Lo que nació como una alternativa de financiamiento amable para que los trabajadores pudieran adquirir una vivienda, se ha convertido con el paso de los años en una opción más costosa y -muchas veces más cruel- que la que ofrece la banca comercial.
Hoy, el mismo Infonavit reconoce que en el país hay al menos 1 millón de acreditados cuya deuda es impagable; algunos siguen abonando lo que les permite conservar sus casas y no caer en la cartera vencida, pero otro buen porcentaje pierde su patrimonio por no poder pagar las mensualidades que cada año suben a la par del saldo total.
Y en ese panorama nacional, Tamaulipas es líder indiscutible en el rezago de los trabajadores y las dificultades para mantener sus viviendas.
De acuerdo a información proporcionada por Transparencia, en los últimos cinco años -entre el 2014 y el 2018- en todo el país el Infonavit se adjudicó 203,085 casas porque sus dueños dejaron de pagarlas.
De ese total, el 14% de las adjudicaciones a favor del Instituto ocurrieron en Tamaulipas.
Es decir, en cinco años, el Infonavit embargó 29,571 viviendas en la entidad. No hay ningún otro estado que presente cifras de esta magnitud; el segundo lugar de este ranking sería Chihuahua donde se recogieron 20,125 casas.
El 2018 fue el año con más adjudicaciones en Tamaulipas: 7,941, contra las 4,085 del año anterior.
Resulta inevitable relacionar esas estadísticas con el proceso legal que se sigue actualmente por el destape de un megafraude, a través del cual un grupo de jueces de Nayarit habrían despojado de sus viviendas a cerca de 60 mil derechohabientes de Infonavit de siete estados, entre los cuales está Tamaulipas.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de aquél estado, entre el 2013 y el 2018 se realizó una asociación, arreglos o convenios entre apoderados legales y funcionarios del Instituto, despachos de abogados y los jueces, para llevar a cabo la ejecución hipotecaria, es decir el embargo.
De acuerdo al expediente, los jueces aceleraban los procesos de adjudicación contra derechohabientes que en algunos casos ni se enteraron del procedimiento que se estaba llevando a cabo.
No se ha hecho pública la información de cuantos de esos casos se presentaron en la entidad.
Tamaulipas también ocupa los primeros lugares en abandono de viviendas, y por ende en “invasión”.
Así, de las casi 34 mil casas donde el Infonavit ha detectado invasiones entre el 2015 y abril del 2019 en todo el país, 4,775 se ubican en Tamaulipas, sobre todo en los municipios fronterizos y del sur de la entidad.
Solo en Baja California hay más casos, con 5,481 viviendas invadidas.
Estas cifras propician que la entidad sea una de las que tienen más casas recuperadas y subastadas: el 30 de agosto del año pasado, a través duna “macrosubasta” se vendieron 412 viviendas a la empresa regiomontana Terrabien S de RL de CV.
En muchas estadísticas se evidencia la difícil relación que mantienen los tamaulipecos con el Infonavit.
La cartera vencida del estado por ejemplo está muy por encima de la media: mientras a nivel nacional se registra una cartera del 7.72% sobre el saldo total de los créditos, la de la entidad es del 11.4%, segundo lugar sólo por debajo de Tabasco donde hay un 12.65%, y donde curiosamente, en los últimos cinco años sólo se adjudicaron 1,250 viviendas a favor del Instituto, una cifra muy inferior a las 29,571 que se adjudicaron en Tamaulipas.
Los peligros de un crédito
Hasta 2016, el Infonavit otorgó créditos en veces salario mínimo y la deuda de las familias se movió cada año conforme al incremento de este indicador. Este esquema se aplicó casi por 40 años.
Pero los bajos incrementos salariales y las interrupciones en la cotización por desempleo, hicieron crecer esta deuda, lo que demostró el fracaso del modelo, según ha reconocido el propio organismo.
Actualmente, un préstamo otorgado en veces salarios mínimos puede crecer hasta 5 veces su saldo original, explicó Óscar Vela, subdirector de Planeación y Finanzas del Infonavit.
Se presentan dos ejemplos de las dificultades que acarrea pagar un crédito. “Ernesto” obtuvo su crédito en 2006 y desde entonces quedó desempleado en tres ocasiones y pasó por reestructuras. Eso, y el hecho de que en algunos periodos fue registrado con un salario mínimo, ha sido suficiente para que hoy adeude 289 mil pesos, casi lo mismo que le prestaron.
“Ana” pidió 590 mil 899 pesos en 2011 y en 8 años de retenciones salariales constantes ya destinó 670 mil pesos. Pero casi todo fue a intereses y a la fecha debe más de 415 mil pesos.
Comenzó su crédito en 2011 con un salario mayor al actual y ahora destina prácticamente su sueldo completo al pago mensual de 7 mil 900 pesos.
A pesar de su situación, ninguno es parte de la cartera vencida ya que continúan abonando al financiamiento.
Esa es una de las razones por las que la cartera vencida del organismo -cartera sin pago respecto a la cartera total- apenas es de 5.7 por ciento. Ni “Ernesto” ni “Ana” serían aceptados en el programa lanzado por esta Administración para reestructurar los créditos con más de 15 años de vigencia y que han aumentado 1.5 veces su saldo original son un primer intento de reparar esta falla.
Pagan mucho por muy poco
La otra gran problemática que enfrentan los trabajadores tamaulipecos que buscan hacerse de una casa es la pésima calidad de las construcciones, responsabilidad que recae en las empresas inmobiliarias certificadas por el Infonavit.
Desarrolladoras inmobiliarias como Alora de Nuevo León y Caletto de San Luis Potosí, ofrecen estas viviendas de interés social, que no cumplen con las dimensiones mínimas consideradas por las organizaciones internacionales, para ofrecer calidad de vida a una familia.
De hecho, en muchas ocasiones ni siquiera cumplen con las medidas que exige la Ley para el Desarrollo Urbano de Tamaulipas, que obliga a los fraccionadores a construir las casas en predios con por lo menos 6 metros de frente y 16 de profundidad, para alcanzar una superficie de 96 metros cuadrados.
En la región centro de Tamaulipas, los desarrolladores de vivienda siguen ofertando casas habitación -pese a que no hay demanda suficiente- con apenas 50 metros cuadrados, a un costo de 300 mil pesos, que con un crédito social puede elevar su costo final hasta los 600 mil pesos.
El año pasado por ejemplo, Profeco registró más de 20 quejas por un monto superior a 5 millones 500 mil pesos que han sido recuperados para el consumidor; la mayoría en los municipios de Victoria, Mante y Matamoros.
Las denuncias fueron en su mayoría por la entrega de casas en mal estado físico y/o por entregarla sin servicios primarios instalados.
En todo el estado se construyen afraccionamientos que ofrecen viviendas a precios muy bajos, pero cuya calidad y tamaño están lejos de ser las ideales.
La superficie de construcción de la vivienda económica puede ser de 50 metros cuadrados, cada instituto como el INFONAVIT y FOVISSSTE tiene sus reglas y especificaciones para que las viviendas sean sujetas de crédito.