Cuando a principios de octubre de 2016, Rafael González Benavides decidió de repente renunciar a la presidencia del comité estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que no anunció públicamente fue que cobró un ‘bono’ de despedida, una especie de liquidación.
Y ojo: el problema no fue tanto cobrar el ‘bono’, sino de dónde se tomaron los recursos en una operación administrativa realizada por el entonces secretario de finanzas del comité priista tamaulipeco, Rodolfo Higuera Terán.
Los recursos para pagarle su ‘bono’ a Rafael González Benavides, quien hoy cobra con puntualidad y absoluta tranquilidad sus quincenas en el Congreso del Estado, fueron tomados de un programa denominado ‘Empoderamiento de la Mujer’, recursos que están ‘etiquetados’ y que no pueden ser utilizados para ningún otro gasto, menos para solventar un tipo de ‘prestación’ salarial.
Ese ‘bono’ fue pagado a varios de los funcionarios del priismo que acompañaron en la dirigencia estatal a Rafael González Benavides, actual diputado local que ni sufre ni se acongoja por lo que suceda en lo que queda del partido tricolor.
De hecho, el entonces secretario de finanzas, Rodolfo Higuera, fue uno de los beneficiarios del dichoso ‘bono’ de despedida o salida, a pesar de que no se fue, sino hasta septiembre de 2017, cuando Sergio Guajardo, tras ser electo presidente días antes en una asamblea de delegados, designó a su equipo de trabajo.
Tal como se precisa, el problema fue tomar los recursos para el pago de esa ‘prestación’ de un programa con recursos etiquetados. Cuando el área financiera del Instituto Nacional Electoral (INE) se percató de la irregularidad, de inmediato abrió una investigación, la que, por cierto, todavía no concluye.
Sin embargo, en el PRI de Tamaulipas ya se da por un hecho que es la siguiente multa que le aplicarán desde la Ciudad de México (ya los advirtieron desde el IETAM), una multa que dejará aún más maltrechos sus frágiles estados financieros, los que están al borde de la quiebra.
Eso no fue todo: Luego de detectarse una falla administrativa en la campaña de Baltazar Hinojosa Ochoa a la gubernatura del estado, la autoridad electoral aplicó una multa que ascendió a 15 millones de pesos en contra del Revolucionario Institucional tamaulipeco.
La sanción económica en contra del priismo estatal terminará de saldarse en diciembre (hasta el momento han pagado 9 de los 15 millones de pesos). Fueron millones de pesos que los priistas ya no pudieron utilizar para la elección local del pasado primero de julio. Ese fue uno, de diversos factores, que contribuyeron a la estrepitosa derrota del PRI en Tamaulipas.
En el reparto de culpas y responsabilidades, todo indica que ningún dirigente priista de la entidad queda exento. Algunos hasta cobraron ‘bonos’ de salida. Otros no se atrevieron a señalar los errores del pasado inmediato. Unos más repitieron las equivocaciones de siempre sin reconocer que los tiempos habían cambiado.
Un aspecto sale a relucir: las multas en contra del PRI estatal tienen su origen en la dirigencia de Rafael González Benavides.
Si el priismo fuera una organización en donde se aplicara la rendición de las cuentas financieras, Rafael González Benavides podría ser llamado a explicar el motivo de sus decisiones administrativas. El problema es que el tricolor no opera de esa forma. Ahí está el detalle.
Con multas por ser aplicadas y por pagar, el Revolucionario Institucional de Tamaulipas se encamina hacia el cambio de su dirigencia estatal. La situación que vive el PRI del estado es la de una virtual quiebra económica si se considera que los apoyos que recibía del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) van a desaparecer.
En ese contexto, más de uno de los aspirantes que había levantado la mano para llegar a la presidencia estatal del priismo seguramente lo va a pensar dos o tres veces antes de asumir una chamba que se enfila hacia otra catastrófica derrota electoral en 2019.
Quien vaya a ser designado o elegido nuevo presidente del PRI en Tamaulipas tiene mucho qué perder y prácticamente nada qué ganar.
LA RUPTURA DE ‘LOS ARMANDOS’
Del cariño a la rencilla política hay un comentario desatinado de por medio. Eso ocurrió en la amistad -que parecía sólida- sostenida entre Armando Martínez, ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Altamira, y su ex coordinador general de campaña, su tocayo Armando, de apellidos Vera García.
Resulta que cuando hace unos días desayunaban, junto con el diputado federal electo, Erasmo González Robledo, en el restaurante ‘El Asador’ de Altamira, Armando Martínez comentó algo en contra del Partido del Trabajo (PT), organización que representa desde hace muchos años Armando Vera en el sur del estado (incluso fue candidato petista a gobernador en dos ocasiones, en 2010 y en 2016).
El ex aspirante morenista a alcalde criticó la aparente falta de casilleros del PT el día de la elección. La respuesta la encontró de inmediato en el coordinador del petismo altamirense, quien, de hecho, se molestó y levantó el tono de voz, lo que llamó la atención de los comensales. ‘Ya se te olvidó quién te ayudó a ser candidato’, dijo Vera García.
La discusión, ‘para no hacer el cuento tan largo’, se ‘calentó’ y se puso ‘sabrosa’, a tal grado que Armando Vera retó a Armando Martínez ‘a resolver las cosas afuera’. Eso, por supuesto, ya ameritaba ‘un pago por evento’.
Dicen que después de ese sonoro desencuentro, Armando Martínez y Armando Vera, se dejaron de hablar y cada quien tomará su propio camino en lo que venga con Morena y el PT en el sur de la entidad. La ruptura de ‘Los Armandos’ es el último capítulo de la novela política que se redacta en tierras altamirenses.
Lo más probable es que, con el paso del tiempo, se reconcilien. Mientras, no se dirigen la palabra. ‘La cortaron’.
Y PARA CERRAR…
En las elecciones de 2016 y de 2018, Andrés Zorrilla demostró con un alto nivel de votación ser muy buen candidato del Partido Acción Nacional en Ciudad Madero.
¿Qué les parece como candidato del PAN a diputado local por la zona sur de la urbe petrolera (Distrito 20) el próximo año? Es una posibilidad. Está en la baraja.