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Columnas: A juicio de Amparo

Mano negra

/ 10 de octubre, 2019 / MARÍA AMPARO CASAR

No son ninguna novedad en nuestro país los actos vandálicos cometidos en marchas de grupos peticionarios o de aquellos que conmemoran sucesos que han marcado la historia de México por omisión o acción de la fuerza pública y de las instancias de procuración y administración de justicia.

Desde hace décadas, desde 1968, con algunas excepciones, los sucesivos gobiernos han faltado a su tarea de mantener el orden público y de resguardar los derechos de miles de ciudadanos para que no se les tilde de represores. El derecho al libre tránsito es interrumpido de manera cotidiana; la propiedad privada cuando hay manifestaciones no se protege y la reparación del daño no se hace realidad; el patrimonio de la nación es destruido sin consecuencias.

La novedad es que lo que antes eran expresiones espontáneas y legítimas del pueblo, ahora son expresiones vandálicas perpetradas no por anarquistas –de izquierda y con valores e ideales profundos–, sino por conservadores y simples provocadores. En 2014, cuando algunos grupos que protestaban por Ayotzinapa quemaron la puerta de Palacio Nacional no hubo pronunciamiento condenatorio alguno. Hoy sí. Los policías que hoy protestan por no querer ser incorporados a la Guardia Nacional en las condiciones ofrecidas, no tienen representatividad, son acusados de ser un cuerpo corrupto, una “corporación echada a perder” que quieren politizar el asunto. Antes no, antes eran pueblo. Hoy son, de acuerdo al titular del Instituto Nacional de Migración, fifís acostumbrados a dormir en hoteles y comer buffet. Las mujeres que defienden sus derechos en la calle, ahora son provocadoras. Antes, sus reclamos eran legítimos. Los taxistas que paralizaron el lunes la CDMX sólo representan el 0.4 de ese sector y “están enojados por las acciones anticorrupción de su gobierno” (Claudia Sheinbaum).

Y todo esto sólo en la capital que siempre reclama mayor atención. Las marchas violentas son un mal nacional.

La justificación es que, en palabras de López Obrador, detrás de cada protesta contra López Obrador “hay mano negra”. No sé si antes no la había porque López Obrador era oposición y hoy que está en el poder sí la hay porque nadie en su sano juicio debería protestar contra su proyecto.

Lo que sí sé es que el debate no debe ser sobre el origen de las manifestaciones y de los manifestantes. Ni siquiera sobre las demandas que muchas veces son legítimas y el gobierno debe atenderlas. El problema es que los gobiernos anteriores y el actual son iguales en esta materia: ni los del PRI y el PAN ni los de Morena han asumido su tarea de controlar manifestaciones que, o bien, se tornan violentas, o bien afectan los derechos de la mayoría de los ciudadanos. También son iguales en resolver muchas de ellas a través de dinero como ha quedado claro en el caso de la CNTE.

Gobernar no es solamente repartir dinero y hacer consultas fachada para legitimar decisiones tomadas de antemano, es también recurrir al uso legítimo de la fuerza para preservar el orden público. Esa tarea, el uso legítimo y, agreguemos, proporcional de la fuerza viene con el cargo.

La premisa de “diálogo versus represión” es una tomadura de pelo. Del lado de los grupos que vandalizan o que saben que por la vía de los bloqueos el gobierno cederá, no están dispuestos al diálogo: ni lo piden, ni lo quieren.

Del lado del gobierno, equiparar la garantía del orden público con represión no ha servido más que para alentar más manifestaciones violentas que afectan la economía y el bienestar ciudadano: la gente sin poder llegar a su trabajo, los niños sin poder asistir a la escuela, los comerciantes cerrando sus negocios, la contaminación a tope. No corresponde a los ciudadanos asumir esta tarea con iniciativas como el “cinturón de paz”. Es una obligación y una tarea indelegable del Estado mexicano.

A ello agregue usted la filosofía del nuevo gobierno de que el Ejército y la policía deben aguantar y no “reprimir” con la consecuente pérdida de legitimidad, dignidad y vidas de los elementos que conforman a esas corporaciones hoy agrupadas en la Guardia Nacional.

Nadie en México pide represión. Lo que piden los ciudadanos es el resguardo de sus derechos. Eso es lo que se exige: el uso legítimo y proporcional de la fuerza.