CIUDAD VICTORIA, Tam.- Autoridades migratorias de Estados Unidos impidieron a la ex alcaldesa de Matamoros su ingreso a Brownsville, Texas y tras un largo interrogatorio decidieron retirarle su visa.
Según versiones extraoficiales, elementos del CBP (Custom Border Protection) detuvieron en el puente Nuevo de Matamoros a Lety Salazar, a quien habrían retenido por espacio de seis horas para llevar a cabo un interrogatorio.
La ex alcaldesa intentaba cruzar la frontera en una camioneta Tahoe blanca blindada, que utiliza regularmente desde que dejó su cargo en el gobierno municipal de Matamoros.
Agentes del ICE (Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos) habrían llevado a cabo el interrogatorio.
Fuentes cercanas al caso informaron que tras la intervención de sus abogados, la ex alcaldesa regresó al lado mexicano.
En redes sociales trascendió que el motivo de la detención para interrogarla en el puente internacional, fue la supuesta adquisición de propiedades en el Valle de Texas y su presunta residencia en Estados Unidos, sin tener el estatus migratorio adecuado para ello.
De acuerdo a las normas migratorias vigentes, ese es uno de los motivos por el que los agentes aduanales pueden retirar y destruir la visa de ciudadanos extranjeros.
Recientemente, la ex alcaldesa de Matamoros también fue señalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como una de las autoridades responsables de la desaparición y ejecución extrajudicial de cuatro jóvenes, en el poblado de Control, Tamaulipas, tres de ellos de origen estadounidense.
“La Comisión Nacional constató que la detención de las víctimas fue ilegal y arbitraria, en razón de que no existió orden de aprehensión en su contra, caso de urgencia o flagrancia que legitimara a los servidores públicos llevarla a cabo”, expresó el organismo a través de un comunicado.
Según la CNDH, además del Grupo Hércules, también la Marina y Policía Federal habrían participado en la “desaparición forzada”.
“Este Organismo Nacional contó con elementos que permiten determinar las violaciones a los derechos humanos a la libertad, la integridad y seguridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica y al derecho a la vida en perjuicio de las cuatro víctimas directas y del derecho a la verdad en agravio de sus familiares, como víctimas indirectas, así como para establecer la probable responsabilidad de los elementos navales y del denominado ‘Grupo Hércules’”.
Este documento fue publicada por la CNDH el pasado 28 de diciembre de 2017, con fundamento en los artículos 1º, párrafo primero a tercero y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 3º, párrafo primero, 6º, Fracciones I a III, 15, Fracción VII, 24, fracción IV, 42, 44, 46 y 51 de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , y 128 a 133 y 136 de su reglamento interno, basado en la examinación de los hechos y las evidencias del expediente CNDH/2/2014/7211/Q y su acumulado CNDH/2/2015/2937/Q en relación a las quejas ya mencionadas.
