CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En los ultimos tres años los elementos de la Policia Investigadora y Policia Ministerial arrestaron a 1 mil 641 personas en los 43 municipios de Tamaulipas al cumplimentar ordenes de aprehensión giradas por un juez.
Datos emitidos por la Procuraduría General de Justicia Muestran que la mayoría de las personas que fueron detenidas para seguir un proceso legal, fueron por abandono de obligaciones alimenticias con un 35 por ciento y lesiones con un 15 por ciento de los 1 mil 641 detenidos.
En Ciudad Victoria el delito de abandono de obligaciones alimenticias provoco el arresto de 35 personas del año 2016 a la fecha, mientras que por abuso de confianza fueron 12 las personas detenidas, por daño en propiedad fueron 16 los casos de detenciones.
Una ves que una persona es detenida, se presenta ante un juez de control para determinar si su detención fue legal, luego de esto se resuelve si es vinculada a proceso y si continua bajo prision preventiva o sigue su proceso en libertad.
Las investigaciones por fraude, es otro de los delitos que mas trabajo le causaron a los elementos policiacos de la PGJT, con 38 detenciones en los ultimos tres año, la mayor parte de estos durante el 2017 con 16 casos.
En los delitos de alto impacto, el de homicidio simple y homicidio doloso son 43 las personas detenidas en la capital del estado, mientras que por secuestro son 40 las detenciones reportadas por la PGJT.
En ciudades como Nuevo Laredo, el delito de abonado de obligaciones alimenticias genero 76 arrestos del año 2016 a la fecha lo que genera un promedio de al menos 24 detenciones por año, mientras que por violacion, con siete casos.
En Tampico, el delito que mas genero arrestos fue el daño en propiedad con 38 casos seguido de violacion con 14 detenciones, seguido de lesiones con 13 personas presentadas ante una autoridad.
En Reynosa los deltios de abandono de obligaciones alimenticias, fraude, robo simple y robo de vehiculos son los que representa el 60 por ciento de las personas detenidas en los ultimos tres años, tal como lo indica el informe emitido por la PGJT.
