Rubén Pat fue asesinado la madrugada del 24 de julio en Playa del Carmen. Era periodista y director del semanario Playa News, en Quintana Roo. Ese homicidio ocurrió menos de un mes después de que un compañero suyo, José Guadalupe Chan Dzib, también fuera ultimado en similares circunstancias.
Ahora que ha iniciado un diálogo nacional sobre la violencia (la verdad exagero al llamar así, diálogo nacional, a los foros que ha iniciado esta semana el pejismo), no estaría mal que se hablara sobre lo que no ha hecho el gobierno para proteger a los periodistas amenazados, como fue el caso de los integrantes de Playa News, entre ellos Pat y Chan.
En junio de 2017 Pat había sido detenido, amenazado y torturado por policías municipales de Solidaridad (Playa del Carmen). Tras esos hechos, Pat fue inscrito en el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, un invento en los albores de sexenio que, como es evidente, a Pat no le sirvió de nada. El Mecanismo se ha probado como un invento de altos vuelos en el terreno de las formalidades, pero nulo impacto en la realidad. De parte del gobierno que está por terminar nunca se advirtió voluntad para hacer funcionar esas medidas, como en su momento advirtió Article 19 capítulo México, que con cifras hasta 2015 advertía que “a poco más de tres años de su creación, el Mecanismo sigue sin dar los resultados esperados ante el aumento de violencia en contra de quienes ejercen el periodismo”.
En el informe anual para ese año, esa organización establecía no sólo la disparidad entre el número de agresiones contra periodistas registradas frente a las solicitudes de protección atendidas por el Mecanismo (apenas un 20 por ciento de los casos), sino testimonios demenciales sobre cómo uno de los “pilares” de ese programa, el botón de pánico que se otorga a quienes se acogen a ese programa, no servía de nada. O servía para incluso amenazar a periodistas: “El 8 de agosto de 2015, Bartolomé Canché caminaba por Seyé, ocho días después de haber recibido el botón”, consigna Article 19 en el informe ya referido. En seguida, Canché cuenta que “estaba en la plaza principal de Seyé cuando escuché que algo timbraba, y no era mi teléfono. Me percaté que era el botón, por lo que lo miré; me estaban llamando de un número desconocido, con una clave lada que no era de la zona, algo extraño para mí; decidí responder la llamada. ‘Bartolo, Bartolo’. ¿Sí, bueno?, dije para de inmediato escuchar. ‘Oye, pues ya te llevó la tostada’”. Y no fue la única vez que lo amenazaron. Más allá del botón de pánico, las insuficiencias del Mecanismo han sido denunciadas, en fecha tan reciente como junio, por la Organización de las Naciones Unidas. Esto dice la ONU en su “Informe Especial sobre la situación de la Libertad de Expresión en México”: “El Mecanismo carece de recursos suficientes para ejercer plenamente su mandato. Necesita recursos que le permitan incrementar de manera sustancial la cantidad de personal; proteger a su personal y retenerlo; asegurar un análisis oportuno de las amenazas; y capacitar al personal sobre temas relacionados específicamente con cuestiones de género e indígenas. El Mecanismo debería además recibir recursos para brindar apoyo psicológico integral a los periodistas desplazados y sus familias. Debería brindar apoyo que permita a los periodistas seguir trabajando desde su nueva ubicación e impulsar estrategias que faciliten el regreso de los periodistas en las condiciones de seguridad necesarias. Un esfuerzo ambicioso del gobierno para aumentar la capacidad y el presupuesto del Mecanismo no sólo favorecerá el objetivo de dar mayor protección, sino que además transmitiría la voluntad política de que la seguridad de los periodistas sea un objetivo nacional prioritario”. En lo que va de 2018 van 8 periodistas asesinados en nuestro país. Para cambiar esa realidad hará falta mucho más que dar botones de pánico.
