CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Con el propósito de combatir la compra -venta de facturas que amparan operaciones inexistentes, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente abrió a consulta pública.
Su propuesta desea obligar tanto a personas morales como a la Federación, Estados, Ciudad de México, municipios y a organismos descentralizados a retener y enterar las
dos terceras partes del IVA que se cause cuando se reciban servicios prestados por otras personas morales.
En Tamaulipas se empezó a difundir esta información a partir del 10 de septiembre y se hará hasta el 28 del mes en curso que estará disponible la consulta pública, con la que Prodecon difunde la modificación legal para inhibir la comercialización de comprobantes fiscales que amparan operaciones no existentes.
En esta estrategia podrán participar cualquier ramo o sector de la industria o comercio, universidades cámaras o colegios y cualquiera que esté interesado, dijo Alfredo Serrano delegado en Tamaulipas.
Con la propuesta que realiza la Prodecon, las personas físicas que contraten servicios quedarían relevadas de realizar la retención; en la actualidad las personas morales tienen la obligación de retener y enterar a las dos terceras partes del IVA cuando reciben servicios prestados por personas físicas.
No se está planteando un escenario desconocido para contribuyentes morales, lo que se propone es extender la obligación de retener y enterar e incluso en la misma proporción el IVA que se cause cuando reciban servicios prestados por personas morales.
Se estima que con ello el SAT podría detectar fácilmente a grandes empresas factureras mismas que son parte de una cadena de simulación.
La propuesta no afectará a empresas prestadoras de servicios y la ventajas que es que no tiene un impacto presupuestal, modifica un sólo artículo de la ley del IVA, ayuda eficazmente al combate a la corrupción en el sector público al establecer nuevas obligaciones fiscales de control cuando las entidades de ese sector paguen contrataciones de servicios que generen IVA.
Además coexistiría con listas negras que se han publicadas por el SAT y será complementaria a la medida anunciada por el presidente electo con relación a considerar la venta de facturas como delito grave.