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Columnas: Columna huésped

El Coneval y la medición que viene

/ 23 de julio, 2019 / MARIO LUIS FUENTES

Un Consejo fortalecido le dará al Estado información y evaluaciones para mejorar las políticas y los programas públicos.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es un órgano constitucional autónomo que tiene, entre sus mandatos más relevantes, la medición oficial de la pobreza. Su creación obedece a una discusión histórica, promovida por académicos, expertos y también por los partidos políticos, dirigida a garantizar que México pudiera contar con datos confiables respecto de los avances, estancamientos o retrocesos en materia de combate a la pobreza.
No debe olvidarse que en la década de los 90, uno de los debates de mayor calado estuvo dirigido a evitar el uso perverso de los datos relativos a la pobreza, para “acreditar” la eficacia de un estilo de gobernar. Desde esa perspectiva, hubo intensas discusiones e investigaciones académicas tendientes a construir un consenso en torno a una definición común sobre qué es y cómo puede medirse la pobreza en México.
En esa lógica, uno de los mayores aciertos en el diseño institucional del país fue la construcción de un Consejo, integrado por investigadoras e investigadores de instituciones de educación superior públicas y privadas, quienes, sin convertirse en funcionarios públicos, fuesen responsables de construir un método robusto, confiable, estable en el tiempo, para estimar el número de personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social en el país.
Es destacable que, a partir de la existencia del Coneval, la discusión pública en esta materia dejó de estar centrada en la confiabilidad de los datos, para dirigirse al debate sobre cuáles son las políticas más apropiadas para la erradicación de la pobreza, objetivo que, no debe olvidarse, debe ser alcanzado en el año 2030, de acuerdo con lo establecido en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
En el camino no han dejado de existir altibajos; así ocurrió cuando en la administración pasada, se promovió la llamada “Cartilla del bienestar”, con el propósito de elevar artificialmente el número de personas con acceso a bienes y recursos, lo cual, se esperaba, permitiera acreditar “importantes avances” en la reducción de la pobreza en México.
Adicionalmente, de manera sorpresiva, en 2015 hubo una decisión unilateral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de modificar el operativo de campo mediante el cual se levantó el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (MCS-ENIGH, 2016).
Frente a ello, debe recordarse, fue la posición crítica de la comunidad de expertos, pero también del Coneval, la que obligó a una revisión de ese ejercicio y a un diálogo entre ambas instituciones, a fin de garantizar la credibilidad y solidez de la información relativa al nivel de ingresos de las personas.
El próximo 30 de julio, el Inegi dará a conocer los resultados de la ENIGH, 2018, y con base en ellos, el 11 de agosto, el Coneval publicará la medición multidimensional de la pobreza.
Estos datos deberían generar dos consecuencias: en primer lugar, un debate nacional incluyente, democrático, en torno a las políticas que deben implementarse en el país para reducir la desigualdad, erradicar la pobreza y abatir la marginación; para crecer con equidad y para reconvertir a nuestra economía en una capaz de generar los empleos dignos que la población requiere y a los cuales tiene derecho.
Y en segundo término, debe abrir la discusión en torno a lo que es la pobreza, y a los estándares que hemos asumido desde que se creó la Ley General de Desarrollo Social en el año 2004: debemos ser capaces de elevar los umbrales con base en los cuales las personas son consideradas como pobres; y modificar los criterios con base en los cuales se determinan los niveles de vulnerabilidad social.
Pensar en la llamada “Cuarta Transformación” implica, desde esta perspectiva, contar con un Coneval fortalecido, con más recursos, con más capacidades y con más instrumentos para darle al Estado mexicano información y evaluaciones para mejorar las políticas y programas públicos, para incrementar su eficacia y para garantizar que en todas las decisiones institucionales, efectivamente estén primero los pobres.