Las calificadoras norteamericanas han venido observando de manera cada vez más puntual el comportamiento económico y social de México y emitiendo calificaciones cada vez más bajas.
Una de las razones por la que están reduciendo las estimaciones de deuda tiene que ver con el poco avance en materia de estrategias anti-corrupción.
Fitch Ratings, una de las firmas más influyentes, indicó que nuestro país “se ve bajo y débil” en temas como corrupción y Estado de derecho. Revela que no ha habido mejora en los últimos años y advierte que “la gobernanza es todo un desafío para México para las calificaciones”.
“Si la gobernanza se debilita y hay asuntos en gobernanza, eso afecta la calificación a la baja”, comentó recientemente el director global de la companía, James McComarck, durante un foro económico.
“La corrupción está mal y en el Estado de derecho tampoco le va muy bien a México en el contexto latinoamericano, esto baja las calificaciones de gobernanza”, dijo el ejecutivo.
Generalmente se aborda el tema de la corrupción como un mal a nivel nacional y de ejercicio de combate federal. Sin embargo, a nivel estatal se puede hacer mucho pero la realidad es que poco esfuerzo se realiza en este aspecto.
Un ejemplo: Los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) deberían estar integrados y funcionando desde julio de 2017, pero a la fecha siguen paralizados y obstaculizados por la intervención de gobernadores y legisladores, según revela un reporte de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas.
La Ciudad de México, por mencionar un caso, tiene un retraso en materia de ataque a la corrupción que se remonta a la gestión de Miguel Ángel Mancera, quien dejó el cargo en marzo de 2018 sin poder nombrar un fiscal anticorrupción.
Estados como Chihuahua, Veracruz y Guerrero son casos drásticos y en los comités de participación ciudadana (CPC) que forman parte de esta estrategia se la pasan acusando a los gobernadores y funcionarios de irresponsabilidad administrativa, malos manejos y burocracia que impiden arrancar acciones en materia anti-corrupción.
Hay gobernadores como Jaime Rodríguez de Nuevo León que de plano rechazan este esquema. Incluso, el famoso “Bronco” ha pedido su anulación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que debería ser la ciudadanía y no la Comisión de Selección elegida por el Congreso quien propusiera las ternas para nombrar a los fiscales general, anticorrupción y electoral.
Ciertamente el tema de la corrupción debe de ser abordado mediante una estrategia de alcance nacional, pero de acciones contundentes a nivel regional.
Nada ganamos los mexicanos si la visión de combatirla se torna política y partidista. A final de cuentas se atora en los escritorios de la burocracia y en los laberintos de la discusión efímera.
La corrupción ya no es un asunto meramente político y social. Adquiere hoy día un valor de importancia en la economía y es referencia —como bien lo señala la calificadora Fitch Ratings— para mantener o reducir una evaluación de deuda por país.
Hay naciones como Guatemala que han podido eficazmente combatir la corrupción mediante la asesoría de organizaciones como la OEA. La popular Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) logró durante varios años llegar a las entrañas de la corrupción política y empresarial y llevar a los tribunales a personajes clave, desde ex-presidentes hasta empresarios de alto nivel. El éxito de su operación radicó en la autonomía y pocas personas involucradas, de gran reputación y honorabilidad.
No queda de otra. O vemos el tema de la corrupción desde una perspectiva más pragmática y contundente o seguiremos simplemente dándole vueltas y más vueltas mientras los malos mexicanos siguen robando y traficando influencias con sofisticados esquemas de manejo de dinero.
