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Columnas: MOTIVOS DE ALARMA

MOTIVOS DE ALARMA

/ 20 de octubre, 2019 / MARÍA AMPARO CASAR

Debiera preocuparnos lo que
está sucediendo a través de
reformas constitucionales,
cambios legales o la simple emisión
de reglamentos, circulares o decretos.
Quizá no estemos reparando en ello
porque el torrente de acontecimientos
y la frenética actividad presidencial
no admite un análisis y debate a fondo
de cada asunto, porque la vorágine
permite el paso de “bolas rápidas” y
porque la oposición no es oposición. Si
se mira cada una de estas reformas de
forma aislada, quizá no se aprecien sus
consecuencias, pero vistas en conjunto
hay motivo de alarma.
Las consecuencias de estos cambios
legales o reglamentarios están
dando al traste con la protección mínima
de algunos derechos fundamentales
frente a actos de autoridad que
los lesionan. Dejan a los individuos en
estado de indefensión.
Este es un ejercicio de simple enumeración
de algunos de ellos.
1. La Ley de Extinción de Dominio.
Se refiere a la pérdida de los derechos
de una persona en relación a los bienes
cuya legítima procedencia no pueda
acreditarse y que se juzguen producto
de ilícitos. Suena bien, pero lo que
hace la ley es dar carta blanca para que
el Estado, sin que exista sentencia en
firme que pruebe que dichos bienes
son de origen ilícito, disponga de ellos.
Si no entiendo mal, esto violenta la
presunción de inocencia y el respeto a
la propiedad privada.
2. Ampliación de delitos graves,
o sea, aquellos que merecen prisión
preventiva oficiosa. Se incluyen entre
otros, el uso electoral de programas
sociales, el enriquecimiento ilícito y el
ejercicio abusivo de funciones, pero
también hay otros que, bajo el sistema
de justicia actual, acabarán encarcelando
a los más pobres.
3. Reformas al Código Fiscal de
la Federación y Ley de Delincuencia
Organizada para equiparar el fraude
fiscal al crimen organizado. Es
indispensable perseguir y castigar a las
factureras que amparan operaciones
simuladas. Pero las modificaciones
propuestas también están dirigidas
a clasificar como integrantes de la
delincuencia organizada a empresas
y personas que cometan fraude fiscal
con la consecuente prisión preventiva,
congelamiento de cuentas y extinción
de dominio. Incluso, queda abierta la
puerta para criminalizar a contribuyentes
que, sin dolo, cometan errores
en su declaración fiscal.
Estas tres primeras leyes punitivas
violan los derechos fundamentales
por donde se les mire: te presumo
culpable, te acuso, te mando a prisión,
te congelo tus cuentas y remato tus
bienes.
4. La Ley de Austeridad Republicana.
Los altos funcionarios públicos,
una vez separados de sus cargos,
estarán impedidos durante 10 años
para ocupar posiciones en empresas
a las que hayan supervisado, regulado
o respecto de las cuales hayan tenido
información privilegiada. Con ello se
viola la libertad de trabajo.
5. Otra vez la Ley de Austeridad
Republicana. Los ahorros generados
por las medidas de austeridad podrán
aplicarse “al destino, que por decreto
determine el titular”. ¿Y los diputados
que representan a los ciudadanos y
tienen la facultad de decidir el destino
del gasto, están pintados?
6. La Ley de Remuneraciones de
los Funcionarios Públicos. Impone una
“carga desproporcionada a los servidores
públicos quienes, incluso sin ser
conocedores de cualquier pago excedente
que pudiera llegarse a presentar,
son susceptibles de ser responsables
penalmente por el delito de remuneración
ilícita”.
7. Petición del gobierno federal para
que las líneas de autotransporte exijan
documento de identificación para
poder adquirir sus boletos de viaje.
8. Ley de la Guardia Nacional.
Faculta al Presidente para decidir en
cualquier momento y de manera arbitraria
cuándo existe una situación que
“compromete la seguridad nacional”
y establece que la información que
se desprenda de estas decisiones sea
clasificada como confidencial.
Lo que está ocurriendo es alarmante,
pero más alarmante es la pasividad
frente a esta película que pasa frente a
los ojos de todos y que, salvo algunas
instituciones, particularmente la
CNDH, no denuncian. ¿Qué pasa con
actores claves que saben bien de las
consecuencias de estas reformas u órdenes
ejecutivas y no se pronuncian?
Y todo esto, solamente a nivel normativo,
esto es, sin considerar la forma
discrecional en que se sigue ejerciendo
el poder en los casos de procuración y
administración de justicia.