La fotografía que circuló hace unos días en diversos medios y redes sociales resultó muy significativa además de impactante. En ella aparecían civiles armados en un municipio de Michoacán sometiendo y humillando a militares bajo la advertencia de que no los liberarían hasta que se les regresaran unas armas que, según decían, «pertenecían al pueblo».
El suceso se hizo viral. Pero más allá de la espectacularidad de lo acontecido quedó registrado este acto insólito como una prueba extrema del estado de riesgo e impunidad que se vive en diversas regiones de México.
Poco después de lo sucedido en Michoacán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, salió a declarar que nuestro país vive «una situación de emergencia» en materia de inseguridad —no registrada desde la época de la Revolución Mexicana— y que en gran parte es resultado de la corrupción de los cuerpos policiacos.
Su mensaje dejó evidente el hecho de que la inseguridad en México no solo se expande por elementos ligados a la pobreza o la falta de educación. Está fundamentalmente solapada por caciques, políticos, autoridades policiales y funcionarios diversos que han amparado y protegido a grupos delictivos a través del tiempo.
Un dato relevante de lo que se vive es que en unos cuantos años en México la tasa nacional de homicidios pasó de 13 a 23 por cada 100 mil habitantes, según reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pero… ¿acaso el Gobierno está haciendo algo serio y profundo para hacer frente a esta emergencia?
Hace apenas unas semanas empezaron a implementarse los cambios para poner en marcha la Guardia Nacional, uno de los proyectos centrales del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, persisten muchas preguntas y dudas en torno a la mecánica a seguir para aterrizar con éxito esta nueva estrategia en seguridad.
Uno de los cuestionamientos más apremiantes tiene que ver con el modo en que se coordinarán las policías locales y estatales con este nuevo cuerpo federal.
¿Cuál será la función real y práctica de la guardia nacional? ¿Cómo será su relación con las policías locales y estatales? Muchos se preguntan si será un cuerpo de reacción para combatir en especial a las mafias de la delincuencia organizada o se constituirá como la única fuerza policial con facultades y recursos para subordinar a las corporaciones locales.
Esto deja una área gris en cuanto al papel de las policías locales, estatales y municipales, algo que debe ser aclarado y quedar bien establecido para limitar responsabilidades legales y evitar cruce de funciones.
Un segundo punto tiene que ver con el modelo de operación de las corporaciones locales. ¿Acaso la Guardia Nacional aplicará una estrategia tradicional que permita la implementación de un modelo de policía de proximidad, como algunos municipios ya han aplicado exitosamente?
Esta logística de seguridad considera que la interacción entre la policía y la comunidad es el fundamento principal de la función de seguridad y el camino esencial para lograr la confianza ciudadana en quienes deben amparar y procurar su protección finalmente.
En algunos casos el modelo de proximidad y combinación entre policías ha tenido buenos resultados y se ha reflejado en una baja de los índices delictivos en diversos municipios del País. En Neza, por ejemplo, la incidencia delictiva bajó 70 por ciento en tan solo siete años.
Lo que estamos viviendo actualmente en México debe ir más allá de innovadoras estrategias como la Guardia Nacional y la revisión profunda de políticas de seguridad a nivel local.
Debe haber en el fondo también un compromiso que nos lleve a revisar seriamente la presencia de la corrupción y la impunidad en los cuerpos de seguridad en todos los sectores oficiales. Por ahí debemos empezar.
