CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A casi 10 meses de iniciadas sus administraciones municipales, solo dos alcaldes tamaulipecos han hecho pública su declaración #3de3, quienes se suman al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y a dos diputados federales, entre los funcionarios de primer nivel que han trasparentado su patrimonio, su situación fiscal y sus posibles conflictos de interés.
Es decir, 41 ediles tamaulipecos han obviado este proceso, alentado por la iniciativa privada a través de una campaña lanzada hace ya más de tres años.
Tampoco en los portales de transparencia de los municipios están disponibles los documentos.
Los que sí han publicado sus declaraciones son Enrique Rivas, de Nuevo Laredo; y Maki Ortiz, de Reynosa.
Hay nueve legisladores federales que no han accedido a que se haga publica su declaración, sólo la han presentado Mario Ramos de Movimiento Ciudadano y Salvador Rosas Quintanilla, de Acción Nacional.
Ninguno de los funcionarios federales tamaulipecos del nuevo gobierno han abiertos sus declaraciones.
Han escondido sus declaraciones diputados federales como el morenista Erasmo González Robledo, quien pertenece a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; la panista Nohemí Alemán Hernández; o la priísta Marina Rodríguez Mier y Terán.
La iniciativa #3de3 es una propuesta ciudadana impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana (TM), en conjunto con otras organizaciones empresariales como la Coparmex.
“Promueve que nuestros funcionarios y candidatos a puestos de elección popular hagan públicas tres declaraciones voluntariamente como muestra de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el interés público”.
Tampoco los diputados locales actuales, ni quienes ganaron la reciente elección han subido sus declaraciones a la plataforma.
Pero Tamaulipas es uno de los estados donde la iniciativa ha tenido menor eco entre las figuras políticas, si se compara por ejemplo con los estados vecinos.
En Nuevo León, además del gobernador, un senador, cinco alcaldes, cinco diputados federales y más de 10 secretarios de estado han presentado sus declaraciones.
Recientemente, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó en lo general modificaciones al formato de la declaración patrimonial y de intereses que deberán presentar todos los servidores públicos del país.
Los integrantes del Comité reservaron seis observaciones formuladas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para ser discutidas en una próxima sesión.
Estos puntos son la publicidad de los saldos de la cuentas bancarias, publicidad de la información patrimonial del cónyuge y dependientes económicos, reserva de identidad de los menores de edad, especificar la industria a la que pertenecen los terceros vinculados con el declarante, conservar campos que fueron eliminados respecto del formato anterior y especificar la publicidad de datos por sector.
“El INAI en esto sostiene que considera conveniente e indispensable se mantengan públicos 365 campos o datos, desde luego será motivo de la discusión detallada para que se consideren o no, pero lo teníamos que dejar asentado como parte del voto particular que me proponía yo así establecer”, expuso Francisco Javier Acuña, presidente del INAI.
El formato de la declaración patrimonial y de intereses fue aprobado en septiembre del año pasado y se estableció que entraría en vigor a más tardar el pasado 1 de mayo; sin embargo, el 8 de abril, a propuesta de la Secretaría de la Función Pública, el Comité acordó aplazar su entrada en vigor para hacerle adecuaciones.