El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 presenta, de manera concisa y en función de propuestas y metas previstas, un resumen de la estrategia de seguridad pública del gobierno de López Obrador. Y como todo plan, hay una mezcla de utopías, deseos, posibilidades frustradas y urgencias desordenadas.
En la mezcla del plan y lo programático no existe una calendarización de programas y resultados. Aunque en la parte programática hay un asentamiento de realismo: bajar la tasa de incidencia delictiva por cada 1000 mil habitantes de 39 mil 369 delitos en 2017 a 33 mil 219 delitos en 2024, una disminución de apenas 15.6%.
Y en el renglón de las percepciones sociales sobre inseguridad –el estado de ánimo que potencia a veces la incomprensión de la dinámica del delito asociada a linchas entre los cárteles– la baja programada tampoco parece ser significativa: de 79.4% en 2018 a 39.4% en 2024, una disminución del 50%.
El contraste entre exigencias sociales y resultados previsibles debe asumirse en función del planteamiento filosófico del Plan –las primeras 63 páginas–; una variación no sólo de paradigma de seguridad, sino de comprensión social y política de la inseguridad: “cambiar las medidas de guerra por una política de paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad que tenga como objetivo inmediato la reducción de los índices delictivos”.
Aquí llama la atención la caracterización que se hace de la violencia criminal: “descontrol delictivo”; y aunque no hay una explicación del término, se puede suponer que se refiere a que el crimen organizado estaba bajo control del Estado y que por razones no dichas –aunque supuestas– se perdió el dominio oficial y las bandas quedaron al garete. Para volver supuestamente al “control delictivo” –por el argumento del descontrol–, el Plan aporta dos metas concretas: objetivos e instrumentos. La meta es modesta –15.6% menos delitos por 100 mil habitantes–, con una reorganización social y de seguridad de la política de seguridad.
La construcción de la paz se basa en disminuir las acciones de guerra y el aumento de iniciativas de no confrontación. El Plan acepta “la imposibilidad de derrotar a las diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares” y plantea una opción al “absurdo de querer pacificar con métodos violentos”: garantizar desechos de las víctimas y propiciar “el desarme y la entrega de los infractores”.
El modelo es el de la llamada “justicia transicional”, pero se trata de un modelo ajustado a transiciones de sistemas dictatoriales a sistemas democráticos. Y en México la estrategia de seguridad de Calderón y Peña Nieto no fue de represión de derechos humanos –salvo excepciones castigadas por las autoridades– y bajo el criterio de que la inseguridad no fue una conducta política o antisocial de los delincuentes.
De todos modos, la estrategia de seguridad ya no será ofensiva sino de perdón y estará basada, según el PND, en cuatro ejes: verdad, justicia, reaparición y garantía de no repetición. En este modelo se incluye la amnistía a delincuentes que acepten ya no regresar a la criminalidad. Pero en otra parte del Plan se revela que las cárceles son universidades del delito y que muchos capos controlan el crimen organizado desde sus celdas, lo que revelaría un desdén al compromiso de ser perdonados si no reinciden. No hay cifras reales de reincidencia, pero expertos en penales hablan de 90%.
En las estrategias específicas, el PND incide sobre el lado social de la criminalidad y asume el compromiso –otra vez, desde 2006– de un “nuevo modelo policial” en los tres niveles de gobierno, aunque con datos de que las policías estatales y municipales no se quieren certificar, no quieren el Certificado Unico Policial y sólo esperan que el mando único comience a poner orden sobre la marcha operativa de la nueva estrategia. A ello se agrega el objetivo de “disuadir” a los delincuentes.
El Plan es una lista de objetivos, instrumentos y estrategias y en realidad su viabilidad se verá sobre la marcha. No debe olvidarse que el tema de la seguridad es uno de los más importantes en la agenda del presidente López Obrador, pero que sus propuestas son más disuasivas que represivas, con el saldo de que la disminución de la actividad policiaca en los cuatro meses de gobierno llevó a un aumento, respecto a periodos anteriores de Calderón y Peña Nieto, en el número de homicidios violentos.
Zona Zero
· Hizo bien el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en adelantar pasos de la Guardia Nacional en lo que salen las leyes reglamentarias. La Policía Federal y la Gendarmería ya no funcionan y el país no podía quedarse sin una organización federal de seguridad. Y también hizo bien en defender la presencia de las policías militares y navales porque su formación en materia de seguridad ha reducido los pasos de profesionalización de los efectivos de la Guardia.
· El decreto del viernes 17 de mayo para dar otro año de plazo a certificación de policías no tiene que ver con la Guardia, sino con las corporaciones policiacas estatales y municipales. Pero a pesar de los plazos perentorios, los gobernadores y alcaldes no han cumplido con las exigencias de control de confianza. Parece que esperan el mando único federal y que esa estructura se haga cargo de limpiar las corporaciones.
· Algo está pasando en el PRI porque el caso del exgobernador nayarita Roberto Sandoval y su expediente de narco en los EE. UU. se suma al fiscal de su administración Edgar Veytia detenido en San Diego con una carga de marihuana en 2019 y auto declarado culpable fue otro suceso de la narcopolítica. La acusación del Departamento de Estado debe obligar a la Fiscalía General de la República a indiciar al señalado porque las sospechas sobre el ex gobernador han sido crecientes.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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