CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Las obras de los seis Centros Integrales de Justicia (CIJ) son irregulares y han incumplido el tiempo de ejecución pactado al otorgar los recursos federales, observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La construcción y el equipamiento de los CIJ de González, Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo, San Fernando y Río Bravo todavía no concluyen a pesar de que iniciaron en la mitad final del gobierno de Egidio Torre Cantú.
Ante ello, el gobierno de Tamaulipas decidió rescindir los contratos a las empresas Construcciones KDH que ganó la licitación en San Fernando y Proveedora y Servicios MR que obtuvo el contrato en Río Bravo.
De 2012 a 2016, la administración estatal destinó 724 millones 681 mil 779 mil pesos con 57 centavos en la creación de infraestructura adecuada para la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Las partidas, en mayor cantidad de dinero federal, se aplicaron en el sexenio de Egidio Torre Cantú.
Entre las secretarías General de Gobierno (SGG) y Obras Públicas (SOP) acordaron 16 contratos de proyectos ejecutivos y construcción de edificios especializados, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 00113918 atendida por la Secretaría Técnica estatal para la consolidación del Sistema de Justicia Penal, Secretaría General de Gobierno (SGG) estatal.
El primer trabajo fue el estudio ejecutivo del diseño y requerimiento para el modelo del Centro Integral de Justicia. En 2011 el gobierno pagó 6 millones 681 mil 779 pesos con 57 centavos para el trabajo que se realizó en el primero año del mandato de Torre Cantú. Dos años después contrató la construcción del CIJ por 100 millones de pesos.
En 2013, la Secretaría de Obras Públicas, a cago de Manuel Rodríguez, licitó el centro para Altamira, proyecto de 110 millones de pesos. Al año siguiente se publicaron los concursos para Matamoros, Reynosa, por 100 millones de pesos y 110 millones de pesos, respectivamente. En 2015 le tocó a Nuevo Laredo (100 millones de pesos) y El Mante (90 millones de pesos); de los dos solamente ha sido concluido el segundo.
De los 6 Centros Integrales de Justicia solamente ha sido concluido El Mante y Victoria. A la fecha, Altamira presenta un avance del 80 por ciento, Matamoros apenas 34 por ciento y los contratos de San Fernando y Río Bravo fueron rescindidos con avances del 65 por ciento y 46 por ciento, respectivamente. La obra en González está en espera de entregarse y, en cambio, Nuevo Laredo están en el trámite del anteproyecto de edificación.
De los rubros más costosos y que están en análisis son el equipamiento tecnológico para los Centros y Salas de Juicios de Control. El gobierno tamaulipeco en la anterior administración pagó 14 millones 68 mil 287 dólares a proveedores de aparatos, licencias de software y de servicios de geolocalización. En moneda mexicana representó 171 millones 633 mil 112 pesos con 99 centavos.
Treinta y seis millones 992 mil 242 pesos con 29 centavos se invirtieron en la compra del mobiliario para las salas. Además, la adquisición de vehículos para el nuevo personal requirió un gasto de 8 millones 170 mil pesos. La capacitación para los jueces y personal administrativo fue solventada con 4 millones 862 mil 100 pesos.
En planes de inversión se invirtieron 127 millones de pesos en proyectos alineados al Plan Estatal de Desarrollo con recursos estatales y 178 millones 727 mil 266 pesos con 57 centavos de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) asignados para el ejercicio fiscal del año anterior. En la última inversión autorizada se aprobaron 122 millones de pesos del FASP y 34 millones de pesos de recursos estatales.
La organización México Evalúa en su informe anual
Hallazgos 2017 consideró: “la cantidad de dinero invertido en el desarrollo de las capacidades de las instituciones operadoras del SJP no se corresponde con la calidad de los resultados obtenidos. Los recursos se han gastado de manera ineficiente y sin que se realizara un seguimiento adecuado y, mucho menos, un ejercicio de rendición de cuentas”.
La creación del “Subsidio de apoyo a las entidades federativas” y del “Fideicomiso de Apoyo para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal” fueron las bolsas que utilizó la Federación para impulsar el nuevo sistema judicial. Aproximadamente se asignaron recursos por 9 mil 173 millones 317 mil 985 pesos.
Entre 2010 y 2016, la SETEC distribuyó un total de 4 mil 173 millones 317 mil 985 pesos con 02 centavos divididos en los programas: “U004 Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal” y “P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal”. A esto se le suman 5 mil millones de pesos para el equipamiento de las instalaciones en los 32 estados.
“Sin justicia no hay paz”
“El acceso a la justicia no debe jugar un papel secundario en la agenda pública del país. No habrá pacificación sin antes consolidar la operación de la justicia penal”, sentenció México Evalúa, en voz de su directora Edna Jaime.
La organización hizo un llamado para que se fortalezcan las instituciones de manera integral, por lo propuso recolectar evidencia que justifique posibles modificaciones normativas y establezca objetivos claros y alcanzables para consolidar el sistema de justicia.
“Sin diagnósticos claros, el NSJP repetirá una constante del sistema legal mexicano: la permanente modificación de leyes sin impacto en la realidad o, en el peor de los casos, con una incidencia negativa en la operación de las instituciones”, expresó.
México Evalúa recomendó crear una instancia técnica de coordinación nacional, enfocar los esfuerzos institucionales en la revisión de la operación diaria del sistema, desarrollar un nuevo modelo de procuración de justicia y profesionalizar a los operadores del SJP. La coordinadora del programa de justicia en México Evalúa, María Novoa, explicó que uno de los problemas más graves que enfrenta actualmente la operación del sistema de justicia penal es un desequilibrio entre sus componentes. Por ejemplo, citó, la asignación de recursos se concentran en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, excluyendo a las defensas.