CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El Poder Legislativo de Tamaulipas tiene más de 163 iniciativas “atoradas” en Comisiones, que contienen reformas y nuevas leyes, además de 57 puntos de acuerdo que no han podido destrabar.
De ellos, 64 asuntos corresponden a este año que están en ‘estudio’, en diferentes comisiones del Congreso del Estado.
Conforme avanzan los días, la Unidad de Servicios Parlamentarios ha decidido ‘atorar’ el avance en el trabajo de legisladores y ha permitido que se venzan los términos, por lo que Tamaulipas está en un escenario de retroceso.
Como haber legislado en materia de desaparición forzada de personas y la declaración de ausencia.
Hubo fracciones, entre ellas el PRI, que presentó iniciativas en tiempo para cumplir con el mandato federal de armonizar la legislación local en estas materias, pero el trabajo de la Unidad de Servicios Parlamentarios, ni de legisladores, llegaron a Comisiones.
Colectivos y Defensores de Derechos Humanos hicieron público este aspecto legal, que dejó pasar la 63 Legislatura en el Congreso del Estado.
Uno de los puntos reclamados en Tribuna por legisladores y en el exterior del Congreso, por juristas y abogados especialistas, es la falta de operación política para que la Unidad de Servicios Parlamentarios promueva desde la Junta de Coordinación Política, el envío de propuestas para nombrar a 3 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que están pendiente de designación, desde el 2017.
Hoy existen 2 Magistraturas Numerarias y una Supernumeraria acéfalas, aunque desde el Poder Judicial han justificado que el trabajo y compromiso de funcionarios judiciales, permite realizar el trabajo.
Las semanas y los meses han transcurrido y todavía no existe una propuesta que cubra las vacantes e, incluso legisladores como Alejandro Etienne, han señalado desde Tribuna, que “si la vía política no ha prosperado, la judicial es un camino que puede seguirse para atender esta omisión”.
Además, el diputado Etienne, junto con el Presidente del Poder Judicial en Tamaulipas, Horacio Ortiz, están convencidos de la importancia de la autonomía financiera para el Tribunal Superior de Justicia, pero desde el 2017 está frenado el proyecto formal.
Entre las iniciativas que permanecen en estudio, existen aspectos donde se proponen combatir la inseguridad, con propuestas de diferentes fracciones, pero no hay avance.
Apenas el miércoles se dictaminó que el delito de extorsión se persiga de oficio, en particular, por el escenario que enfrenta Tamaulipas.
Existen varias iniciativas en estudio, como permitirle al Ayuntamiento de Altamira suscribir un contrato con la empresa Publi Puentes Tamaulipas S.A de C.V, para ceder espacios y exhibir publicidad por un periodo de 15 años, pero en puentes peatonales que serán construidos y donados por la empresa.
Algunos aspectos en materia de educación, propuestos por la diputada Guadalupe Biasi Serrano, consiste en adicionar en el artículo 8 de la Ley de Educación de Tamaulipas, para “Coordinar con diversas Autoridades de la Entidad, programas permanentes de educación en materia de primeros auxilios, simulacros y prevención de accidentes.
En el pleno se ha propuesto crear la “Ley del Sistema de Previsión Social de los Bomberos de los Municipios del Estado de Tamaulipas”, debido a la importancia de atender necesidades en materia de créditos, pensiones, jubilaciones y prestaciones para ellos y sus familias.
La Ley fue propuesta por los diputados del PRI, Copitzi Yesenia Hernández García y Anto Adán Marte Tláloc Tovar García.
Se han dejado reformas pendientes, como la propuesta al artículo 49 del Código Municipal del Estado de Tamaulipas, para que hoy diga que: “En Materia Institucional, abstenerse de utilizar logotipos, símbolos, lemas o signos que se relacionen con algún partido o asociación política en: a) Documentos oficiales de carácter institucionales. b) Vehículos Oficiales, maquinaria y mobiliario. e) Infraestructura Pública y equipamiento urbano municipal. d) Páginas de Internet oficiales de los Ayuntamientos. e) Publicidad y Propaganda”.
Continúa también en estudio “De Decreto por el cual se derogan los artículos 391, 391 Bis, 392, 392 Bis, 392 Ter y 393, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas y, se adiciona un capítulo VIII “de la Declaración Especial de Ausencia” al título octavo “de los Ausentes e Ignorados”, del Código Civil para el Estado de Tamaulipas”.
Con ello busca el diputado Rafael González, ponente de la iniciativa, es que el Estado armonice la legislación que corresponda, en cuanto al procedimiento de Declaración Especial de Ausencia, conforme a plazos y términos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Reseña que del estudio comparativo de ambos procedimientos, Ley General y Código Civil, es evidente la complejidad procesal, en términos generales exige publicaciones de edictos y la emisión de Declaración de Ausencia se emite, por lo menos, un año después de solicitar la declaratoria, mientras que la Ley General hace más expedito el trámite, pues señala con claridad, que el procedimiento no puede ser superior a 6 meses, desde que se hace la petición ante el juez.
Dentro de los puntos de acuerdo que siguen en estudio, aparece el presentado por la diputada Irma Amelia García Velasco, a través del cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, a realizar acciones jurídicas y administrativas orientadas a consolidar y aplicar el Convenio – Marco de Coordinación para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Además, propone que la SET, a través de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo, celebre convenios con Instituciones de Educación Media Superior y Superior, que cuentan con carreras técnicas en materia de servicios para mejoras en las instalaciones sobre mantenimiento y conservación de los centros educativos de nivel básico de la entidad y sean remunerados por dicha actividad.