CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La atención que da la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no es la adecuada para las familias con desaparecidos, aseguraron integrantes de colectivos de Tamaulipas.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, representantes de grupos coincidieron que los organismos carecen de presupuesto adecuado, personal especializado y un modelo de trabajo jurídico y psicológico apropiado a los casos.
De acuerdo con el registro de la Federación, en Tamaulipas hay 6 mil 131 casos denunciados. Del total, 97 por ciento corresponden a presuntos delitos que corresponden a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas y solamente 141 son expedientes abiertos ante la Procuraduría General de la República (PGR).
El 58 por ciento de los desaparecidos en el estado se concentra en Matamoros (mil 452 casos), Reynosa (mil 51) y Nuevo Laredo (mil 65). En 494 reportes no se especifica la localidad de la desaparición. En los primeros lugares de la estadística también se encuentran Victoria, con 519 casos; Tampico, con 502; y Valle Hermoso, con 206.
De acuerdo con Lorena Garrido Salazar, titular del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, atienden a 22 mil personas, mismas que, refirió, reciben apoyo de alimentación, salud y educación. El IAEVD cuenta con un presupuesto propio anual de 8 millones de pesos, que se suma a diferentes apoyos de otras secretarías estatales y federales.
El comisionado Rochín del Rincón reveló que la CEAV tiene inscritas a 2 mil 795 personas por el delito de desaparición y mil 394 por el de desaparición forzada. La mayor parte se encuentra en Guerrero, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y Guanajuato. Para estos delitos y otros más ejercen 976 millones 329 mil 241 pesos. El funcionario federal dijo que para “la Comisión son y serán prioritarias las acciones en materia de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas”.
A pesar de que Tamaulipas tiene 8 años con violencia y delincuencia y del presupuesto de casi mil millones de pesos, apenas en febrero de 2018 la Comisión federal abrió una delegación en la entidad. Anteriormente las víctimas tenían que viajar a Nuevo León, la Ciudad de México o Sonora para tramitar sus casos o recibir atención psicológica y jurídica.
El alcance de la atención que dan las comisiones a los familiares de víctimas de desaparición es nulo, afirma tajante el presidente del Colectivo de Familiares, Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas, Guillermo Gutiérrez Riestra.
“Hay una diferencia, la comisión estatal no tiene recursos, pero peor la comisión federal que tiene un subejercicio de casi mil millones de pesos”, comentó.
Josefina de León, representante de la Red de Desaparecidos de Tamaulipas, ahonda en que la atención a víctimas es relativamente joven y ante el alto número de solicitudes no se dan abasto. Además, puntualizó, el personal que trabajo en el apoyo psicológico y jurídico no está especializado en el tipo de casos que se viven en Tamaulipas.
“Se proyectó en un momento bajo un contexto y creo que la ley se debe revisar para adecuarla a este tiempo, incluso hacer una proyección a otro tiempo. A partir de ahí generar una nueva comisión y las especializaciones que se requieren en atención a víctimas. Mientras no se generen las especializaciones, los profesionistas que atiendan a víctimas van a carecer de las herramientas indispensables”, planteó.
La líder de Mylinali Red CFC, Graciela Pérez Rodríguez, lamenta que las asesoría jurídicas y atenciones psicológicas no sean las idóneas para las familias con desaparecidos. Ante tal carencia, subrayó, el soporte de la CEAV y el IAVD se concentra en apoyos económicos para diligencias judiciales y traslados a trámites.
“Para mí que busco en campo es útil (el apoyo para traslados), pero creo que las comisiones están faltando en la esencia del por qué fueron establecidas y tiene que ver con la asesoría jurídica. Yo a la fecha tengo de nombre un asesor jurídico pero nunca me habla. Le he pedido al Comisionado nacional Jaime Rochín que me permita tener un asesor externo pagado, porque la CEAV no se da abasto”, mencionó.
Al respecto, el comisionado Rochín admitió que la CEAV tiene un déficit de 3 mil 333 asesores jurídicos en el país y se desconoce si faltan psicólogos. Sobre la reparación integral del daño, el organismo recientemente hizo público el otorgamiento de compensaciones a 48 ecuatorianos por la masacre de agosto de 2010 en San Fernando.
“Y no hablemos de una reparación integral del daño, porque tengo casos en el colectivo donde las familias no han podido llegar a esa situación a pesar de que ya se les entregó a su familiar desaparecido, no como queríamos. Ellos ya cerraron su círculo de búsqueda pero no el de la reparación del daño y siguen dañadas sin apoyo jurídico, psicológico”, expresó.