CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Mientras el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 3 Noreste, ubicado en Matamoros, cumple dos años y ocho meses cerrado por trabajos de ampliación, la Federación ha enviado mil 64 reos de alta peligrosidad a las cárceles estatales.
De los mil 64 internos del fuero federal en Tamaulipas hay 616 hombres y 23 mujeres sentenciados. Los que están presos mientras se resuelve su proceso judicial son 401 varones y 24 féminas, indica la Secretaría de Gobernación (Segob). Todas y todos están distribuidos en los penales de Victoria, Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Jaumave y Tula.
El 17 por ciento de los reos en las cárceles del sistema penitenciario de Tamaulipas son delincuentes federales. En total, la población carcelaria asciende a 6 mil 205 mujeres y hombres, de acuerdo con el último reporte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Tan sólo durante el último mes la Federación envió a presuntos delincuentes, considerados jefes de bandas delincuenciales, a los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira, Victoria y Nuevo Laredo. Un ejemplo es Luis Alberto “N”, alias “El Pelochas”, Christian Aarón “N”, Héctor Adrián “N”, alias “La Yegua”; este último asesinado el lunes por la noche.
Otro de los hombres de alta peligrosidad que está preso en un penal estatal es el presunto jefe regional de la delincuencia organizada en la zona costa sur de Tamaulipas, Víctor Manuel “N”, alias “Comandante Viento” fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, por la Policía Federal (PF).
La decisión de recluirlo en la capital obedeció a que al momento de la captura contaba con tres órdenes de aprehensión giradas por la autoridad judicial estatal.
En diciembre de 2015, la Policía Federal (PF) desalojó a los 871 presos del Cefereso de Matamoros, que fue inaugurado el 29 de junio de 2000. En abril de 2016, la Segob anunció las remodelaciones de los los penales federales más viejos del país: 1 Altiplano, Occidente, 2 Occidente, 3 Noreste y 4 Noroeste.
En el Cefereso 3 se proyectó la rehabilitación de 12 mil 500 metros cuadrados, de acuerdo al proyecto ejecutivo que entregó el OADPRS a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Parte de las edificaciones contempladas están un cuartel para 400 elementos de la Policia Federal (PF) y 200 custodios, en una superficie de 9 mil 831 metros cuadrados.
Hasta ahora el gobierno federal ha invertido 253 millones 364 mil 928 pesos. En 2016 se aplicaron 114 millones 392 mil 772 pesos. Para 2017, el monto bajó a 88 millones 972 mil 157 pesos y en el presente ejercicio se destinaron 50 millones de pesos, de acuerdo con el calendario de inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Pese la inversión millonaria, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social no ha reportado el avance físico y financiero del proyecto. El responsable directo del penal es el titular del organismo, José Alberto Rodríguez Calderón.
Miguel Ángel Osorio Chong, cuando fue titular de la Segob, informó del proyecto de infraestructura carcelaria, donde se aplicarían 777 millones de pesos para la primera fase de renovación de los espacios de reclusión. Pese a estar en obra, la Segob ha destinado 240 millones de pesos para el mantenimiento, adecuación y rehabilitación de los 4 Ceferesos referidos.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Excavación (SITRACE), Luis Medina Hernández, ha dicho que los trabajos se realizan pausadamente para que se corrobore las especificaciones de una instalación de máxima seguridad.
En la obra participan plomeros, herreros, albañiles, carpinteros, pintores y profesionistas en seguridad pública. “La generación de empleo y la derrama económica es buena para los trabajadores, sin embargo se avanza lento por los paros que se hacen por el nivel de seguridad”, dijo.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, dicha centro de reclusión carecía de aspectos que garanticen la integridad física y moral de los internos; en dos años hubo 198 riñas entre presos. La capacidad era de 856 lugares y la población era de 843 internos. Sin embargo, el Cefereso 3 no ha progresado en la evaluación federal.
