La terminación del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto deja en términos generales un saldo negativo. En la mayoría de los rubros del quehacer público, la economía, el poder adquisitivo del salario, la inseguridad, la corrupción y la impunidad, los resultados fueron adversos.
Las variables macroeconómicas, paridad monetaria, inflación y crecimiento, entre otras, se mantuvieron estables, lamentablemente, esa estabilidad no se reflejó en la microeconomía, en el bolsillo de la mayoría de los mexicanos la situación no salió del precariedad y la insuficiencia de los ingresos para solventar las necesidades básicas de la familia.
Los trabajadores tienen ahora que trabajar más de ocho horas para obtener los ingresos que antes obtenían en ese periodo de trabajo.
Cansados con el estado de injusticia y la falta de voluntad de gobiernos surgidos del PRI y el PAN para resolver tan graves problemas, treinta millones de ciudadanos optaron por llevar a la presidencia al primer candidato que no es miembro de ninguna de esas agrupaciones sino de un partido de izquierda.
Desafortunadamente, más tardó el presidente Andrés Manuel López Obrador de recibirlas constancia de mayoría y luego la declaración de presidente electo que los opositores en echársele encima.
Con el argumento de inconstitucionalidad, los ministros de la Suprema Corte, la mayoría de los cuales llegaron al cargo a propuesta de los presidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto, suspendieron la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que pretende reducir las percepciones salariales de la alta burocracia, empezando por los 600 mil pesos mensuales que perciben los miembros del máximo tribunal judicial.
Sentenciaron que la cancelación del aeropuerto de Texcoco ahuyentaría la inversión y se opusieron también a la eliminación del fuero legal. Contradictoriamente, rechazan la creación de la Guardia Nacional dispuesta para combatir la violencia de crimen organizado porque dicen que constituye una continuidad a la militarización emprendida por los gobiernos de Calderón y EPN, pero al mismo tiempo se oponen al regreso del ejército a los cuarteles.
Empeñados en preservar el actual régimen de privilegios, causante, entre otros factores de la injusticia, la desigualdad y la pobreza que tienen al país en la ruina, los adversarios de AMLO se han dedicado a bloquear todo intento de cambiar las cosas. Lo justifican de distintas maneras en el fondo, sin embargo, se trata de una resistencia total al cambio que reclama la
sociedad en todos los órdenes, especialmente en el combate a la corrupción y la impunidad.
En asuntos de otra índole, el senador Mauricio Kuri González asumió temporalmente la coordinación de la bancada panista del Senado de la República que dejó vacante la muerte del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, esto en tanto que el dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, lo ratifica o encarga la función a otro legislador.
A propósito, la renuncia a Acción Nacional del ex presidente Felipe Calderón y de su esposa Margarita Zavala, entre otros militantes de renombre, aunada al deceso de Moreno Valle, ha fortalecido el grupo político interno del ex candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, que se convierte en prácticamente el dueño del partido albiceleste que le permitirá designar sin oposición a los candidatos de las próximas jornadas electorales.
Al exterior, sin embargo, debilita al partido político de derecha.
Muchos miles de simpatizantes del PAN que no favorecieron con el sufragio al abanderado queretano en la pasada elección presidencial porque no estaban de acuerdo con la forma en la que los anayistas resolvieron la candidatura al cargo de mayor jerarquía y responsabilidad política de México, podrían emigrar al nuevo partido político que organiza Calderón Hinojosa y seguidores.
En asuntos locales, por otra parte, el Departamento Jurídico del Ayuntamiento de ciudad Madero anunció que denunciará ante la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas al gobierno del alcalde Andrés Zorrilla Moreno y a quién o a quiénes resulten responsables del delito de robo de dos vehículos y varios motores lo mismo que de la falta de documentos y expedientes de bienes muebles del municipio detectados durante el proceso de transición.
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