CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Fiscalía General de la República (FGR) deberá disculparse por omisiones cometidas al indagar las fosas halladas en 2011 en San Fernando, Tamaulipas, indicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Además, le pidió localizar a los familiares de los 196 migrantes y se les reconozca como víctimas al interior de la averiguación previa, para que se les garantice participar en las investigaciones del caso.
Este organismo emitió la Recomendación por Violaciones Graves 23VG/2019, por violaciones al acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la verdad, en agravio de las 196 migrantes que fueron localizadas en 48 fosas clandestinas.
“(A la FGR) se le pide ofrecer su respectiva disculpa pública institucional, partiendo del reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades por las violaciones a derechos humanos en agravio de las víctimas indirectas de las personas halladas en esas fosas clandestinas”, indicó la CNDH.
El organismo señaló que la Procuraduría de Tamaulipas también fue responsable por las violaciones graves cometidas en el caso cuando ocurrió en el 2011, por lo que pidió capacitar a las peritos sobre el procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos.
Al informar sobre la emisión de la recomendación, la CNDH acusó a la otrora Procuraduría General de la República (PGR) de obstruir su investigación, pues sus funcionarios y personal ministerial no permitieron el acceso íntegro a la indagatoria y rindieron informes incompletos.
De los más de 200 tomos que integran la indagatoria oficial, la CNDH sólo pudo consultar 159 tomos, parcialmente.
Recientemente, en el mes de agosto, los familiares de las víctimas de la masacre de 72 migrantes de San Fernando recibieron, en discos compactos, la primera parte del expediente del caso, proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Fue la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), quien representa legalmente a 11 de las personas asesinadas en 2010, la que confirmó la entrega.
En ese momento, los comités de familiares de migrantes desaparecidos y ejecutados, organizaciones en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, y las familias de Brasil, celebraron este primer paso, con miras a continuar la exigencia de búsqueda, verdad, justicia y reparación, para la población migrante que ha sido víctima de graves violaciones a derechos humanos en México.
Sin embargo, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) sostiene que no hay evidencia de que alguno de los detenidos presuntos responsables ha sido sentenciado por los asesinatos.