CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Pese a los constantes recortes de presupuesto en los últimos años, en la víspera electoral, el gobierno federal aumentó los presupuestos, los beneficiarios y los apoyos durante el primer trimestre de 2018, en comparación con el mismo periodo del año pasado en Tamaulipas.
Las delegaciones recibieron 154 millones 66 mil 14 pesos para el ejercicio actual más que en 2017, lo que representa un monto total de 2 mil 151 millones 208 mil 531 pesos. El porcentaje del alza general es de 2.8 puntos.
A las secretarías de Salud (SS), Comunicaciones y Transportes (SCT), Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca (Sagarpa), Desarrollo Social (Sedesol) y Trabajo y Previsión Social (STPS) les asignaron los incrementos mayores.
Para el sector primario, agrupado en la Sagarpa, el alza económica es de 4 millones 896 mil 307 pesos. El impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera se promueve con 99 millones 445 mil 78 pesos; esto representa el 91 por ciento del monto total asignado para 2018. La cantidad para este mismo programa en 2017 fue casi 5 millones de pesos menos.
Concentran fuerza en Sedesol
En el contexto electoral, la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha denunciado, a través del proyecto Democracia sin pobreza, el incremento del dinero para programas sociales.
En Tamaulipas, la Misión Internacional de Observación Preelectoral, encabezada por Ted Lewis, codirector de la organización civil Global Exchange, encontró indicios del uso de la estructura del gobierno de la república para presionar a los beneficiarios de los principales sistemas para combatir la desigualdad.
“Escuchamos cómo han sido utilizadas las despensas para votar por cierto partido político y grupos de conversación definidos para programas como Prospera que hacían invitaciones expresas para hacer actos de proselitismo, repartir calcomanía o asistir a eventos como desayunos con camisetas de cierto color”, declaró la directora del Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural A.C., Atala Chávez.
La Sedesol reportó un millón 700 mil 974 personas beneficiarias de programas sociales en territorio tamaulipeco en 2018. El Padrón Único de Beneficiarios (PUB) no muestra los registros de 2017 y años anteriores, por lo que no es posible revisar si para este año electoral crecieron las inscripciones para recibir despensas o subsidios en efectivo.
En Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria, Altamira y Tampico vive el 61.53 por ciento de los beneficiarios de Sedesol. Solamente en la capital de la entidad operan 23 programas, en la mayoría funcionan mínimo 8 y máximo 21 programas sociales del gobierno federal en 2018.
Operación federal en el país
El gobierno federal gastó al menos 33 mil 133 millones de pesos en programas sociales durante el primer trimestre de 2018. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que esta práctica se puede considerar que tienen usos electorales.
Los más de 33 mil millones de pesos fueron aplicados en 15 programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social, de acuerdo con un análisis de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
El reporte basado en el primer informe trimestral de 2018 de la dependencia indica que los programas recibieron en conjunto 20 por ciento más, es decir 5 mil millones de pesos en términos reales, respecto al primer trimestre de 2017.
El Programa de Empleo Temporal (PET) creció mil 480 por ciento.
Entre enero y marzo de este año, el PET gastó 959 millones 600 mil pesos, mientras que en mismo lapso del año pasado reportó 60 millones 700 mil pesos (constantes a 2018). Otro ejemplo es Comedores Comunitarios que recibió 184 por ciento más recursos en el mismo periodo.
El coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Alberto Serdán, explicó que a pesar de que se ha gastado más en los programas sociales, el padrón de beneficiarios no aumenta.
“Lo que hemos encontrado en nuestro monitoreo es que el programa social que más se menciona que se condiciona a cambio de una fotocopia de la credencial para votar, o para asistir a un evento político o para votar por alguien, es el programa Prospera”, detalló.
Prospera registra un aumento de 36.6 por ciento en su gasto en el primer trimestre de este año, en términos reales, al pasar de 14 mil 338 millones de pesos en 2017 a 19 mil 589 millones en 2018.
Serdán agregó que han recibido información ciudadana de que se condicionan, con fines electorales, una gran variedad de programas que operan diferentes niveles de Gobierno, como la entrega de alertas vecinas, pintura, becas educativas y credenciales para deportivos, entre otros.
Aunque programas como el de fomento a la economía social y el de abasto rural a cargo de Diconsa que recibieron 43.6 y 29.8 por ciento menos recursos, respectivamente, en general, el balance sobre los programas que emplea la Sedesol aumentó más del 20 por ciento.
ONU alerta por riesgos electorales
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió de fallas en 543 programas sociales federales, estatales y municipales que hacen que los apoyos puedan ser utilizados con fines electorales.
Un estudio muestra que intervenciones de 13 dependencias federales, entre ellas la Sedesol, en 24 estados, 3 delegaciones y 1 municipio no cuentan con mecanismos para proteger la integridad de los programas sociales, como la selección socioeconómica de los beneficiarios, la fiscalización de recursos y la prevención de delitos electorales.
