Hay preguntas cuyas respuestas seguramente explicarían las razones del evidente mal humor de los tamaulipecos contra la clase política. Todas tienen que ver con el mal uso de recursos públicos.
A lo largo de muchos años se otorgaron tratos privilegiados a personas y empresas con cargo a los recursos presupuestales de los tamaulipecos. Lo peor del caso es que los beneficiarios del saqueo no se preocuparon en taparle el ojo al macho y se generó un rezago enorme en infraestructura urbana que no hay para cuando abatir.
Aquí van algunos casos que han exasperado el ánimo social que hoy se respira:
* En el gobierno de Alejandro Etienne Llano, por ejemplo, surgió una empresa fundada en marzo de 2011 bajo el nombre Mobilis S.A. de C.V., en la que aparecía como propietaria una mujer y a la cual facturó millones de pesos en los tres años del ex magistrado presidente por concepto de “mantenimiento a vehículos del municipio”.
Lo interesante son las abultadas facturas que se pagaron por mantenimiento a patrullas de tránsito, por ejemplo, pero resulta que una breve indagatoria revela que los mismos agentes de tránsito hacían esa chamba al no recibir apoyo alguno del municipio.
*La Proveedora JER y Grupo Empresarial JER S de R.L., recibieron del Gobierno anterior más de 450 millones de pesos entre 2014 y 2016. Lo sospechoso es que la empresa domiciliada en Monterrey no cuenta con oficinas, y sus oficinas de Victoria se encuentran en un domicilio particular donde nunca hubo ni siquiera un escritorio.
La empresa también prestó servicios muy bien pagados a la UAT y a varios ayuntamientos que destacan por la gran opacidad que existe en su rendición de cuentas.
Los millones de pesos se facturaron en conceptos como “asesoría en gestión de recursos humanos” y cobraron más que cualquiera de los grandes consorcios y academias del mundo.
*Otro caso es el de la empresaria Dufrosa, propiedad del ex senador panista José Julian Sacramento, que años atrás fue beneficiada con un contrato por más de 200 millones de pesos para construir el ahora llamado Puente Roto en Altamira, obra que desde su inauguración en 2010, nunca, nunca, nunca, nunca funcionó porque se derrumbó y quedó
inutilizado. Tras un largo litigio la obra será reparada pero adivine qué: el costó corre con cargo al contribuyente.
* Una de las obras más polémicas en el estado ha sido la del nuevo mercado de Tampico. La “obrita” inició con un presupuesto de más de 258 millones de pesos y aunque a la fecha aún no se concluye, todo indica que terminará costando más de 400 millones. La beneficiaria es una empresa regia ligada a un gran consorcio televisivo.
*El Parque Bicentenario es una obra faraónica por excelencia. En un inicio se planeó su inauguración en 2010, pero por demoras de la obra terminó su apertura en 2012 con fallas estructurales que afloraron al poco tiempo.
Pese a lo que todos pudieran creer, el escándalo del Parque Bicentenario se centra más en las ventas de los terrenos. Los beneficiarios de esta mega operación con bienes raíces son tres conocidas familias: los Corcuera, los Valdez (padre e hijos), y los Pérez Cantú.
Hasta la llegada del actual gobierno se ignoraba si los terrenos poseían escrituras e incluso por mucho tiempo predominó la leyenda urbana de que alguien la rentaba al gobierno estatal, pero repentinamente apareció un documento que acreditaba los inmuebles al patrimonio estatal.
La credibilidad del documento y de su expedición aún quedan en duda, lo que sí es una realidad es la cuantiosa y millonaria suma que obtuvieron sólo tres influyentes familias victorenses.
Casos como este y muchos más son los que tienen con los pelos de punta a los electores. Y es natural que alguien tendrá que pagar los platos rotos.