“Los Ceferesos están funcionando, pero con deficiencias en sus áreas administrativas, áreas técnicas y áreas complementarias, ocasionando una operación que no llega al cien por ciento de efectividad. Lo anterior por una infraestructura insuficiente, causando la inadecuada clasificación criminológica y separación por condición jurídica, lo que confirma la urgencia de resolver las dificultades de sobrepoblación y hacinamiento, en penales locales y federales”, explicó el órgano.
El Cefereso número 3, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentaba problemas de hacinamiento, insuficiencia en los programas para la prevención y en los procedimientos para la remisión de quejas de probables, falta de atención de incidentes violentos, prevención de violaciones a derechos humanos y atención en caso de que sean detectadas y violaciones a las garantías individuales.
Por el Cefereso número 3 han pasado personajes del crimen organizado, como los ya extraditados Jesús Zambada García, “El Rey”, y Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hermano e hijo del capo Ismael “El Mayo” Zambada, respectivamente.
Al cierre del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social mantiene obras en el
Centro de Readaptación Social de Monclova, Coahuila; y en los Ceferesos 9 Norte, 4 Noroeste, 5 Oriente, 8 Norponiente, 7 Nor-Noroeste.
Además, en el Cereso de Huimanguillo, Tabasco, se construyen estancias de baja, mediana y alta peligrosidad para mil 538 internos, 416 policías federales, 208 custodios y 106 empleados administrativos. Al terminar las labores se convertirá en Centro Federal de Readaptación Social.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) reservó por espacio de 12 y 5 años la información de las obras de construcción, rehabilitación, remodelación, adecuación y equipado de los Centros Federales de Readaptación Social.
El Comité de Transparencia del OADPRS resolvió que difundir esa información puede ocasionar daños inminentes, motivo por el cual determinó entregar a la particular sólo las versiones públicas de los documentos solicitados.
Los nombres y firmas de servidores públicos fueron clasificados como confidenciales por 12 años. Esta información “pondría en peligro la seguridad y vida de los servidores que ante la posible ejecución de conductas delictivas como amenazas, atentados e incluso lesiones u homicidios; así como el posible establecimiento de algún vínculo por parte de miembros de la delincuencia organizada con los mismos, se debilitaría la eficacia en el desempeño de sus funciones, poniendo en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública”.
El nombre de las empresas y del personal se reservó por 5 años, toda vez que su divulgación “facilitaría a miembros de la delincuencia organizada la ejecución de actos delictivos como fugas, motines, evasión de reos, ante la posibilidad de poder identificar a las empresas o al personal, ya que tuvieron acceso a planos arquitectónicos y estructurales correspondientes a las instalaciones penitenciarias”, argumentó.
Los datos sobre los trabajos y lugares de ejecución fueron reservados por 5 años. Su difusión, justifica la Federación, “estaría evidenciando las fortalezas y debilidades en la construcción de instalaciones penitenciarias, poniendo en riesgo su resguardo y como consecuencia de ello, se pone en riesgo la integridad, seguridad y vida de las personas privadas de su libertad y de los servidores públicos que se encuentran laborando al interior”.
Alistan nuevo penal de Victoria
La Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas está a punto de lanzar la licitación para rehabilitar el nuevo penal de ciudad Victoria, en el mes de octubre.
En el tema de seguridad pública la administración estatal destinará 2 mil 400 millones de pesos antes de finalizar el año, para rehabilitar el Penal de Victoria, proyectos en la Universidad de Seguridad y Justicia y complejos de seguridad.
De acuerdo con el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) en Victoria -Luis González Cruz será en octubre o principios de noviembre cuando se lance el concurso para seleccionar a la empresa que rehabilite el Penal abandonado, desde hace más de siete años.
“Nos dijeron que iban a tener lista la licitación para el mes de octubre o finales de noviembre, saldrá la convocatoria, nos habló la secretaria que el inicio de la construcción será a finales de año”” dijo Luis Gonzalez Cruz.