“A falta de estos mecanismos, incrementa el riesgo de suspensiones arbitrarias o de condicionamientos de los apoyos con fines político-electorales”, expone el documento elaborado por el organismo en conjunto con Transparencia Mexicana.
Uno de los ejemplos citados es el elevado porcentaje de programas y de acciones para el desarrollo social que no recolecta información socioeconómica para determinar la elegibilidad de los potenciales beneficiarios.
Sólo 55 por ciento de los programas federales recaba información socioeconómica para seleccionar a quienes accederán a los apoyos; en el ámbito estatal sólo se recoleta información para el 44 por ciento de las intervenciones y sólo 24 por ciento para las acciones municipales.
Las organizaciones también detectaron que sólo 64 por ciento de los programas sociales federales tiene mecanismos para detectar duplicidades en cuanto a objetivos, tipos de apoyo y población objetivo; de las intervenciones estatales y municipales, sólo la mitad tiene este tipo de mecanismos.
En cifras
2017 2018
Total Tamaulipas 1,997,142,517 2,151,208,531
SCT 982,968,020 1,034,279,632
Economía 16,267,570 16,870,723
Educación Pública 5,122,628 5,466,522
Trabajo y Previsión S. 21,624,926 23,733,994
Sedatu 6,191,466 6,570,278
Semarnat 22,131,011 23,456,021
Sedesol 101,695,738 105,341,000
Salud 632,684,610 724,339,584
Sagarpa 104,365,397 109,261,704
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados
Beneficiarios por año
2017 2018
Total SD 1,700,974
Pensión para adultos mayores 132,448 143,148
Estancias infantiles 8,031 7,945
Empleo temporal 895 952
Seguro para jefas de familia SD 190,388
Fomento a la economía social SD 4,485
Prospera (inclusión social) 160,674 152,982
Comedores comunitarios 109 109
Fuente: Sedesol
Presupuesto aplicado
Programas de Sedesol que ejercieron más dinero entre enero y marzo de este año (millones de pesos)
Programa 2018 2017 porcentaje de aumento
Empleo Temporal 959.6 60.7 1,480.9
Coinversión Social 35.8 3.9 815.5
Apoyo a las
instancias de Mujeres
en las Entidades 65.1 19.3 267.6
Comedores Com. 882.9 310.5 184.3
Aten. Jornaleros 21.5 15.4 39.2
Prospera 19,589 14,338 36.6
Fuente: Sedesol
Alerta clientelismo en política social
Agencia Reforma
Ciudad de México.- La mayoría de los programas sociales en el País carece de mecanismos para la “graduación” de sus beneficiarios, necesarios para evitar la generación de clientelismo, advierten el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Transparencia Mexicana.
En el Informe de Resultados 2018 de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales, remarcan que dichos mecanismos son esenciales para garantizar que los programas cumplan con el propósito de abatir carencias y romper con la dependencia de los beneficiarios respecto a los apoyos.
“Contar con mecanismos para la graduación de beneficiarios es deseable puesto que favorece la eficiencia en el gasto y su progresividad, y desincentiva la creación de clientelas”, apuntan.
El PNUD y Transparencia Mexicana analizaron 543 intervenciones para el desarrollo social a nivel federal, estatal y municipal.
Encontraron que sólo el 38 por ciento de los programas y acciones sociales a nivel federal, 14 por ciento a nivel estatal y ninguno a nivel municipal cuenta con un mecanismo de graduación para identificar si el objetivo del apoyo se cumplió en algún momento y, por lo tanto, si sus beneficiarios siguen siendo elegibles para seguir recibiéndolo.
En el caso de Chiapas y Yucatán, ninguno de los programas sociales estatales cuenta con mecanismo de graduación.
Las evaluaciones socioeconómicas, indica el Informe, son fundamentales para asegurar que la provisión de los bienes y servicios se haga con base en criterios que favorezcan la
progresividad y no por otras posibles consideraciones, incluyendo las político-electorales.
Sin embargo, alerta, sólo 55 por ciento de los programas federales, 44 por ciento de los estatales y 24 por ciento de los municipales recaba información socioeconómica para seleccionar a quienes accederán a los apoyos.
Además, sólo 64 por ciento de los programas federales, y la mitad de los estatales y municipales, cuenta con mecanismos para detectar duplicidades en cuanto a objetivos, tipos de apoyo y población objetivo.
Subsidios
El Informe advierte, por otra parte, mientras que la federación y los municipios entregan mayoritariamente apoyos monetarios, los estados se inclinan por apoyos no monetarios.
A nivel federal, detalla, 45 por ciento de las intervenciones para el desarrollo social incluye apoyo exclusivamente monetarios, proporción que se eleva a 58 por ciento a nivel municipal.
En tanto, a nivel estatal el 56 por cientos de los apoyos no son monetarios.
“La federación entrega los apoyos, mayoritariamente, a través de transferencias bancarias. Por otro lado, los apoyos de más de la mitad de las intervenciones estatales se entregan presencialmente”, apunta el Informe.