De lo que no puede atacarse o criticarle a Ricardo Anaya, es que carece de audacia y temeridad. Una y otra vez, como lo ha hecho por meses, se defiende retóricamente de acusaciones por corrupción. Ni el gobierno federal ni sus voceros en la prensa han podido mostrar la bala de plata que lo elimine, pero tampoco él ha mostrado documentación contundente que haga que los señalamientos queden en lo que señala reiteradamente, que se trata de una persecución política para sacarlo de la contienda presidencial. En el chapoteadero de palabras en las que se encuentran Anaya y sus principales detractores, hay imágenes que no ayudan al candidato y alimentan la sospecha. Sobre todo, la forma como la maquinaria política del PAN y sus aliados no lo ha arropado en estos momentos de crisis.
El domingo fue la última demostración de que Anaya es una papa caliente donde sus aliados están dudando en tomar postura a su favor. En su exigencia a que el presidente Enrique Peña Nieto sacara las manos del proceso electoral, el candidato apareció rodeado por sus asesores Santiago Creel, Marco Adame y Emilio Álvarez Icaza, y el presidente del PAN, Damián Zepeda, junto con los líderes del PRD, Manuel Granados, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, además de los jefes de la corriente de Los Chuchos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, y de su escisión de Los Galileos, Guadalupe Acosta Naranjo. ¿Dónde quedaron los gobernadores panistas? ¿Los perredistas? ¿Por qué no estuvo Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México? ¿Será acaso porque los gobernadores dudan de su inocencia?
El arropamiento político de Anaya no cuaja. El PAN vive una crisis estructural donde corrientes del partido, en donde se encuentran grupos que no tienen la mejor relación, encabezados por los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, están unidos en su contra. Parte de los gobernadores panistas están distanciados de él, o como el de Querétaro, Francisco Domínguez, y el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, enfrentado a él; Domínguez, que autorizó que desde su gobierno proporcionaran los documentos de sus operaciones inmobiliarias que terminaron en El Universal, y el segundo, operando electoralmente en contra de Anaya en las elecciones del estado de México.
La falta de este acuerpamiento es proporcional a cómo desde la campaña priista de José Antonio Meade, están agudizando las contradicciones. “No lo vamos a soltar”, dijo uno de los generales de la campaña. El líder del PRI, Enrique Ochoa, y el coordinador de la campaña, Aurelio Nuño, parece como si estuvieran quemando sus naves en sus ataques contra Anaya. Tan radicales se muestran, que la pregunta es qué tanto más saben para elevar el costo político de Anaya por no responder con documentos en las manos, para buscar provocarlo.
Las autoridades judiciales sí tienen indicios de que Anaya puede ser sujeto de un proceso por presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. Las pesquisas se han ampliado de la operación inmobiliaria en la que el eje de una triangulación financiera presuntamente ilegal fue el empresario queretano, Manuel Barreiro, a la Fundación Por Más Humanismo, que fundó Anaya en 2009, después de renunciar a la secretaría particular del entonces gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón. Los detalles de esa Fundación fueron circulados a través de correos electrónicos a varios periodistas, y uno de ellos, Álvaro Delgado, de Proceso, los publicó a principios de febrero, explicando cómo ese organismo podría considerarse “fantasma”. Otra línea de investigación, deslizada este domingo por el presidente del PRI, son los llamados “moches”, como se denomina al desvío de unos dos mil millones de pesos del Ramo 23 que se destina a municipios, que desde hace meses militantes del PAN han denunciado que se dieron durante la presidencia de Anaya en el partido.
Pero la Procuraduría General de la República ha actuado, hasta ahora, de una manera deleznable, mezclando el sigilo de las carpetas de investigación, con posiciones políticas que inciden en el proceso electoral.
Sin embargo, la torpeza del procurador interino Alberto Beltrán, no debe frenar que haya un esclarecimiento de este caso. No a periodicazos, como ha sido hasta ahora, sino mediante un proceso apegado a Derecho por parte de la autoridad, sin brincar a conclusiones ni utilizar cortinas de humo para politizar la justicia. Anaya también nos debe la presentación de pruebas bancarias que demuestren que sus dichos tienen sustento documental, y que los señalamientos, en efecto, son propaganda negra para descarrilarlo.
Hay que disipar el humo y que cada quien valide su dicho. Después de todo, que no se nos olvide, se trata de un candidato presidencial. Si la PGR tiene las evidencias que apunten a un delito cometido por Anaya, que actúe rápido, en consecuencia, y sin contemplaciones. Si Anaya tiene las pruebas que demuestran su inocencia, que exhiba sus declaraciones fiscales y las de su familia y socios –aunque son privadas, la candidatura presidencial exige que se hagan públicas-, así como los documentos financieros que comprueben que tal como lo ha dicho públicamente, él dejó de tener una relación orgánica con la fundación y la empresa inmobiliaria en las fechas que lo aseguró.
Esta inconsistencia es la que parece encontrarse en el trasfondo de la falta de apoyo de los gobernantes en la alianza electoral, que no le está ayudando, y que al reflejar la desconfianza que crece en torno a su candidato presidencial, lleva a pensar que quizás Anaya no era la mejor opción que tenían para la contienda.
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