La Fundación Nacional del Indígena (Funai), órgano gubernamental que “coordina y ejecuta la política indigenista” en Brasil, se está apartando de sus atribuciones legales para asumir un nuevo papel: el de mediadora en los desarrollos de minería en tierras indígenas (TIS). La información fue obtenida por la Agência Pública con uno de los integrantes del grupo técnico interministerial que discute la minuta del nuevo proyecto de minería y confirmada con dos fuentes más. El funcionario pidió no ser identificado.
La legalización de las minas y de las empresas mineras es parte de una ofensiva gubernamental y legislativa, patrocinada por la bancada ruralista en el Congreso, con la finalidad de abrir las TIS a desarrollos privados a través de un cambio constitucional, que tramitan a ritmo acelerado.
La propuesta original es del gobierno anterior, de Michel Temer, que prevía solo la participación de las empresas mineras. Al desengavetar el proyecto, el presidente Jair Bolsonaro puso la regulación de las minas clandestinascomo prioridad.
Sin recursos y con sus cargos de dirección ocupados por la extrema derecha ligada al ruralismo, la Funai es el retrato de la fragilidad en la protección a los indígenas. Su nuevo papel en la apertura de las TIS para minería está siendo definido en las discusiones del grupo de trabajo interministerial formado por los ministerios de Minas y Energía, Justicia, Medio Ambiente, Agricultura, Planificación y Secretaría General de la Presidencia de la República.
El esbozo del proyecto será encaminado al Congreso probablemente en septiembre por la Casa Civil del Palacio del Planalto.
El grupo tiene 30 técnicos que se reúnen periódicamente en el Palacio de Planalto desde el inicio de julio. La Funai solo comenzó a participar en esos encuentros después de que el Congreso derogó parte de la MP 870, obligando al gobierno a retirar competencias de la estructura del Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos y devolverlas al Ministerio de Justicia, a quien la Funai está vinculada desde 1967, cuando fue creada.
Uno de los integrantes del grupo de trabajo, que pidió no divulgar su nombre, relató a la Agência Pública los puntos más importantes que deben ser parte del proyecto.
Para driblar a la legislación —basada en la convención 169 de la OIT— que obliga a consultar a las comunidades indígenas, el proyecto incluiría una brecha para que, en los casos de recusación, el gobierno pueda autorizar unilateralmente los desarrollos bajo la justificativa de intereses estratégicos nacionales. Los proyectos, uno por uno, tendrían que pasar por el tamiz del Congreso.
Las cuestiones centrales en discusión pasan por la definición de la forma de exploración económica y de captación de las regalías como compensación financiera a las comunidades indígenas. Es ahí que se inserta el papel de la Funai, que mantendría su atribución de tutora ya prevista en la ley, pero haría una mediación más intensa entre las etnias y los desarrollos, siempre según la misma fuente.