En medio de las constantes descalificaciones entre partidos políticos y candidatos, hay un común denominador que pone de acuerdo a la mayoría de los actores políticos: la opinión de que al Instituto Nacional Electoral le está quedando grande esta elección.
Que iba a ser harto complicada por la cantidad de posiciones que están en juego, todos lo sabíamos; como también era previsible que el nivel de polarización que se ha desatado en el país, le añadiría tensión a la competencia.
Ni qué decir de que -como en cada proceso electoral- muchos de los resultados y las determinaciones del Instituto, terminarían por definirse en los tribunales.
Pero nada de eso exime de su responsabilidad a los miembros del Consejo general y de los consejos estatales: brindar a los competidores la certeza de que este proceso electoral se lleva a cabo dentro de los márgenes de legalidad, sin dados cargados, con el piso parejo, pues.
Para muestra, basta lo que ocurrió durante la última semana en Tamaulipas.
Acudimos a un espectáculo de comedia involuntaria que culminó como se preveía, con la cancelación de un debate que nació muerto porque la Junta Local del Instituto no tuvo la habilidad (¿ni la voluntad?) para sentar bases que brindaran confianza a los candidatos.
No parece coincidencia que todos los invitados, salvo la candidata del PRI, declinara la invitación. Sobre todo, por que todos coincidieron en la misma razón: no había condiciones para participar en un debate, de cuya organización fueron excluidos por completo.
Así, llegó la semana pactada, y nadie conocía ni siquiera el formato que se seguiría porque, de acuerdo a los representantes de los demás partidos, el presidente del INE en Tamaulipas se sentó a pactar los detalles del encuentro exclusivamente con el PRI.
Conociendo esos antecedentes, para nadie fue una sorpresa el naufragio del único debate que se realizaría en el estado, entre los candidatos al Senado.
El verdadero problema del INE es que desde que comenzó formalmente el proceso electoral en curso, entró en un proceso de desgaste innecesario, persiguiendo fantasmas al intentar cumplir a rajatabla una interpretación cuasi soviética de la ley electoral.
Podemos hablar de un caso que conocemos muy bien. Si un columnista -nacional o local, da lo mismo- osa mencionar en sus colaboraciones una encuesta sobre preferencias electorales, en automático el Instituto inicia un proceso inquisitorial para exigir al medio que la publique, una larga lista de requerimientos que sólo podría otorgar la empresa encuestadora a la que hizo mención el autor.
Comienza entonces un largo proceso legal y burocrático que consume tiempo y recursos tanto al medio de comunicación como al mismo Instituto.
Ahora mismo, el INE tiene bajo la lupa al periodista Raymundo Riva Palacio, como antes tuvo a Carlos Ramírez y a otros colaboradores externos de Expreso.
En eso están concentrados los consejeros. Y mientras tanto, el proceso electoral alcanza su etapa más álgida, donde reinan la desconfianza y las guerras de lodo. Mal
