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Columnas: A juicio de amparo

El hampa y la corrupción

/ 02 de junio, 2019 / Maria Amparo casar

Hay muchas maneras de limitar la libertad de prensa. El problema se agrava cuando el periodismo depende de la publicidad gubernamental para su sobrevivencia o para aumentar sus ganancias. En México se han utilizado distintos mecanismos para controlar la prensa: desde el monopolio del papel (PIPSA) hasta los contratos de publicidad y desde las amenazas personales hasta los homicidios.

Los presidentes no suelen hablar públicamente sobre el ejercicio periodístico. Para eso utilizan a voceros o mensajeros de confianza que transmiten sus recados a dueños, directores, reporteros
y articulistas. Algunos se pliegan, otros no. No cuento con información para saber si durante esta administración se han utilizado estos métodos, pero sí para afirmar que el sello de la casa es el de la intimidación y descalificación verbal desde la cúspide de la pirámide del poder. Acompañada, por cierto, de meter una cuña entre los reporteros “prudentes” o “que se portan bien” y “los otros”, los “fifís”.

Pocos presidentes han sido tan vocales y despectivos con la prensa y los periodistas como AMLO. Cuento en las mañaneras más de 1,100 menciones a “periodistas”, “periódicos” o “medios”. Los ridiculiza, insulta, desacredita y desautoriza constantemente. Siempre con adjetivos; casi nunca con argumentos. Desde luego que los medios y analistas manejan o presentan la información para enfatizar lo que, a su juicio, es positivo o negativo. Pero, hasta el momento, en ninguna mañanera se han podido desmentir las cifras ofrecidas por ellos. Lo que ha hecho AMLO es repetir, sin ningún rigor: “Yo tengo otros datos”.

Además de referirse a los medios y periodistas —“salvo honrosas excepciones”— con adjetivos como corruptos, conservadores, neoliberales, hipócritas, chayoteros, hampones y parte de la mafia del poder, se ha dado el lujo de señalar por nombre a algunos de sus críticos.

Pero no ha habido una sola denuncia contra esos supuestos corruptos. La definición de hampón es “persona que
vive de forma marginal cometiendo acciones delictivas de manera habitual”. Me pregunto: un gobierno que ya decretó
el fin de la corrupción, ¿no estaría
obligado a vincular a proceso judicial a los hampones? Y, si no, ¿no debería a haber una denuncia contra quien difama desde
el pódium privilegiado del poder sin ofrecer prueba alguna?
Se ha dicho que el gasto en publicidad debe transparentarse. La transparencia es indispensable, pero insuficiente. Importa saber cuánto y cómo gasta el gobierno, pero el mero hecho de saberlo no cambia las cosas.
El nuevo gobierno habla de transformación. No la veo. ¿Recortar el gasto en publicidad o develar los montos y destinatarios de los contratos de publicidad basta? Desde luego que no. Reducir el gasto no rompe con el modelo tradicional. Exhibir los montos y contratos no es una novedad. Fundar y la revista Etcétera han sido pioneros en el estudio del gasto en publicidad y sus perniciosos efectos. En Compranet, sitio oficial del gobierno, se publica el gasto en comunicación social. ¿Qué ha pasado? Nada.
Es obscena la cantidad de recursos
que se destina a comunicación social y arbitraria la manera en que se distribuye, pero es dinero legal: media un contrato, se emiten facturas, los ingresos se declaran
y los impuestos se pagan. Es parte de un modelo adoptado en la práctica que ha beneficiado a ambas partes. Un modelo que debe terminarse. Del que no sabemos nada es del “dinero debajo de la mesa”.
El gobierno de Peña Nieto no cumplió con su compromiso en materia de comunicación social. El Poder Legislativo fue omiso por más de tres años en legislar. Cuando lo hizo (abril 2018) por resolución de la SCJN, mantuvo los amplios márgenes de discrecionalidad.
A seis meses de gobierno, estamos
en la misma situación. El 17 de abril se publicó el Acuerdo por el que se establece la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal. Adolece de lo mismo. Se dice que habrá “criterios objetivos”, pero no se desarrollan. El PND (y su Anexo) simplemente no mencionan el asunto.
Dicho esto, como analista en medios públicos (Canal 11) y privados, me parece de elemental honestidad aclarar que ni durante la pasada ni durante la presente administración he sido sujeta a censura alguna ni he recibido línea en cuanto a los temas a tratar o mis opiniones.