Nuevo Laredo.- El arranque del gobierno federal ha tenido sus contratiempos en Tamaulipas.
Los sectores industrial y agropecuario son los más sacudidos por los cambios en la política económica y las formas de distribuir los recursos a los beneficiarios.
El conflicto laboral, causado por la confusión en el aumento al salario mínimo en la zona fronteriza, es el de mayor impacto, pero hay otros casos como el arribo de cientos de migrantes a la frontera, la eliminación del programa de estancias infantiles y las modificaciones en los apoyos al sector agrícola.
En contraparte, la estrategia de combate al huachicol ha permitido redoblar la vigilancia en las instalaciones de Pemex en Tamaulipas y en los más de mil kilómetros de ductos que atraviesan por el territorio estatal.
Migración a tope
El arribo de 560 migrantes originarios de América Central, Venezuela, Cuba y Rusia a las tres principales ciudades fronterizas en una semana, ha elevado las alertas en los albergues y centros de atención coordinados por autoridades y sociedad civil.
La estructura tamaulipeca para recibirlos se ha visto rebasada, y la situación tiende a empeorar porque el gobierno federal eliminó los recursos de apoyo para las entidades que atienden a los migrantes.
Nuevo Laredo es el centro de la escalada migrante, con la llegada de 133 hombres y 20 mujeres provenientes de Honduras, un hombre y una humea de Guatemala, 3 hombres y una mujer de El Salvador, un nicaragüense y una familia mexicana.
El Instituto Tamaulipeco para el Migrante (ITM) registró el arribo de 200 centroamericanos a Matamoros provenientes de Piedras Negras. Asimismo, en Reynosa se atienden grupos con máximo 14 personas por día, originarios de varios países de África y Rusia.
“Estamos metidos en temas de repatriación, deportación por mal comportamiento, atención a migrantes en tránsito, migrantes en refugio donde hace poco nacieron un afromexicano y un mexicano
Los ajustes planteados por el gobierno federal han causado serios problemas para los sectores de la industria, el campo y hasta para la atención de los migrantes, lo que causó un duro primer bimestre para el estado de padres centroamericanos”, dijo el titular del ITM, José Carmona Flores.
Apenas la semana pasada, el titular del Instituto Nacional de Migración (Inami), Tonatiuh Guillén López, designó a José de Jesús Vega, delegado en Tamaulipas. La selección se dio tras las acusaciones de corrupción del encargado de la oficina, Inocencio Almazán Monroy.
Centroamericanos y caribeños denunciaron que Almazán Monroy encabezaba una red de personas que les exigieron hasta 3 mil 500 dólares para liberarlos y evitar que fueran repatriados a sus países natales. Las personas eran recluidas en un subterráneo aledaña a la estación migratoria.
Carmona Flores mencionó que el gobierno estatal ha erogado un estimado de 4 millones de pesos en la atención de migrantes en el primer bimestre del 2019.
Abundó sobre la incertidumbre en la operación de los fondos que contempla aplicar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Tamaulipas es un caso sui genersis. Todos los estados recibimos una bolsa para atender a nuestros migrantes repatriados, pero en el caso de Tamaulipas por ser frontera nos toca atender a todos, no podemos preguntarles quienes son de Tamaulipas y quienes no.
Las oficinas de Guanajuato, Michoacán y Guerrero reciben a sus paisanos para ayudarlos. El destino que se destina para los tamaulipecos termina en todos los mexicanos”, explicó el funcionario estatal.