupo especial que trabaje de manera permanente para frenar esta práctica ilícito.
Después de años de intentar -sin éxito- frenar la ordeña con detenciones de operadores de la ordeña, las autoridades federales y estatales ahora apuntan la mira a otro escalafón del negocio: las gasolineras.
A principios de noviembre, se realizó el primer operativo mixto para revisar el funcionamiento de cientos de estaciones de servicio.
PGR, Sedena, Pemex, Profeco, Protección Civil y Cofepris revisaron desde las medidas de seguridad hasta el origen del combustible almacenado.
La estrategia es sencilla y parece eficaz: determinar cuánta gasolina han vendido y cuánta le han comprado a Pemex. Cuando los números no cuadran inicia una investigación que deriva en la clausura, como el caso de 15 estaciones de la frontera que ya están en ese proceso.
Esa será una de las tareas primordiales del equipo especializado que conformarán funcionarios de Pemex y del Gobierno de Tamaulipas y que operará de manera permanente.
Para la entidad, el combate a la ordeña se suma a la lucha contra otros negocios del crimen organizado, como el transporte ilegal, los yonques, los casinos y giros negros.
“Representa una fuente de financiamiento de la delincuencia organizada que se encadena a otras actividades ilegales, por lo que debe cerrarse esa llave”, dijo el gobernador.
A la par de la revisión de las gasolineras, por primera vez Pemex informó que inició 43 procedimientos administrativos contra 48 funcionarios de la empresa por su presunta implicación en el robo de productos.
“Pemex está plenamente comprometido en llegar hasta las últimas consecuencias en todos los casos en que se detecten conductas irregulares (administrativas y delincuenciales) por parte del personal”.
Aunque no dio a conocer en qué entidades se concentran los procedimientos, trascendió que se trata de estados en el norte del país.
Arman alianza
La visita a Reynosa del director general de Pemex, José Antonio González Anaya, sirvió para que la empresa petrolera y el gobierno del estado firmaran un acuerdo para “coordinar esfuerzos y acciones” contra el robo de hidrocarburos en la entidad.
EL primer punto de esta alianza, firmada por el funcionario y or el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, fue la creación de un “Grupo Interinstitucional” para atacar este delito.
Se acordó el compromiso de implementar acciones que conduzcan a reducir la demanda de combustibles robados, lo que implica sobre todo revisiones sobre la legalidad con la que operan las estaciones de servicio la entidad.
El equipo de trabajo permanente que combatirá la ordeña estará integrado por personal de Pemex y del gobierno del estado y se encargará de establecer estrategias que ayuden de manera directa a bajar los índices de este ilícito.
“Hay que usar todos los instrumentos del Estado, a través de una estrategia integral que combate en todos los frentes para encarecer los combustibles robados”, expresó González Anaya.
Los grupos delincuenciales se las han ingeniado para mantener a flote sus empresas.
Si arrecian los operativos contra el “huachicol”, suben el precio de su producto; así en el último año, el litro de combustible robado puede alcanzar los 11 pesos en el mercado negro, cuando en el 2016 podía venderse hasta en 7 pesos.
De cualquier manera, el precio sigue por debajo de los 15 pesos que en promedio cuesta el litro de gasolina Magna en todo el país.